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• Científicos temen que la Administración Trump censure o cambie parte de los datos científicos reportados

Karen Janett Carranza J. / LatInformation

Washington, D.C.- 9 de agosto de 2017.- (aguzados.com).- El ‘Reporte Especial de Ciencia Climática’, revelado el pasado 7 de agosto en el New York Times - revisado por 13 agencias del Gobierno Federal, y aprobado por la Academia Nacional de Ciencias- reveló datos científicos que respaldan evidencias en torno al cambio climático y las afectaciones a los territorios de California, Texas y Florida, estados que son habitados por un gran número de hispanos.

Dicho reporte se enfoca en estudios sobre el territorio de los Estados Unidos y las repercusiones que el Cambio Climático tiene sobre él y tuvo que ser “filtrado” para dar a conocer sus resultados entre la población norteamericana, antes que la Casa Blanca autorizara su publicación, ya que los científicos temen que éste sea censurado o modificado por razones políticas.

El reporte publica información que afecta a todo el territorio de los Estados Unidos, sin embargo, cabe destacar que Estados como California, Texas y Florida, que se han visto constantemente afectados, permanecen en el ‘ojo del huracán’ por la crecida del nivel del mar y la pérdida de vegetación en su entorno.

De acuerdo con los datos, California podría verse afectada por “la frecuencia y severidad de recaladas de ‘ríos atmosféricos’ en la Costa Oeste de los Estados Unidos (arroyos estrechos que son responsables del 30 al 40% de la precipitación y nieve en la región y que son asociados con eventos de inundaciones severas), la cual incrementará como resultado del aumento en la evaporación, lo que resultará en mayor vapor de agua atmosférico que sucede cuando la temperatura aumenta”.

Asimismo, se revela que el cambio climático derivado por actividades humanas en este Estado, incrementó el riesgo en temperaturas altas durante los inviernos de 2013-214 y 2014-2015, (especialmente en el segundo), lo que representó un déficit en la humedad de la tierra y un estrés asociado a los sistemas de irrigación. También se encontró que en el 2015, algunas proyecciones  respecto a sequías del ‘Índice de Severidad de Sequías de Palmer’ (PDSI por sus siglas en inglés) que se establecieron en el 2008, se cumplieron; esto demuestra la gran herramienta que estos estudios representan para la atención de fenómenos climáticos.

“Esto levanta una pregunta que todavía no es respondida, sobre si las sequías en el Oeste de los Estados Unidos están cambiando del control por precipitación al control por la temperatura” (Mao et al. 2015).

El informe científico dice que aunque el PDSI ha sido criticado por la simpleza en que analiza los datos y por ser altamente sensitivo a las altas temperaturas y probablemente exagerar las contribuciones de actividades humanas a las sequías, otros estudios más complejos también han llegado a conclusiones similares y han proyectado que las escorrentías (que sirven para la agricultura y para dotar de agua potable a poblaciones) para los Estados de California, Nevada y Texas serán gravemente afectadas en corto plazo.

El reporte explica que existen otras aproximaciones que concluyen que la sequía y ola de calor de Texas en el 2011 fueron causadas principalmente por variables naturales y anormalidades en las precipitaciones pluviales, además del fenómeno de La Niña. Sin embargo, en ese año, la contribución por actividades humanas incrementó al doble las posibilidades de que Texas alcanzara una temperatura récord en comparación a los mismos periodos registrados entre 1981 y 2010.

La comparación de estos dos estudios, llevó a determinar que los resultados para esta zona son medianamente confiables, es decir que las investigaciones pueden ser un poco subjetivas o por escuelas que compiten entre sí. No obstante lo anterior, la sequía del 2011 fue la más severa que ha sufrido Texas, lo que provocó un incremento en la mortandad arbórea del 6.2%, que es algo así como 9 veces el promedio (0.7% aproximadamente) de lo que sufría esta región. Derivado de esto, el incremento en la temperatura que se registró en la región fue una realidad que causó estragos en la población. Esta sequía podría equipararse a una pérdida global anual de carbono de aproximadamente el 36% por deforestación y cambio de uso de suelo de la tierra.

El incremento en el nivel del mar derivado del aumento en la temperatura global, afectará a la costa de Florida de varias maneras. En primera instancia, al crecer el mar, se pierde territorio de las playas, lo que reduce a su vez el espacio de tierra firme con que la zona cuenta. Sin embargo, la pérdida de biodiversidad es algo que podrá acelerarse como consecuencia del aumento en la temperatura del mar y el cambio en la acidificación de los océanos por el uso de químicos y tóxicos. Aunque los ecosistemas coralinos y de algas, así como de peces y otros invertebrados han sido resilientes hasta el momento, podrían enfrentarse a un tercer enemigo: la propagación de enfermedades que podría colapsar los arrecifes de coral.

