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Categoría: opinion

• Por José Carlos Ortega Sandoval
• Coordinador de Evolución Mexicana en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., 7 de diciembre de 2014.- (aguzados.com).- En México actualmente como sociedad y gobierno vivimos tiempos difíciles, la reciente desaparición de 43 jóvenes normalistas del estado de Guerrero y los temas de seguridad, así como de desarrollo social, han generado turbulencia política e inconformidad ciudadana.

La protesta y la crítica de la oposición se han manifestado; sin embargo no se han señalado los puntos de solución ante la problemática y la ignorancia de las mayorías.

Con el inicio de las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y las entidades federativas harán uso de sus atribuciones previstas en la Legipe para llevar a cabo las elecciones que renovarán la totalidad de 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y 16 jefaturas delegaciones en el DF.

El proceso se ha iniciado y con ello, algunos funcionarios han hecho labor de proselitismo como en el municipio de Aguascalientes con el secretario Jorge López y sus espectaculares en la revista Líder Empresarial.

Es cuando la sociedad debe valorar estas acciones así como las propuestas de los candidatos en su momento y votar con conocimiento.

Los partidos deben hacer valer su institucionalidad así como el respeto a la ley electoral y no que se sirvan de la estructura del gobierno.

La gestión social es carta de presentación de los políticos y el trabajo en estructuras debe reflejar la institucionalidad de los partidos en una política adecuada.

Probablemente en las próximas elecciones veremos nuevamente la guerra sucia para ganar los espacios.

Contamos actualmente con una oposición más preocupada en mantener su posición que en generar la apertura a la participación ciudadana.

Ante la reciente modificación de los artículos 11 y 73 de la Constitución por parte de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nacional (PANAL), a lo cual la izquierda consideró se coartaba la libertad de expresión de la ciudadanía.

Sin duda la manifestación ha sido una estrategia política de la izquierda sin embargo habrá que valorar también los espacios ciudadanos dentro de sus partidos.

El PAN en materia de acuerdos legislativos ha negociado algunas leyes con el PRI pero en lo electoral se han mantenido como oposición política.

Hasta el momento no hay legislación alguna que prohíba la libre manifestación o marcha en México.

Sin embargo, en los últimos años han existido intentos legislativos para regular las marchas, alegando que cuando la libertad de tránsito se afecta por las manifestaciones que obstruyen la vía pública, se está incurriendo en una limitación a los derechos de muchos.

Como ciudadanos ¿qué tipo de política queremos? ¿La de la manifestación en las calles o la de la participación política en los espacios de partido?

La libertad de expresión se fortalece con el conocimiento y sobre la manifestación también podremos proponer la coordinación de esfuerzos ya sea desde la sociedad civil o en las estructuras políticas.

Es aquí donde como ciudadanos debemos dar un paso contundente en lugar, incluso, del abstencionismo electoral.

Creo firmemente que para generar una sociedad del conocimiento se debe contar con el apoyo de la responsabilidad social de la educación, así como del profesionalismo de los medios de comunicación.

Según el primer índice de Cultura de la Legalidad, realizado por México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) entre el treinta de mayo y el ocho de junio de 2014, México obtuvo una calificación promedio de 5.5 en una escala de diez.

La encuesta, que evaluó el aprecio y valoración, la percepción y la práctica de la Cultura de la Legalidad reveló que las personas entre 18 y 49 años con mayor preparación académica son las que más la promueven, pues obtuvieron en promedio un 5.6, en contraste con las personas de 50 años y más con un 5.5.

Por este motivo, la educación representa una fortaleza para una mejor participación ciudadana de cara a las campañas electorales.

Es cuando como sociedad ante los informes de gobierno, debemos evaluar con criterio y decidir libremente.

El INE tiene ante sí inmensos desafíos: de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2013, sólo 37 por ciento de la ciudadanía apoya a la democracia; mientras que prácticamente 50 por ciento de la población declara que estaría dispuesta a ceder libertades a cambio de mayores niveles de bienestar.

La democracia en México está severamente cuestionada.

