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- Científicos denuncian abusos en contra de esta comunidad
Karen Janett Carranza J. / LatInformation
Washington, D.C.- 21 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El pasado 19 de julio, a escasos 6 meses en que la administración del Presidente Trump comenzara su gestión, la Unión de Científicos Preocupados, quien desde hace más de una década ha trabajado en coordinación directa con científicos y promotores de la ciencia para prevenir la manipulación, supresión y distorsión de la misma, publicó el reporte Marginando a la Ciencia, que enlista 40 acciones que se han llevado a cabo para desacreditarla y hacerla a un lado, entre las que se encuentran las Órdenes Ejecutivas que han frenado las acciones de mitigación contra el Cambio Climático; decisiones que afectan especialmente a los grupos minoritarios del país.
Este reporte también analiza cómo es que el gobierno federal utiliza a la ciencia para la elaboración de políticas públicas. Asimismo, también se da a conocer el lanzamiento del Fondo para la Protección de Científicos, que tiene como objetivo principal facilitar la asesoría confidencial y privilegiada de abogados privados a los científicos federales.
Para entender mejor la aproximación sobre la ciencia y las políticas públicas, se puede consultar otro reporte que también se publicó recientemente, llamado Preservando la Integridad Científica en la Elaboración de Políticas Públicas, en el que dan a conocer las lecciones aprendidas durante las últimas dos administraciones y los riesgos que se presentan bajo la Administración Trump.
Una de las características del Presidente Trump ha sido su constante negación en torno a los datos que muestran evidencias científicas en relación a asuntos como el Cambio Climático, el Calentamiento Global y la Contaminación del Aire y Agua mediante el uso de pesticidas y químicos tóxicos, entre otros.
En repetidas ocasiones, el actual Presidente de los Estados Unidos ha intervenido políticamente y actuado en beneficio de corporativos que amenazan la salud pública y el entorno ambiental. Para muestra existe la repetida utilización del Congressional Review Act, que ha pugnado para promover la derogación de Leyes y Reglamentos que protegen los recursos naturales y promueven lugares de trabajo saludables.
A continuación se presenta una descripción breve de las acciones más relevantes -de 40 que la Unión de Científicos Preocupados encontró-, que la Administración Trump ha puesto en práctica desde el primer día, para marginar a la comunidad científica:
1).- Marginar al consejo científico independiente
Esta administración se ha caracterizado por debilitar a los comités federales de consejería que asesoran al gobierno, manteniéndolos a distancia y con menos posibilidades de aportar a la toma de decisiones.
2).- Nombramiento de personas con conflictos de interés en posiciones estratégicas
Ejemplo claro de una de estas personas es Scott Pruitt, titular de la Agencia de Protección Ambiental, y quien antes de llegar al cargo, realizó varias demandas en contra de esta institución.
3).- Vacantes en los puestos científicos estratégicos.
Esta Administración ha tomado demasiado tiempo para ocupar los puestos estratégicos que requieren científicos de alto nivel, evidenciando de esta manera el poco interés que el Presidente Trump tiene por la ciencia.
4).- Revocación de regulaciones y salvaguardas que se basan en datos científicos.
Mediante la firma de 13 resoluciones del Congreso, se han derogado protecciones relacionadas con los estándares de calidad del agua potable y las medidas de protección para prevenir la exposición a químicos y desechos tóxicos.
5).- Tergiversación o presentación de ‘datos alternativos’ relativos a la ciencia que respalda el cambio climático, así como remoción de las medidas para combatirlo.
La información relativa a los datos científicos que sustentan el cambio climático ha sido evitada en las comunicaciones del gobierno, y los recursos destinados a la investigación climática han sido gravemente recortados.
6).- Reducción de los estándares de contaminación permitidos sin justificación científica.
Se han derogado o debilitado reglamentos fundamentados en investigaciones científicas que protegen la salud pública, entre los que se encuentran aquellos que se refieren a elementos como el mercurio, plomo, tóxicos en el aire o contaminación de carbón en las aguas residuales sin que exista un respaldo científico para la justificación de la reducción de los estándares de calidad del aire, agua y tierra.
7).- Se han puesto en tela de juicio los riesgos en el trabajo y en casa ocasionados por peligrosos derrames químicos.
Las medidas de protección para la población por la exposición a químicos y toxinas dañinas se han retrasado.
8).- Alteración del contenido científico en sitios web federales
Los contenidos que refieren evidencias científicas relativas a la ciencia climática han sido alterados o removidos de las páginas de la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Estado y el Departamento de Energía.