De acuerdo con el ‘Reporte Especial de Ciencia Climática’, si las ‘Contribuciones Nacionales Determinadas’ -las medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global-  establecidas en el Acuerdo de París se cumplieran, el incremento en la temperatura del país podría limitarse a los 3.6°F (2°C) dependiendo de la magnitud en la reducción de las emisiones de GEI a nivel global. Esto significa que el combate al cambio climático debe ser incesante y permanente, porque de otra manera, el calentamiento global podría alcanzar 9°F (5°C) o más a finales de este siglo.

“El incremento observado en las emisiones globales de carbono en los últimos 15 a 20 años ha sido consistente y con escenarios más elevados. En el 2014 y el 2015, el crecimiento en las tasas de emisiones se ralentizaron mientras que el crecimiento económico se ha vuelto menos exhaustivo del carbón. Aún si esta tendencia a la baja continuara, ésta no es una tasa que pudiese alcanzar las metas a largo plazo establecidas en el Acuerdo de París sobre sostener el incremento promedio en la temperatura global por debajo de los 3.6°F (2°C), que se tenía en los niveles preindustriales”.

La Administración Trump se ha caracterizado por minimizar la relevancia de datos científicos relativos a los impactos que el cambio climático tiene sobre los ecosistemas y la salud de cada uno de los norteamericanos. Ocultar o negar esta información representa una amenaza para la toma de decisiones por parte de empresarios, agricultores, funcionarios locales de gobiernos y la población en general cuando necesiten llevar a cabo acciones preventivas o de mitigación contra fenómenos naturales como inundaciones o huracanes, además de que podría significar pérdidas multi-trillonarias de dólares en materia económica para estos sectores.

En consecuencia, el día 8 de agosto, se lanzó una petición electrónica en la que se solicita que el reporte sea publicado sin censura o interferencia política y señala que “el público tiene derecho a la información científica libre de censura por parte de las agencias federales”.

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Ciudad de México.- 26 de julio de 2017.- (aguzados.com).- En la más reciente encuesta realizada en vivienda por Parametría, preguntamos a los mexicanos su opinión sobre uno de los temas que ha cobrado relevancia en el país, la implementación de la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con la Red de conocimientos electorales ACE, 89 países en el mundo cuentan con el mecanismo de la segunda vuelta o segunda ronda, el cual consiste en realizar una segunda elección entre los dos candidatos que obtuvieron más votos siempre y cuando en la primera no se haya conseguido una mayoría absoluta [1].

Este diseño electoral está presente en Francia, la mayoría de los países de América Latina, las cinco repúblicas postsoviéticas de Asia Central y muchas naciones de África. En el caso de México, el Presidente de la república se elige de manera directa en elecciones generales (mayoría simple), sistema que está presente en otros 23 países como: Honduras, Irlanda, Islandia, Corea del Sur, Nicaragua, Panamá, Venezuela entre otros.

Al preguntar a los mexicanos su opinión sobre la segunda vuelta, la encuesta realizada en junio de este año muestra que ocho de cada diez la apoya. El 77% dijo que si en la próxima elección presidencial, el partido o candidato que llegara a ganar no obtiene más del 50% de la votación, estaría de acuerdo con que hubiera una segunda elección en donde sólo participaran los dos partidos o candidatos que hayan obtenido más votos de manera previa.

Si observamos este dato en el tiempo podemos corroborar que hay un incremento importante en el porcentaje de encuestados que dijo estar de acuerdo con que se realice una segunda elección en caso de no tener un candidato que haya obtenido más del 50% de la votación. En un lapso de ocho años transitó de 63% a 77% quienes así lo mencionan.

Una de las ventajas de la segunda vuelta es que con dicho mecanismo se evita que los candidatos que resultan electos tengan bajos porcentajes de voto popular, lo que se traduce en mayor legitimidad y gobernabilidad, de igual forma incentiva la negociación entre partidos y candidatos así como la integración de intereses y programas diversos.

Si tomamos en consideración los resultados de las últimas tres elecciones presidenciales en México, podemos ver que en todos los casos, el candidato ganador no obtuvo más del 43% de los votos. En el año 2000, Vicente Fox Quesada ganó con el 42% de la votación; en 2006, Felipe Calderón lo hizo con 36% mientras que el segundo lugar registró 35% y el tercero 22%. En la última elección, Enrique Peña Nieto logró con el 38% ganar la presidencia, mientras que el segundo lugar obtuvo 32% y el tercero 25%.