La ciudadanía cree cada vez menos en las instituciones y desconfía severamente de la honestidad y de la capacidad de quienes gobiernan, de manera tal que hoy la mayoría de quienes tienen más de 18 años de edad, considera que da lo mismo tener un gobierno autoritario que uno democrático.

Sin embargo las instituciones y la participación ciudadana son la medula espinal del sistema democrático para la formación y representatividad de otra manera contaremos con una oligarquía o peor, la anarquía.

La vida en democracia solo puede mantenerse en un proceso de continua construcción.

Tenemos la oportunidad de involucrar a la población en la implementación de las políticas públicas, para ello debemos ampliar los tiempos y espacios para el ejercicio de la democracia.

No pasemos por alto la brecha que hay entre lo que se anuncia como política y lo que se ejecuta.

Cuando las políticas puestas en marcha no son ejecutadas de manera efectiva, la ciudadanía se decepciona.

Mejorar la implementabilidad de las políticas involucrando a la población en esta etapa puede fortalecer la credibilidad del gobierno, incrementar el bienestar de los ciudadanos y mejorar la satisfacción en general con la democracia que se traduce en mayor índice de votación.

Nos permite crear mayores espacios de diálogo mejorando la relación entre autoridad y ciudadanía para continuar construyendo la democracia.

De esa manera, también establecer nuevas prácticas y parámetros de acceso de la información, de rendición de cuentas y de transparencia.

En la medida en que logremos esfuerzos más coordinados como ciudadanía y partidos así como entre los diversos poderes y órdenes de gobierno, el desarrollo del país será más acelerado, más profundo y más equilibrado.

Necesitamos un federalismo articulado, en el que los esfuerzos locales se articulen de manera positiva y propositiva con el gobierno federal.

El principal reto para la democracia en México y en cualquier parte del mundo es mantener la voluntad de conocer y no quedarse en cuestiones poco significativas, sino abordar las grandes problemáticas sociales.

Las ciencias sociales hoy no pueden cumplir su papel como antes, porque la actitud que tomen en la crítica de la sociedad contemporánea debe ser distinta a la forma de fundamentar lo que se dice.

Necesitamos una democracia donde la política sea incluyente en el tema social más que el debate solo de partidos e ideología.

Debemos superar el discurso de los de arriba y los de abajo; los incluidos y los excluidos; los poderosos y los que carecen de poder; los dominadores y los dominados y donde las instituciones sean incluyentes para la sociedad en congruencia con la soberanía nacional pero esto solo lo podremos lograr con una ciudadanía informada y participativa.

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Columna de Mezquite

Lic. Guillermo Macías y Díaz Infante

Aguascalientes, Ags, 21 de octubre 2014.- (aguzados.com).- Ha calado hondamente a todo lo largo y ancho del país lo acontecido en Iguala con la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes a manos de la policía, hecho del cual pronto se cumplirá un mes y del que no hay resultados en cuanto a la localización de los cuerpos (siendo ya presumible casi con certeza que los estudiantes fueron asesinados).

A diario hay hechos violentos en México, sobre todo los relacionados con el crimen organizado, dado el clima de inseguridad generalizado que prevalece en el país, pero el cometido en Iguala cimbró a la nación en todos sus ámbitos, a la clase política, a la presidencia misma, por ser un crimen de estado, un asesinato masivo en el que participó la fuerza del estado y al parecer de una manera por demás sanguinaria, cruel, inaudita si es que como ha sostenido el padre Solalinde, fueron quemados y tal vez quemados vivos. Un crimen de lesa humanidad.

La trascendencia de este acto excecrable es grave. El país se puede incendiar en cualquier momento. Los agravios acumulados son muchos y Ayotzinapa puede ser la mecha que encienda el polvorín. De los resultados que se obtengan de la investigación que realiza el gobierno y del tino con que éste maneje su presentación dependerá en gran medida lo que acontezca en el país en los próximos días, semanas y meses.