9).- Reducción del acceso público a la información
La Administración Trump ha reducido el acceso público a datos e información científica, al tiempo que ha dejado de recolectar datos de programas que benefician a grupos vulnerables y ha dejado de solicitar a las empresas datos de informes relativos a la protección de la salud pública y el entorno ambiental.
10).- Restricción de comunicación a los científicos
Bajo la dirección del Presidente Trump, se ha obstaculizado a los científicos que trabajan en el gobierno para hablar públicamente sobre su trabajo y comunicarse con el Congreso, así como la posibilidad de dar a conocer faltas éticas dentro de las agencias.
11).- Creación de un ambiente hostil para el personal científico.
Las evidencias relativas a la cultura del miedo dentro de las agencias gubernamentales van en incremento, provocando que los científicos hablen a los medios de manera anónima e incluso presenten miedo ante la posibilidad de expresar “cambio climático’’ en sus conversaciones.
Desde el 2003, la Unión de Científicos Preocupados, ha dado a conocer la interferencia política en los asuntos científicos, promoviendo que los empleados de gobierno reporten la supresión o distorsión de datos en los procesos de elaboración de políticas públicas. Aquellos que se sientan en peligro o vulnerados para tomar acción, pueden comunicarse con la Unión de distintas maneras, siendo una de ellas mediante el envío de un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
A partir del 2004, la Unión ha realizado encuestas de manera anónima a los científicos que trabajan en las instancias gubernamentales para puntualizar el problema de la interferencia política en la ciencia federal. El programa contempla una serie de encuestas en las agencias federales que incluyen reactivos para la descripción de las experiencias sobre los asuntos de interferencia política, supresión o intimidación por denunciar.
La protección de la Comunidad Científica es una de las mayores preocupaciones de la Unión, por lo que a través del Fondo para la Protección de Científicos, ofrece la posibilidad de acceder a asesoría y apoyo de manera segura a través de los siguientes medios:
Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Teléfono con atención personalizada que opera los miércoles de 1 a 5 P.M.: 202-538-2937 (se puede dejar mensaje en cualquier momento)
Mensajes de texto: 202-538-2937
Se recomienda que antes de contactar por estos medios, se consulten los lineamientos y guías de apoyo.
La ciudadanía también puede apoyar a la ciencia, y a quienes la estudian mediante la participación activa en los eventos públicos que promueve la Unión de Científicos Preocupados que hasta el momento se conforma por 20 mil científicos. Asimismo, puede unirse a la plataforma Watchdog for Science, en la que podrá encontrar una guía de acciones que puede tomar para promover la ciencia y la defensa de la misma.
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- La población atendida por el Programa Nacional de Seguros por Inundaciones se concentra en estas costas en un 40%
Karen Janett Carranza J.
Washington.- D.C.- 20 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El pasado 12 de julio de 2017, La Unión de Científicos Preocupados, publicó el reporte llamado “Cuando la Elevación de los Océanos Ataca el Hogar: Elecciones Difíciles para Cientos de Comunidades Costeras de los Estados Unidos”, en el que se revelan los posibles escenarios para las comunidades costeras de la Florida, Texas y otras comunidades pobladas por latinos hacia el 2100, los cuáles se verían afectadas por la elevación de los océanos debido al calentamiento global. Los resultados de otros estudios que también se contemplan en este reporte, muestran que las zonas más afectadas por inundaciones en estos estados, deja a los dueños de las tierras afectados económicamente de manera frecuente, pues los daños por lo general se dan en las estructuras de edificaciones.
Otro estudio llamado “Aguas Preocupantes: El Programa Nacional de Seguros por Inundaciones en Perspectiva Histórica”, reveló que los Estados de Florida y Texas resguardan al 40% de la población atendida por el Programa Nacional de Seguros e Inundaciones y podría ir en aumento a medida que avance el tiempo.
Mientras que los riesgos por inundaciones en el país aumentan, el déficit de $25 billones de dólares del Programa Nacional de Seguros por Inundaciones lo pone en riesgo de desaparecer, proyectando el desamparo de cientos de comunidades que dependen de él para la protección de sus propiedades. Aunado a lo anterior, la Administración Trump ha propuesto un recorte de $190 millones de dólares anuales a los trabajos de mapeos, que sirven como herramienta para la identificación de zonas de riesgo.