Este fenómeno de los ganadores con bajos porcentajes está aún más marcado a nivel local con Gobernadores y Presidentes Municipales que han obtenido el triunfo con poco más del 25% de los sufragios.

Una de las desventajas que tiene la segunda vuelta es la premura con la que se tiene que realizar la nueva elección, esto genera presión sobre el órgano encargado de realizar los trabajos necesarios y representa un costo adicional, además los datos muestran que la participación en la segunda ronda es menor a la de la primera.

En el caso de México, respecto a la posible participación de los ciudadanos en una segunda contienda, el 69% dijo que en caso de que la misma se realizara sí acudiría a votar. Es importante mencionar que este porcentaje debe ser tomando con precaución pues en muchas ocasiones la ciudadanía afirma que asistirá a las urnas sin necesariamente hacerlo.

Este dato también ha sido medido en años anteriores y observamos nuevamente un incremento en el porcentaje de ciudadanos que afirman que en caso de realizarse una segunda elección si acudirían a elegir a alguno de los candidatos finalistas. De 2013 a 2017 se incrementó 19% quienes así lo indicaron.

En México además de no contar con segunda vuelta, tampoco tenemos otros mecanismos como el voto obligatorio que incrementarían la participación ciudadana en las urnas y darían mayor legitimidad al candidato ganador. Datos de ACE indican que 195 países tienen voto voluntario y 33 más decidieron tener voto obligatorio.

Resulta interesante ver que al preguntar a los mexicanos qué partido consideraban sería al que más le convendría una segunda vuelta, un mayor porcentaje señaló que Morena sería el mayor beneficiado con este nuevo diseño con 26% de las menciones, otro 25% dijo que Acción Nacional sería al que mejor le iría y sólo 18% considera que la segunda ronda es benéfica para el Revolucionario Institucional.

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Karen Janett Carranza J. /LatInformation

Washington, D.C.- 31 de julio de 2017.- (aguzados.com).- Después de una inundación, la situación que enfrenta una familia afectada por ésta, va más allá de la pérdida de sus muebles, a veces tiene que reconstruir por completo su casa.

De acuerdo con el reporte publicado por NRDC, el pasado 25 de julio, más de 30 mil hogares que están cubiertos por el NFIP (Programa Nacional de Seguros por Inundaciones, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, han sufrido un promedio de 5 severas pérdidas repetitivas por inundaciones.

Entre 1978 y 2015, se han pagado $5.5 billones de dólares por concepto de reparaciones y reconstrucciones. Las pérdidas también las sufren las arcas del NFIP, quien además se ve rebasado para atender de manera oportuna a todos los afectados y actualmente enfrenta un déficit por 25 billones de dólares.

Este programa tiene como finalidad prestar el servicio de seguro por inundaciones a bajo costo a 5.1 millones de propiedades en más de 22 mil comunidades a lo largo de los 50 estados del país.

Aunado a lo anterior, el Congreso aún no define si el Programa Nacional de Seguros por Inundaciones se reautoriza, lo que deja en un alto grado de vulnerabilidad a más de 30 mil propiedades que anualmente son afectadas por este fenómeno climático.

Desde el año 2000, el NFIP ha gastado 46.6 billones en reparaciones de propiedades que cuentan con una póliza de seguros y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), ha otorgado 804 millones de dólares para la compra de propiedades propensas a inundaciones, a dueños en la disposición de vender, a través del Programa de Fondos para la Mitigación, que es la mayor fuente de financiamiento para este propósito.

Es decir por cada 100 dólares gastados en reconstrucciones, apenas 1.72 dólares han sido invertidos en ayudar a la población a mudarse a un terreno más elevado y seguro.

El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), publicó el reporte “Buscando una Tierra más Alta”, en el que presenta alternativas para una mejor gestión de los recursos del NFIP y el beneficio de la población afectada.

Varias comunidades en Estados Unidos han vivido repetidamente eventos de inundaciones causados por lluvias y/o el aumento en el nivel del mar.

Esto en relación de gastos de reparación e inversión en pólizas de seguros, que a lo largo del tiempo representa pérdidas económicas, tanto para los propietarios de las casas que sufren estos daños, como para las arcas del país.

Las propiedades protegidas bajo este esquema de seguros, tienen un valor promedio de 109 mil 882 dólares, sin embargo, cada vez que sufren daños por inundaciones, los gastos oscilan entre los 133 mil 923 dólares y pueden llegar hasta los 200 mil. Los dueños muchas veces no logran reconstruirlas y se ven obligados a rentar otro lugar dónde vivir.