¿Cómo es posible que a casi cuatro semanas de la desaparición de los normalistas, no hayan sido localizados los cuerpos, si hay ya al menos cincuenta detenidos como presuntos partícipes en la desaparición? ¿Ninguno de esos cincuenta individuos ha declarado qué hicieron con los estudiantes y a dónde los llevaron? Esta incertidumbre está generando una bomba de tiempo en el país y está mostrando una ineptitud de las instituciones para resolver el asunto, pues no logran penetrar en las redes criminales que fraguaron y consumaron este asesinato masivo que sin duda marcará gravemente la historia de México y a partir de esa penetración desentrañar la verdad de lo acontecido y sobre todo, los niveles de penetración criminal en el gobierno mismo.

Al parecer los criminales (policías y sicarios) detenidos, han inclusive burlado a la autoridad con información falsa sobre el lugar del crimen o de los entierros clandestinos, enviando a los investigadores a otras fosas –escenarios de otros crímenes múltiples- fosas que son parte del cementerio clandestino en que están convertidos los cerros de los alrededores de Iguala.

El crimen en sí mismo –un crimen en que se involucra el estado mismo-, la falta de resultados de la investigación y la desesperación de los familiares y de los demás estudiantes compañeros de los desaparecidos, está generando en México un coctel explosivo de alcances incalculables por el momento.

La conciencia nacional ha entrado en crisis. La nación se sabe agraviada, pero al mismo tiempo se siente responsable de un no hacer y solapar un sistema ineficiente y corrupto.

Se han realizado ya en todo el país manifestaciones masivas, todas integradas por miles de personas, para repudiar el crimen y exigir la resolución del caso y se realizarán más, habiéndose convocado para el próximo miércoles una gran protesta estudiantil a nivel nacional. Pero no sólo son manifestaciones; ya hay actos de violencia –fue incendiado el Palacio de Gobierno de Guerrero-, cierres de carreteras, secuestro de vehículos de carga y de reparto de mercancías de grandes empresas, toma de radiodifusoras, toma de alcaldías de los pueblos de Guerrero y se amenaza con la toma de aeropuertos e instalaciones públicas. En Michoacán resurgen las autodefensas. A nivel internacional la manifestación ya es fuerte y la noticia se expande por todos los rumbos del mundo, afectando gravemente la imagen de México y desde luego la del gobierno.

La solución del asunto se estima difícil. La penetración misma del crimen organizado en las esferas del poder, dificultará el esclarecimiento de los hechos. Llegar a la verdad se antoja casi imposible y si se llegara a ella, hay que considerar que existe en México una gravísima situación de falta de credibilidad en las instituciones.

La inconformidad va en escalada y los motivos de ella se van a ir juntando. No sólo será el crimen de Iguala en sí mismo, sino la suma de los agravios acumulados lo que podrá desencadenar una explosión generalizada.

Ante una explosión de inconformidad social la turbulencia alcanza todos los ámbitos, todos los niveles, todos los rumbos y todas las instituciones. Vendría una situación de caos absoluto, dado que los grupos de interés, las ideologías y los actores que entrarían en conflicto serían muchos y muy diversos. Se pulverizaría el conflicto en manos de muchos grupos y alcanzar un entendimiento, una pacificación y una reconstitución del país sería algo que se antoja de la mayor complejidad, de la mayor dificultad para que la nación alcanzara una estabilidad y tranquilidad hace mucho perdidas y un nuevo rumbo como resultado del proceso de transformación.

Estas situaciones forman una de las vertientes de las posibles consecuencias de Ayotzinapa. La explosión del país en razón de una profunda crisis de conciencia.

Sin embargo sería una explosión difícil de extinguir, dado que como parte de los ingredientes de la explosión estarían la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado que a través de muchas actividades delictivas mantiene la ley del terror en todo el territorio nacional. ¿Cómo saber en un conflicto de éste alcances, quiénes están en cuál bando? ¿Cómo regenerar el tejido social y cómo curar las instituciones? ¿Cómo extirpar el cáncer social de la indolencia y negligencia cívica, de la corrupción y de la criminalidad?