Para el 2035, la zona de Florida sería afectada en 88 comunidades, lo que representa el 51% de éstas comunidades; por su parte Texas alberga el 10% de los afectados, lo que en conjunto representa el 61% de las poblaciones afectadas a nivel nacional.
Las inundaciones crónicas provocadas por las lluvias intensas de temporal, irán en aumento debido a la elevación acelerada del calentamiento global. De acuerdo con el estudio publicado por la Unión de Científicos Preocupados, la proyección de los eventos que enfrentarán las zonas costeras del país son los siguientes:
Para el 2035, alrededor de 170 comunidades alrededor del país -casi el doble de las que ahora se conocen- enfrentarán inundaciones crónicas y posibles repliegues de zonas afectadas bajo la mira de escenarios intermedios y altos de elevaciones; más de 100 de éstas zonas verían al menos un cuarto de sus tierras crónicamente inundadas.
Para el 2060, alrededor de 270 comunidades se enfrentarán a inundaciones crónicas con un nivel intermedio en la elevación de los océanos. Este número podría saltar a los 360, bajo un escenario de elevaciones altas. Alrededor del 40 por ciento de las comunidades que se ven inundadas crónicamente en cualquier escenario, podrían ver al menos la mitad de sus tierras inundadas.
Para el 2100, alrededor de 490 comunidades -incluido apenas un 40 por ciento de las comunidades en el frente oceánico de las Costas Este y del Golfo- enfrentarán inundaciones crónicas y posibles repliegues con niveles intermedios en el aumento del mar; casi 300 de ellas verán al menos un cuarto de sus propiedades crónicamente inundadas. El número de comunidades salta hasta alrededor de 670 -incluyendo apenas el 60 por ciento de las comunidades en el frente oceánico de las Costas Este y del Golfo- si se considera el escenario de crecimiento elevado en las inundaciones.
Lo anterior podría interpretarse también como el número de comunidades o zonas que no solamente se verían inundadas, sino que se encuentran en riesgo de desaparecer debido a que los océanos consumen las costas a medida que elevan su nivel. Sin embargo, aún se puede actuar para mitigar estos efectos y proteger a las comunidades afectadas.
Si se busca alcanzar las metas que fueron establecidas en el Acuerdo de París para la reducción en la temperatura y la reducción de emisiones y de hecho se logran estos objetivos desacelerando el crecimiento de los niveles del mar, alrededor de 380 comunidades podrían salvarse de las inundaciones crónicas durante este siglo. Por lo que es evidente que tanto el gobierno, como los empresarios y los ciudadanos, deben unir esfuerzos para poder combatir de manera efectiva este problema.
Algunas medidas de adaptación a las inundaciones, incluyen el desalojo de estas zonas y su recuperación mediante la restauración ambiental. Ante este escenario, se presenta otro problema, la gran cantidad de gente que habita estas zonas y que se encuentra casi totalmente imposibilitada para vender sus propiedades debido a una o varias de las siguientes problemáticas:
Pérdida de valía de su propiedad.
Deudas hipotecarias por espacios inexistentes (que se perdieron a causa de inundaciones).
Falta de pago -total o parcial- del Seguro de Inundaciones por los daños ocasionados por lluvias e inundaciones a los propietarios de las tierras.
Aunque muchas de las aseguradoras se niegan a pagar por los daños que han sufrido las propiedades bajo el argumento de que estas ya se encontraban dañadas previo a los desastres naturales, la realidad es que existe un déficit por $25 billones de dólares en el Programa Nacional de Seguros por Inundaciones, que se presume ha sido causado por el mal manejo de los recursos de esa bolsa, de donde las aseguradoras toman el dinero para pagar; por lo anterior éstas se han visto obligadas a dejar de pagar a los afectados. De acuerdo con una publicación del Washington Post, Roy Wright, administrador del fondo declaró que no hay manera de cubrir los gastos que se adeudan y agregó:
“Solamente el Congreso puede tratar con estas pérdidas del pasado. En lo que nos estamosenfocando ahora es en asegurarnos que al ir hacia adelante, estamos poniéndonos bajo un esquema de base financiera sólida”.
Ante este escenario, los únicos afectados son los contribuyentes que con trabajo han pagado sus seguros de inundaciones -en algunas ocasiones pagando por el deducible más alto- sin contar con la seguridad de que sus propiedades realmente están cubiertas, exponiéndose a seguir pagando la restauración de las mismas con recursos propios o si el caso presenta un lugar inhabitable, aumentar a sus gastos la renta de otro lugar, lo que representa un incremento en sus deudas hipotecarias.