Las familias que tienen un nivel de ingreso bajos, son las más afectadas por este tipo de fenómenos. En el análisis que se hizo por NRDC, solamente 1 de cada 5 casas de las 30 mil afectadas repetitivamente, han recibido alguna forma de asistencia financiera federal para reducir los riesgos de daños por inundación.

Es decir, solamente 6 mil propiedades son atendidas.   Asimismo, se encontró que de aquellos que recibieron apoyo, solamente dos mil 601 propietarios pudieron vender sus propiedades y mudarse a una zona segura con mayor elevación; mientras que dos mil 092 propiedades fueron demolidas sin recibir ningún tipo de apoyo.

Esto demuestra la gravedad del asunto, ya que son más los daños y propiedades que necesitan asistencia que los números de atención a las mismas.

Ante esta situación, muchos de los propietarios, tanto como NRDC, coinciden en que antes de comprar una propiedad que más adelante puede inundarse, es necesario poder saber el historial de inundaciones de la comunidad.

Esto permitirá a los futuros propietarios tomar decisiones de una manera informada. Ese sería un recurso muy útil que en este momento se encuentra con una gran limitación, el recorte de 190 millones de dólares anuales destinados a mapeos para la detección de zonas de riesgo.

Si bien ya se cuenta con información histórica que reporta estos fenómenos, sin los fondos necesarios para detectar las zonas de riesgo, en un futuro quizá algunas no vuelvan a ser reportadas como  vulnerables.

Una propuesta para poder tener a la población segura, es ofrecer una garantía de compra-venta de una propiedad que ha sido dañada reiteradamente a aquellos propietarios que tengan asegurada su casa. Esto siempre y cuando la propiedad haya sido severamente dañada por desastres de inundación.

La Comunidad o el Estado serían los encargados de realizar esta compra utilizando fondos que provengan de la FEMA. Asimismo, una vez que se realice la transacción, el espacio deberá convertirse en un espacio abierto y no se podrá volver a construir sobre el mismo.

Bajo este esquema, las directivas para realizar un movimiento de esta naturaleza serían las siguientes:

El propietario debe tener una propiedad asegurada con un valor menor a los 250 mil dólares, que es la mayor cantidad asegurable ante el NFIP.

El propietario debe tener ingresos bajos o medios bajos, es decir, ganar menos del 120 por ciento de la media de su comunidad.

La propiedad debe tener un historial de afectaciones por inundaciones o estar en riesgo de éstas en un futuro.

La propiedad debe estar localizada en una comunidad que apoye y promueva los esfuerzos para ayudar a la gente a moverse de áreas propensas a las inundaciones y estén en disposición de comprar una propiedad.

La FEMA determinará el costo-beneficio de comprar la propiedad versus el pago para la reconstrucción de la misma.

La propuesta para la compra-venta de estas propiedades, puede ponerse en marcha antes que las inundaciones ocurran cuando los propietarios estén en disposición de mudarse a otro lugar. Esto puede incentivar a que la gente busque un lugar más seguro y dentro de su presupuesto antes de enfrentar catástrofes. En consecuencia, habría menos propiedades que sean propensas a inundaciones si la decisión de mudarse a lugares más elevados se toma con antelación.

Lo anterior  representaría que los recursos para la reconstrucción de propiedades podrían ser aplicados de manera más efectiva en aquellas zonas que sigan habitadas. Ante el aumento de inundaciones severas en varios sitios, la mejor respuesta es buscar tierras más seguras para construir una vivienda.

Aunado a la reconversión de la tierra, al cambiar de un espacio de casa-habitación a un espacio abierto, invertir en programas ambientales que promuevan la resiliencia de las tierras, puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de los espacios a las inundaciones. Programas de reforestación y restauración de espacios verdes, bosques y manglares, pueden contribuir al combate de la elevación de riveras y niveles del mar.

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Jorge Varona Rodríguez

Aguascalientes, Ags, 24 de julio 2017.- (aguzados.com).- 6.- El tema central es, pues, la crisis de la democracia liberal que ha sido rebasada por las crisis económicas propias del capitalismo, y han afectado “las bases del orden político, en relación con un choque global del orden social”, como lo explica Jaques Chevallier (El Estado Postmoderno), quien añade que se trata de un problema estructural ya que “implica múltiples facetas: crisis económica, vinculada con las repercusiones del proceso de globalización; crisis social, ilustrada por el aumento de las desigualdades, el desarrollo de espacios de  pobreza, la aparición de estados estables de exclusión; crisis moral, por fin, traducida en la pérdida de referencias y el aumento del sentimiento de inseguridad”.

