Ciudad de México.- 17 de mayo de 2019.- (aguzados.com).- Hace 11 años México firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El país fue el principal promotor de esta. El instrumento jurídico entró en vigor el 3 de mayo de 2008 con el objetivo de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
En ese espacio donde se vive la discriminación y exclusión se hace indispensable hacer convenciones como esta, que deriven en políticas públicas, cambios a otras leyes e instituciones necesarias que garanticen derechos básicos. De acuerdo con información del INEGI, poco más de 7 millones de personas en el país reportaron tener al menos una discapacidad, esto representa 6.4 por ciento de la población total; no obstante, el dato cobra relevancia si lo analizamos por familias.
Desde hace más de 15 años el tema de la discapacidad ha sido parte de las investigaciones sociales que realizamos en Parametría. Desde 2003 preguntamos a las y los mexicanos cuáles creen que deben ser las políticas gubernamentales, así como aspectos sociales sobre la discriminación que sufren las personas con discapacidad.
En el histórico de mediciones hemos registrado algunos cambios importantes. Uno de los más relevantes es el de visibilidad. En la medición de agosto de 2018 hubo un repunte en el porcentaje de personas que dijeron tener algún familiar o amigo con discapacidad, pasamos de 25% a 41%. Es decir, los números de personas con discapacidad no han cambiado, pero aquellos que reconocen que tienen en su círculo cercano a alguien conocido han aumentado. Las familias pocas veces hablaban o hacen visibles a sus familiares con discapacidad; por vergüenza, por tabús o estereotipos prefieren mantenerlos ocultos. Hoy vemos que hay más apertura en su reconocimiento.
Otro tema tiene que ver con quién es el principal responsable de hacer mejoras en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Un porcentaje mayor señala al gobierno como el actor principal. De 2015 a 2018 creció 10% quienes así lo consideran. Los familiares de las personas con discapacidad y la sociedad civil son los otros actores señalados.
Suele suceder que los familiares de las personas con discapacidad son quienes realizan acciones para mejorar su calidad de vida, ante la ausencia de otro tipo de apoyos. Sin embargo, esto resta responsabilidades al gobierno. Delega las tareas en las familias cuando en realidad se debería de tratar de políticas públicas y acciones concretas. Por ello es relevante que la mayor parte de la opinión pública señale al gobierno como el responsable de mejorar la situación de las personas con discapacidad.
De acuerdo con datos de la ENADID de 2014, 90% de las personas con discapacidad dijo haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados. Este escenario coincide con las percepciones: ocho de cada 10 mexicanos creen que las personas con discapacidad son discriminadas y solo 19% considera que se les incluye a la sociedad. El porcentaje de personas que ven un trato discriminatorio contra la gente con discapacidad no ha disminuido de manera significativa en cinco años: en 2013, 85% dijo que a las personas con discapacidad se les discriminaba.
Estos datos podrían contrastar con que solo 8% de la población en México aceptó que tendría inconveniente en trabajar con personas que tengan alguna discapacidad. Trabajar con alguien con discapacidad puede ser visto como una desventaja laboral, suponer que tienen que hacer su trabajo o bien tener miedo de tratar con una persona con discapacidad. Lo cierto es que se deben seguir haciendo investigaciones para conocer más sobre los prejuicios que hay en el tema y cómo combatirlos.
Más de la mitad de la población sabe que las personas con discapacidad no tienen las condiciones necesarias para desenvolverse completamente en los lugares públicos como banquetas, escaleras, baños, tiendas, puertas o transporte público; de hecho, más de 80% de los edificios de gobierno no cuentan con rampas, elevadores u otras medidas adecuadas para que las personas con discapacidad puedan acceder a los mismos. A ello habría que sumar los obstáculos que se encuentran en las banquetas y en general en la vía pública, donde tampoco encontramos las condiciones que por ley deberían cumplir.
Existe un debate sobre si las personas con discapacidad deben o no tener espacios “especiales” para su cuidado y desarrollo como escuelas, centros de salud, parques, entre otros. Es interesante que poco más de la mitad de la población, 58%, considere que, en efecto, las personas con discapacidad deben tener espacios “especiales”. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de lo importante que es la inclusión; generar este tipo de espacios solo contribuye a segregar a las personas con discapacidad y es importante no ver la creación de estos como un logro del gobierno, pues el objetivo es que se pueda convivir y vivir con calidad.
El pasado 3 de mayo Parametría presentó estos datos en el evento organizado por Katia D'Artigues y Bárbara Anderson para dar a conocer Yo También, un proyecto que busca visibilizar a las personas con discapacidad sin discriminación. Esa discriminación sutil que se observa, por ejemplo, en notas periodísticas o cuando una persona quiere ofender a otra acusándola de tener una discapacidad. Once años después de la convención tenemos muchas tareas pendientes, pero también iniciativas como Yo También que contribuyen desde sus espacios a reducir las brechas existentes.