La otra vertiente es la conformidad, la sacudida de modorra social durante unos días o semanas y la vuelta al desinterés público, vertiente en la que se darán más casos como el de Ayotzinapa y como todos los que acontecen a diario en el país, casos en los que tal vez uno de nosotros sea la víctima y entonces no podamos más que alzar la voz desde el sepulcro o que la víctima lo sea alguno de los nuestros y entonces volvamos a rasgarnos las vestiduras en una espiral de indolencia sin fin.

Un gobierno que mata y quema a sus jóvenes ciudadanos, solapado por la indolencia y negligencia del pueblo mismo, se inscribe en libro de los regímenes criminales de la historia del mundo. El crimen de Iguala es responsabilidad de todos los mexicanos. Asumamos nuestra responsabilidad.

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Categoría: opinion

• Columna de Mezquite

Lic. Guillermo Macías y Díaz Infante

Todo el país está en efervescencia y en algunas partes arde ya. Las manifestaciones a partir de la desaparición de los cuarenta y tres no cesan sino se mantienen y multiplican. La inconformidad se manifiesta en todos los rincones del país. 43 se ha vuelto ya un ícono.

Hay tres factores a considerar en los eventos de los últimos días. A) La continuidad de las manifestaciones, su frecuencia y su carácter multitudinario; B) La actitud del gobierno y de otros factores de poder y C) Los objetivos de este fenómeno de crisis de conciencia en el país, que no acontecía desde 1968.

Empezamos por el punto A).

¿Cuál es la causa de las manifestaciones que ya a diario se realizan multitudinariamente en el país?

Este fenómeno de manifestaciones públicas que se están sucediendo a diario en las calles de las ciudades y ahora, en los tiempos modernos, también en las calles de las redes sociales, se ha ido avivando y expandiendo, ello de manera contraria a lo que pudiera haberse pensado en un principio: que se iría poco a poco apagando, extinguiendo y se ha convertido ya en una crisis de conciencia, no vista en México desde 1968.

La continuidad y el incremento de las manifestaciones y lo numeroso de los manifestantes se debe a que el motivo ya va mucho más allá de Ayotzinapa. Un evento como el incalificable crimen de estado, cometido a través de la policía de Iguala, ha generado la crispación social y se ha convertido en un imán que atrae todo tipo de inconformidades acumuladas. Se suman inconformidades y se suman los agraviados.

La protesta pasa de la manifestación de inconformidad a la convicción de la necesidad de cambio y se empieza a gestar la sustitución del estado de cosas, de un estado de cosas enfermo y sin posibilidad de cura, por uno totalmente nuevo y sano. El camino y los costos son en este momento impredecibles.

A partir del crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa, causa generadora de la crisis en la que se encuentra México, tenemos que considerar de manera incontestable que ya hay un común denominador en las protestas: el clamor, el grito social ya es contra la infiltración criminal en el gobierno.

La gente ha salido ya a las calles a rechazar esa infiltración criminal que en un primer plano provoca inseguridad, violencia, intranquilidad, corrupción e impunidad, y que un subsecuentes planos genera efectos negativos de todo tipo, consistentes en graves daños en los ámbitos de lo social, lo económico y lo gubernativo. La gente tiene miedo; hay miedo en la vía pública, en las casas, en las escuelas, en los centros de trabajo y en los negocios. La presencia cercana de un policía se ha convertido en causa de temor. En México ya no se vive con tranquilidad pues la criminalidad ha infiltrado todos los ámbitos del gobierno. La ley que se va imponiendo es la dictada por los criminales; las armas de fuego de los criminales imponen el miedo, el terror, que es la ley bajo la que ya viven el pueblo y el gobierno.

A ese común denominador de la protesta contra la infiltración criminal en el gobierno y sus consecuencias, se agregan muchas otras causas, todas inconformidades contra el gobierno y gobernantes. Hoy por hoy el nivel de explosividad es altísimo. El clamor popular es irrefrenable.

Vamos ahora al punto B).