Como si fuese poco, la reducción al presupuesto por $190 millones de dólares anuales para los trabajos de mapeos de las zonas de riesgos, impedirán que la gente pueda siquiera tener acceso a información básica de riesgos sobre propiedades que ya adquirieron o podrían adquirir en el futuro.
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- Jorge Varona Rodríguez
Aguascalientes, Ags, 19 de julio 2017.- (aguzados.com).- 4.- Será 2018 una fase transitoria, acaso crucial, pero sólo un momento. Lo sustancial, antes que personajes y liderazgos (necesarios, pero el futuro de México no puede depender de un individuo o de un puñado que venera al becerro del mercado o aquellos que creen que adoran ante el altar de la patria), radica en un proyecto que convenza a todos porque incluya las voces, las razones y las causas de todos. Eliminar los orígenes de la confrontación, la violencia, la desconfianza, los temores y la exclusión. Sustentar, en cambio, los motivos legítimos del compromiso, la responsabilidad, el diálogo y el entendimiento, no únicamente en lo político y lo electoral, sino en todos los órdenes de la vida nacional, empezando por la economía y los derechos humanos, sociales, económicos y culturales.
Cabe la observación de si es posible convencer a todos. La sabiduría popular enseña que pretender quedar bien con todos deviene en quedar mal con todos. Convencer a la mayoría; o a las diversas minorías que juntas hacen mayoría, del complejo y extenso entramado clasista, étnico, religioso, cultural y regional de México.
Ese proyecto de sociedad, cultura, derechos humanos y democracia es cuanto debieran, sin dobleces ni subterfugios, diseñar, argumentar y explicar a los ciudadanos los aspirantes “independientes” o partidistas o los políticos predestinados, y de esta manera ganar confianza en las ideas, la política y las instituciones democráticas. Eso sí puede construir liderazgos y movilizar al pueblo.
En las campañas electorales y preelectorales –como ya es el caso-- lo “normal”, por convencional, el propósito es destacar personajes. Muchos lemas y slogans, pero pocas ideas. Facilita la fusión de la ideología con la demagogia y origina cierto tipo de propaganda –que no se limita a los periodos preelectorales, sino es permanente y sistemático-- de tendencia totalitaria cuya progresión táctica actúa en todos los planos de lo humano. No se trata ya de una actividad parcial y pasajera, sino de la expresión misma de un proyecto que se asume absoluto con voluntad de conversión, conquista y explotación.
Esta propaganda está vinculada con la lucha de ideologías que encubren intereses económicos y ambiciones de poder (más sospechosas en cuanto no se asumen como ideologías, sino como filosofías, verdades reveladas o verdades científicas) para imponer con su visión del mundo, el dominio no únicamente en el plano político sino en el económico y en todo el complejo de las relaciones sociales: trabajo, propiedad, consumo, conciencia, control del cuerpo, esparcimiento, información, valores de la vida y creencias.
5.- La mayoría de los mexicanos, ocupados en la diaria lucha por sobrevivir ¿está consciente y preparada para llevar a cabo esa tarea de trasformación nacional? Ya sea la un nuevo modelo de desarrollo dentro del sistema capitalista neoliberal, si eso fuese posible, ya sea una revolución, pacífica desde luego. ¿Revolución armada? Sólo el pueblo organizado, con conciencia política es capaz de hacer cualesquier revolución social y política. Ha lugar a cuestionar, por ello mismo, si existe realmente lo que llamamos pueblo, comunidad política consciente de sí y para sí; o, desplazando al pueblo y despojándolo de su identidad, prevalece la sociedad civil en su condición de conglomerado clasista minoritario pero dominante, con plena conciencia de sus intereses pretendiendo representar a toda la sociedad, incluidos aquellos individuos que sólo poseen su hambre y su esperanza.
Gramsci lo aclara meridianamente: “… la distinción entre sociedad política y sociedad civil, que de distinción metódica es transformada en distinción orgánica y presentada como tal. Se afirma así que la actividad económica es propia de la sociedad civil y que el Estado no debe intervenir en su reglamentación. Pero como en la realidad efectiva, sociedad civil y Estado se identifican, es necesario convenir que el liberalismo es también una ‘reglamentación’ de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y coercitiva. Es un acto de voluntad consciente de los propios fines y no la expresión espontánea, automática, del hecho económico. El liberalismo, por tanto, es un programa político destinado a cambiar, en la medida en que triunfa, el personal dirigente de un Estado y el programa económico del propio Estado, o sea cambiar la distribución de la renta nacional”.