La democracia electoral está diseñada para legalizar la elección de gobernantes y con ello legitimar las decisiones que toman a nombre de la sociedad aunque sólo refleje los intereses de la clase económicamente dominante. Es decir el sufragio ciudadano no sirve para resolver los problemas sociales y económicos, ni siquiera para plantearlos. A lo cual se suma un andamiaje electoral contrahecho, excesivamente centralizado en contradicción abierta a la República federal establecida en el Artículo 40 de la Constitución, sujeto por ello mismo a las presiones de los grupos en pugna y sin capacidad para asegurar certeza, objetividad, legalidad e imparcialidad a los procesos electorales.

7.- Hay, finalmente, un tema, entre muchos, sobre el cual debe profundizarse: ¿por qué la indignación social, tal como ha emergido a lo largo de los últimos años (aquí y en otros países), no genera un cambio ni da pie a un replanteamiento de las relaciones y políticas, cuyo grave deterioro por la desigualdad imperante explican al menos en parte el desdibujamiento del Estado y de la política? Incluso ¿por qué el voto y la participación de esos ciudadanos inconformes no altera el estado de cosas salvo para abrir espacios crecientes a la extrema derecha?

Tal vez sea consecuencia, al menos en parte, de que las manifestaciones de inconformidad no sólo están desarticuladas sino, acaso lo principal, carecen de proyecto político y reivindicatorio universal que aspire a involucrar a toda la sociedad. No únicamente se reducen a las demandas del momento, sino que no pocas veces abiertamente rechazan y hasta confrontan al resto de los grupos sociales y ciudadanos que, igual, requieren canales para hacer oír sus voces y sus demandas. Aislados, todos se debilitan y fácilmente pueden ser ignorados y reprimidos. 

Prolifera una especie de parroquialismo organizacional que al evadir la política, la filosofía y las ideas, se deja de lado la cuestión esencial y crucial de la contraposición capitalismo versus democracia, y se conforma con el pragmatismo inmediatista de temas como medio ambiente, familia, salud, seguridad pública, educación, absolutamente relevantes y válidos pero se diluyen y se trivializan al no asumirlos como parte sustantiva de un modelo económico y político que  privatiza al Estado y despoja de sustancia esos mismos temas que el ciudadano estima como prioritarios. (Ernesto Ortiz Diego). Pero, ya que “la nueva realidad puede conducir al riesgo y al caos (Luhmnann)… Al azar y al desorden y en general a la incertidumbre (Balandier) como los nuevos problemas políticos que aquejan a la realidad” (Ortiz Diego), se nulifica así la eficacia de la acción ciudadana y abre el camino para la violencia y la represión.

Habermas (¿Democracia o capitalismo?) observa que “el ‘pueblo de ciudadanos’ y el ‘pueblo de mercado’ ya no coinciden… La privatización de la asistencia social está tan avanzada que este conflicto sistémico se refleja cada vez con menos claridad sobre los intereses de distintos grupos sociales… En medida creciente, la contradicción de intereses genera conflictos en una misma persona”

La dispersión y atomización ciudadana es alimentada por el desmantelamiento y la satanización de las organizaciones colectivas, situación que se liga a ese paradigma dominante proveniente del discurso de la derecha empresarial de la “desideologización” que no esconde sino la ideología del mercado y de la propiedad privada, fomentando ese rechazo irracional a la política. Hemos de comprender que el repudio de los ciudadanos no es a la política (al contrario, demandan espacios políticos), sino precisamente a esa dictadura económica real que se padece por encima de la democracia formal que se vive. Abominan a esos que pervierten la política haciendo del servicio público negocios privados. Desprecian a esas bandas cuyo único afán es por cargos, candidaturas y cuotas. Tal vez a lo que aspiran los ciudadanos es a limpiar y engrandecer la política. Por ello, el desafío es el desarrollo de una idea y una práctica de la política que recupere el deber social del Estado y redimensione la esencia humana de la democracia.

Es necesario, reitero, recuperar la urgente tarea de educación política y democrática del pueblo, establecida en la Constitución como primera responsabilidad de los partidos para con todos los ciudadanos, pero especialmente, advierto, con quienes no se ven representados, de los que se consideran ajenos a todo lo político, de esos ciudadanos que  han tomado en serio verse a sí mismos como independientes y se apartan de toda acción colectiva consciente, racional y objetiva para transformar el mundo. Será el punto de partida para la creación de organizaciones sociales de base que irrumpan vigorosamente en la lucha por la radical trasformación social, económica, política y cultural. Esa es la vocación de la Política.

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