La imprudencia, la falta de sensibilidad ante el clamor social y la prepotencia empiezan a aparecer en algunos sectores del gobierno y en las cúpulas económicas.

El Presidente amenaza con el uso de la fuerza. Al regresar de su gira por China y por Australia, en el aeropuerto mismo Peña anticipó el uso de la fuerza contra las manifestaciones sociales. Sin duda esta es una desatinada declaración del Presidente, la cual revela una visión totalmente errónea de las circunstancias presentes por las que atraviesa el país (el pueblo está agraviado por el actuar del gobierno; no es al pueblo al que hay que todavía hay que echarle encima la fuerza del estado), siendo tal declaración también una muestra de temor del gobierno ante la escalada de la protesta social. Echarse encima del pueblo con las armas, no solucionará nada, sino que por el contrario, desatará un conflicto de proporciones generalizadas.

Días antes, el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, quien había mostrado tacto político en su actuar, cayó en la tentación de la arbitrariedad al equivocar la mira del escenario: ofreció garantías de seguridad a los empresarios (una amenaza de fuerza contra manifestantes), cuando lo que se debe ofrecer es seguridad a un pueblo agraviado por un crimen de estado (hecho que por cierto quedará inscrito en las páginas de la historia del mundo, como uno de los graves crímenes de los cometidos por gobiernos en agravio de sus pueblos); Osorio equivocó la visión: dio preponderancia a los intereses económicos de los grandes empresarios, por encima del reclamo nacional que es poner un alto tajante a la ley del terror que ha impuesto el crimen organizado por encima y a través de las instituciones de gobierno.

Los empresarios pidieron mano dura. Esta es una pretensión estúpida por inoportuna y más que esto, por desatinada y contraria a la solución de la problemática que se está manifestando a todo lo largo y ancho del país, pero es una posición empresarial reveladora de una enorme falta de conciencia social, de una negligente falta de responsabilidad por el interés público y de un menosprecio absoluto a las condiciones y circunstancias que están alimentando las manifestaciones y protestas, las que ya no llevan dentro de sí nada más el caso Ayotzinapa, sino que ya están impulsadas por un sentimiento interior de inconformidad acumulado.

El gobierno envió a los cuerpos de policía al interior de la UNAM a pretender capturar estudiantes que defendieron a dos compañeros agredidos –uno de ellos herido de bala- por unos elementos de policía vestidos de civil, agresión derivada del reclamo de los estudiantes a la presencia prepotente de elementos del gobierno –agente del Ministerio Público, dos peritos, abogados y agentes armados- quienes seguían de cerca la reunión de estudiantes en un auditorio de la Universidad, seguimiento bajo el risible pretexto de que “investigaban el robo de un teléfono celular”. La reacción de rechazo de los universitarios a los cuerpos policiacos fue fulgurante y tajante. La convocatoria estudiantil para concentrarse en la ciudad universitaria para manifestar el rechazo a estos nuevos hechos de fuerza, mostró una efectividad y rapidez impresionantes. El Rector tuvo que salir a pronunciar un discurso de contención y el gobierno del Distrito Federal tuvo que pedir disculpas a la comunidad estudiantil.

No obstante todas las anteriores alusiones al uso de la fuerza, el gobierno federal ha dado una instrucción tajante: en ninguna manifestación, pase lo que pase, intervendrán las fuerzas federales, ni en los estados con gobiernos del PRI intervendrán las fuerzas locales. Salvo que hubiera muertos, intervendrán a petición de la sociedad misma. Vaya, que si el riesgo de explosividad está considerado como altísimo. 

Los estudiantes, como motor de la protesta y factor real de poder, están diciendo ¡Basta! Cada estudiante dice: “Ya me cansé”. Ese hartazgo y cansancio, aunque han vivido poco, son muy jóvenes, muestran la inconformidad con un presente sin futuro.

La Iglesia, o más bien sus jerarcas, acomodaticios como siempre a lo largo de la historia, dando bandazos ya coquetean con las ideas de quienes protestan y del gobierno mismo. Lamentablemente son un factor real de poder por lo que  habrán de seguir pesando en la historia del país. Ojalá hubiera curas como Hidalgo y Morelos.