Diversos autores (Arditi, 2002) advierten del carácter polémico de sociedad civil ya que es “muy disímil” la idea de los pensadores jusnaturalistas (el paso del estado salvaje a la civilización), de la de Hegel (estadio intermedio entre la familia y el Estado), o de Marx (el espacio de la actividad económica, base del Estado) o Rousseau (culminación negativa del progreso). Bobbio admite que explicar la sociedad civil exige referirse al Estado: se explican uno al otro precisamente por su relación contradictoria.
Como apuntan muchos estudiosos, ante el desclasamiento de la sociedad lo que resta es esa masa volátil y amorfa de ciudadanos independientes sin identidad social y política. Acaso es la actitud con la cual “se hace el juego a alguien, especialmente si ese alguien es un Estado extranjero” (Gramsci), o a la élite criolla.
De cualquier modo es evidente que las cúpulas empresariales y tecnocráticas, así como las burocracias partidistas están en lo suyo para impedir cualquier cambio subversivo, pacífico o no.
El asunto es que si no existe pueblo, comunidad política organizada, consciente de sí y para sí, no hay posibilidad alguna de cambio profundo.
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Ciudad de México.- 20 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El 17 de julo de 2017, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue extraditado a México. Las autoridades guatemaltecas entregaron al ex mandatario local a la Procuraduría General de la República para enfrentar el proceso penal por los cargos de corrupción de los que es acusado. [1]
La detención de Duarte en Guatemala, es un hecho ampliamente conocido por los mexicanos, la encuesta en vivienda realizada en abril pasado por Parametría muestra que el 82% de los consultados se enteraron que el ex gobernador había sido detenido en dicho país. Seguramente hoy en día el porcentaje de conocimiento de la detención es incluso mucho mayor, pues la encuesta se realizó apenas a una semana de la misma, la cual sucedió el 15 de abril de 2017 [2].
Javier Duarte es un personaje conocido por un porcentaje importante de mexicanos, siete de cada diez lo identifica (68%), lo cual es relevante para tratarse de una figura del ámbito local, los niveles de conocimiento empezaron a incrementarse en agosto de 2015 y para octubre más de la mitad de los mexicanos ya lo identificaba. La fuga del político mexicano parece ser el evento que incrementó en mayor medida su identificación por parte de la ciudadanía.
En cuanto a la opinión que tienen las personas del ex gobernador, vemos que la misma tiene porcentajes negativos, la opinión efectiva -que resulta de la resta de la opinión positiva menos la negativa- llega a -72%. Estas opiniones negativas históricas son comparables únicamente con otra persona que ha sido acusada de corrupción, tal es el caso de Elba Esther Gordillo.
Un dato que resulta relevante es que el 77% de los mexicanos considera que Javier Duarte es culpable de los delitos que se le acusan, es importante decir, que el juicio público es independiente de las investigaciones formales que se realicen en el caso y las cuáles serán las únicas que determinen la culpabilidad o inocencia del ex gobernador de Veracruz.
Otro dato que muestra la encuesta, es que de octubre del año pasado a abril del presente, se incrementó 16 puntos porcentuales las personas que consideran que Duarte es culpable de los delitos que se le acusan, asimismo, disminuyó el porcentaje de aquellos que en 2016 no sabían qué contestar o no contestaban al cuestionamiento, al pasar de 35% a 22%.
Resulta relevante ver que seis de cada diez mexicanos dijeron que creían que las autoridades mexicanas sabían dónde estaba escondido Javier Duarte, mientras que 38% cree que en verdad se desconocía su paradero. Es decir, son más quienes dudan que no se supiera dónde se escondía el ex gobernador de Veracruz.
Finalmente preguntamos a los mexicanos si creían o no que la detención de Javier Duarte en Guatemala, así como la del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, en Florencia, tenían un fin electoral, pues las mismas se realizaron meses antes de las elecciones del 5 de junio, donde se eligieron entre otros cargos tres gubernaturas, entre las que destaca el Estado de México, uno de los bastiones priistas el cual nunca ha tenido alternancia en el gobierno.
Para el 67% de los mexicanos tanto la captura de Yarrington como la de Duarte fueron realizadas para tener un beneficio electoral, únicamente 15% dijo que estas detenciones eran un ejemplo de la lucha del gobierno de México contra la corrupción y la impunidad.