Terminamos refiriéndonos al punto C).

Apuntamos arriba que hay un común denominador ya en la inconformidad nacional que se manifiesta con fuerza en todo el país, inclusive en algunos lugares con violencia. El objetivo del rechazo popular es la infiltración criminal en las policías, en las instituciones de fuerza armada y en el gobierno en general, infiltración que acarrea, como ya lo comentamos, un estado de miedo.

Si las manifestaciones no pasan de ser tales expresiones, aún violentas en algunos casos, en el país no va a pasar nada y todo seguirá igual.

Por ahora, las manifestaciones van sin orden y sin rumbo. Son la pura expresión de la inconformidad con su sistema caduco. Es necesario por ende darle un contenido y un objetivo a esta enorme fuerza de protesta social. Hay que darle por lo pronto una ideología a la espontánea expresión popular. Una ideología y objetivos en los que quepan todos los mexicanos que quieran acabar con la infiltración criminal en el gobierno. Otros aspectos ideológicos vendrían después para consensar un nuevo proyecto de país para todos.

Se requiere por tanto adicionar a la protesta los objetivos, las acciones para forzar a la depuración del sistema gubernativo. El cambio del país debe empezar por ahí, sin mayores pretensiones. Sin erradicar la infiltración criminal que produce corrupción y miedo, ninguna otra acción podrá tener efectos positivos. Por lo tanto, se requiere que la sociedad se organice para exigir, para imponer las medidas para el combate a la infiltración criminal. No es tarea fácil y puede llevar tiempo, pero sin que esto se realice y tenga resultados positivos, el país seguirá siendo dominado por la ley de las balas de la criminalidad.

El proyecto de una propuesta para dicha transformación será materia de otro apunte.

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Columna de Mezquite

(Primera parte)

Lic. Guillermo Macías y Díaz Infante

Aguascalientes, 17 de octubre 2014.- (aguzados.com).- Las causas, el significado y la trascendencia de asunto de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos (más los muertos y heridos) de la normal rural de Ayotzinapa es un hecho sin precedente en la historia de México, dado el contubernio entre el gobierno y el crimen organizado… y la sociedad misma. Este acontecimiento es la muestra de la podredumbre del sistema mexicano; es la muestra de la corrupción de la sociedad mexicana.

Es vergonzoso reconocerlo y más tener que reconocerlo ante el mundo, pero es la verdad: lo acontecido en Iguala (cuna de la consumación de independencia, y por ende ciudad símbolo de la libertad) es una muestra de lo que es la nación, una sociedad cívicamente corrompida de manera generalizada, al grado de estar carcomida por el cáncer de la corrupción propagada en todos los estratos y esclavizada por criminalidad que la domina, sociedad que tiene un gobierno integrado en todos sus niveles, en todos los ámbitos y en todas las regiones, por ambiciosos del poder que se dedican a saquear al país y que lo que menos les importa es gobernar para el bien de la comunidad; acceder al poder para beneficio propio, usufructuando el poder a costa de lo que sea, aún de aliarse con mentes criminales y hasta asesinar a quien se les oponga por cualquier motivo o de cualquier manera.

Los tres ámbitos de gobierno, en todos los estados y en todos los municipios y toda la sociedad somos responsables y corresponsables de lo acontecido en Ayotzinapa.

Sin embargo, este incalificable acontecimiento (en verdad no hay palabras para calificar el grado de perversidad, de maldad con que fue desollado uno de los muchachos al que literalmente le arrancaron la cara y los ojos, ello como parte del artero crimen masivo cometido en Iguala) puede ser un evento, que dentro de lo infinitamente lamentable, signifique una sacudida a la conciencia nacional o al menos constituya el inicio de una crisis de conciencia que nos ponga en el sendero de la reconstrucción nacional, una crisis de conciencia que propicie la rectificación del camino por parte de la sociedad misma y pueda así surgir un México distinto, un México de orden, de interés por nuestros asuntos públicos o comunitarios, un México con base y con proyecto de futuro, un México de paz, trabajo, tranquilidad y progreso, un México que extirpe el cáncer de la corrupción del desorden, del desinterés por el orden y del dominio de la impunidad.

Hoy México es un país donde en todos los asuntos públicos prevalece el desorden, el desinterés social; las leyes, desde la Constitución hasta los reglamentos municipales se hacen y deshacen con vista al interés de los grupos de poder y no con vista al interés y bienestar social y por esto no hay base ni proyecto de futuro. Por ello somos un país dominado ya por la violencia, por la pobreza, por el miedo y cuyo único rumbo es hacia el retraso. Somos un país donde ya la autoridad significa corrupción, ineficiencia y hasta criminalidad.

Las llamadas reformas estructurales: la laboral, la educativa (meramente burocrática), la fiscal, la energética, la de telecomunicaciones, la financiera y la política son sólo adecuaciones del marco normativo para beneficio de los grupos involucrados en el ejercicio del poder. Si el barril de pólvora en que hoy está asentado el país no estalla ahora en el marco de los acontecimientos de Iguala, estas pretendidas reformas están llamadas a seguir propiciando la situación generalizada de corrupción, desorden, retraso y pobreza en que está sumida la sociedad mexicana y provocarán en su momento una explosión mayor, cuando la crisis de conciencia nos resulte inaguantable.

En todos los asuntos del país priva exclusivamente el interés de los grupos de poder y está total y absolutamente ajeno el interés público, el interés general. Trátese de asuntos sociales, educativos, urbanos, económicos, culturales y hasta deportivos, en todos, de todo tipo, el interés público que debe regirlos por tratarse de asuntos de trascendencia a lo social, brilla por su ausencia. Es el desorden público por falta de interés público. Ese es el caldo de cultivo del que pasando por todos los niveles de desorden e impunidad se llega a la violencia y la criminalidad y así, la sociedad, irresponsable y culpable, acaba sumida en el miedo ante el fuego de las armas de los maleantes que van desde simples asaltantes de vía pública o de allanadores de morada hasta los asesinos despiadados ahora dirigidos y comandados por las propias autoridades.

De la falta de orden en la vialidad, del desorden en el urbanismo, de la corrupción en las oficinas gubernamentales, de la ineficacia en lo académico en todo el sistema educativo, de la perversión de los grandes medios masivos de comunicación, de la ineptitud de todos, absolutamente todos los partidos políticos, de la pobreza intelectual e ignorancia de los legisladores, de lo acomodaticio de los organismos empresariales,  de quienes se han apropiado de los sindicatos y de los caciques rurales, de la ineficiencia burocrática, de todo esto se pasa al desorden generalizado, se da la violencia y ésta aumenta en modos y grados y en número, campea la impunidad y así el territorio del país se va llenando de fosas clandestinas: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco…