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- Fue lanzada por el Fondo para la Defensa Ambiental en todos los medios informativos
- Se enfoca en el trabajo de la EPA para proteger la salud de los niños
Karen Janett Carrranza J.
Washington, D.C.- 17 de julio de 2017.- (aguzados.com).- El Fondo para la Defensa Ambiental (EDF por sus siglas en inglés), lanzó este día una importante campaña -a través de TV, radio y medios electrónicos- solicitando apoyo al Congreso de los Estados Unidos para que detengan los recortes masivos al presupuesto a la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés).
La campaña de un millón de dólares es coordinada por EDF Action, el socio defensor de la EDF y estará al aire del 17 de julio al 10 de septiembre de 2017. En ella se destacan acciones que la EPA ha llevado a cabo en varios distritos y cómo éstas han ayudado a mejorar las condiciones de vida donde han sido desarrolladas.
“Estos recortes significarán más mercurio, smog y contaminación por carbón tóxicos en nuestro aire y agua. El resultado será más ataques de asma para nuestros niños y más problemas de salud para nuestros familiares en edad avanzada. Estamos llamando a los Miembros del Congreso a luchar por nuestra salud y no dejar los peores contaminantes libres”, expresó la presidenta de EDF Action. Elizabeth Thompson.
La campaña se transmitirá en Arizona, California, Colorado, Florida, Minnesota, Missouri, Nevada y Virginia. Además de contar con mensajes para el congreso en general, esta campaña conmina a los siguientes representantes a tomar acción y frenar la reducción de presupuesto a la EPA:
Rep. Martha McSally (AZ-2); Rep. Mike Coffman (CO-6); Rep. Jason Lewis (MN-2); Rep. Barbara Comstock (VA-10); Rep. David Valadao (CA-21); Rep. Mark Amodei (NV-2); Rep. Ann Wagner (MO- 2); Rep. Mario Diaz-Balart (FL-25); Rep. Thomas Rooney (FL-17), and Rep. Ken Calvert (CA-42). The ads will also air in Washington D.C.
Además de ser la Agencia más afectada en la Administración Federal, los recortes que la EPA enfrenta actualmente la han llevado al presupuesto más bajo que ha tenido en los últimos 40 años. De acuerdo con un comunicado emitido por la EDF, estos recortes ponen en riesgo al menos las siguientes acciones en beneficio de la salud de la población:
La limpieza de desechos tóxicos será ralentizada. Existen más de mil 300 sitios tóxicos de desechos del Súper Fondo y 450 mil ciudades de riesgo abandonadas a lo largo del país que causan daños no revelados a las comunidades locales como toxinas en el agua potable, puntos de desechos cancerígenos y desarrollo económico estancado. El Presidente Trump y Scott Pruitt, Administrador de la EPA, han anunciado recortes de cientos de millones de dólares a este programa.
Contaminantes que serán libres de seguir haciéndolo. La Administración ha propuesto serios recortes a la oficina responsable de ejecutar las leyes de aire y agua limpios. Cabe recordar la relación larga y cómoda del Administrador de la EPA, Scott Pruitt, con compañías que han apoyado su carrera política desde que fue Abogado General de Oklahoma; esto sugiere que será laxo con los empresarios contaminantes.
La contaminación nociva del aire incrementará. El Administrador Pruitt ha expresado su hostilidad hacia la normatividad que limita los niveles de contaminación por mercurio, gases ácidos, carbón y smog; asimismo ha propuesto grandes recortes a los fondos de programas de aire limpio. Eso hará inestable la habilidad de la EPA para llevar a cabo sus responsabilidades establecidas en la Ley de Aire Limpio.
Programas de protección contra el plomo tóxico serán debilitados. No existen “niveles seguros de plomo”, que es una neurotoxina que causa daños cerebrales en los niños en desarrollo. Con administraciones anteriores, la EPA ha avanzado a pasos agigantados para reducir la exposición a pinturas de plomo, gasolina, ductos y tierra contaminada; sin embargo, todavía existe más de medio millón de niños estadounidenses que tienen niveles altos de plomo en la sangre.
Reducir el presupuesto destinado al cuidado, protección y monitoreo de los recursos ambientales, significa poner en riesgo la vida de cada persona que habita los Estados Unidos, no solamente por el riesgo de incremento en los contaminantes, sino por la pérdida de hábitat que sucede por el desarrollo de proyectos como exploraciones petroleras, instalación de oleoductos y la propagación de minas que incentivan el uso de carbón como alternativa en la producción energética.
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