Ahora ha sido Ayotzinapa, en la persona de los cuarenta y tres desaparecidos a manos de la propia autoridad y de los criminales; antes fue Tlatlaya en el estado de México (veintidós muertos, por ejecución a manos del Ejército) y días antes el niño muerto a manos de la policía de Puebla. Los diecisiete muertos de Aguas Blancas, masacrados por la fuerza pública. También lamentamos las matanzas realizadas por el crimen organizado (que vive en última instancia solapado y protegido por las esferas oficiales), entre ellas los dos casos de San Fernando en Tamaulipas (setenta y dos centroamericanos ejecutados en un rancho y otros ciento noventa y tres hallados en fosas clandestinas); los cincuenta y dos muertos del Casino Royal en Monterrey y hasta la perversión terrorista de las granadas lanzadas con consecuencias mortales de inocentes en el festejo del Grito de Independencia en Morelia y si revisamos más el historial nos encontramos con las matanzas del fatídico 2010, entre ellas la de los ejecutados en Villas de Salválcar de Ciudad Juárez, las tres de Torreón (diez y ocho en un evento, otros diez en otro y otros ocho en uno diverso, todos muertos a manos de un grupo de sicarios que realizaban salidas del reclusorio con la venia de la directora del mismo, salidas directamente para cometer las ejecuciones por encargo) y la de Tepic (quince muertos, masacrados en un autolavado). La muerte de periodistas, por razón de su actividad, es por demás significativa: en cuarenta años, de 1940 hasta 1980 hubo sólo doce casos de asesinatos, pero de 1980 al presente, es decir, en treinta y cuatro años el número crece exponencialmente por décadas y luego por años, hasta llegar a más de doscientos cincuenta, de los cuales, tan sólo en 2012 fueron veintiún periodistas ejecutados. Hay que recordar a los cientos de mujeres conocidas como “las muertas de Juárez”, fenómeno debido a la descomposición social, gubernamental y policial. No escapa la mención de las matanzas que por razones religiosas registra ya nuestra historia moderna, como la de cuarenta y cinco indígenas de Acteal, Chiapas (conflicto supuestamente sectario, pero tal vez atizado y armado por el gobierno mismo) y la acontecida en el pueblo de San Miguel Canoa (Puebla) a causa del fanatismo religioso de un cura que usando su poder eclesiástico (que ejercía en todos los órdenes por encima del poder civil) enardeció al pueblo con proclamas ideológicas e instigó el linchamiento de estudiantes excursionistas, evento del que resultó la muerte de cuatro indefensos a manos de una turba enloquecida, crimen por el cual nunca hubo culpables sentenciados. Y hagamos también la sola mención de las masacres del Jueves de Corpus de 1971 y la de Tlaltelolco del 2 de Octubre de 1968.

Hoy ha sido Iguala. Nos ha sacudido la magnitud de la descomposición pública en ese municipio guerrerense donde el alcalde, su esposa, la familia de ésta, el gobierno municipal y la policía estaban metidos a fondo en el crimen organizado; se acusa al alcalde mismo de personalmente haber dado muerte a un líder campesino con quien tenía pleitos por la compra de fertilizantes. Pero cabe preguntarnos: ¿Sólo es Iguala? ¿Quién gobierna, quien manda realmente en Veracruz, en el Distrito Federal, en Sonora, en Michoacán con todo y la prepotencia federal del Comisionado, en Chihuahua, en Tabasco, en Querétaro, por mencionar algunas entidades? ¿Quién manda efectivamente en las ciudades grandes, en las medianas, en los pueblos y comunidades pequeñas? ¿Cuál será la siguiente cloaca que se destape? ¿Aguascalientes, “la gente buena”, una sociedad tan conformista, es tan descompuesta como corrupta al grado que esté ya dominada por manos criminales?

Los involucrados en la situación actual del caso Ayotzinapa han sostenido públicamente que tanto el gobierno de Guerrero como la Procuraduría General de la República conocían de los vínculos y andanzas criminales tanto del alcalde de Iguala, como de su esposa y su familia y mutuamente se culpan de que nada hicieron, hasta que explotó el caldero en un asesinato masivo, incalificable, a manos de las mismas autoridades, en el evento más grave en su tipo desde el Tlaltelolco del 68. ¿Dónde quedaron las denuncias hechas en la campaña electoral del 2013 en Aguascalientes, sobre la pretendida vinculación de determinados candidatos con el crimen organizado? ¿Están dadas las condiciones criminales para que en Aguascalientes tengamos asesinatos cometidos por las propias autoridades en un perverso maridaje con la delincuencia organizada?

Hoy los mexicanos, de todos los rumbos del país, somos todos partícipes y corresponsables de este sistema público donde el desorden impera en todos los ámbitos, pero mañana, cualquiera de nosotros, de los nuestros o de nuestros amigos o conocidos puede ser víctima mortal de esta situación de descomposición social, de la corrupción gubernamental y de la podredumbre de la fuerza pública.

¿Estamos ante una nueva crisis de conciencia, más profunda, de mayor alcance social, de más trascendencia que la de 1968?

(Continuará)

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