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Categoría: sociedad

• Se reforma el Código Penal para incrementar penas por el delito de robo y su reincidencia
• También el Código Civil es modificado para permitir que las personas que ejerzan un crédito hipotecario puedan refinanciar sus préstamos en las mejores condiciones y con los menores costos posibles
• El Pleno avaló la solicitud de licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, de la diputada Juana Alicia Espinosa
• Fue aprobado el Punto de Acuerdo que solicita la instauración de un portal de internet autónomo de la Fiscalía General del Estado
• Fueron resueltos otros tres dictámenes que abordaban asuntos en materia mercantil y civil.

Aguascalientes, Ags.- 14 de julio de 2016.- (aguzados.com).- En clara atención al clamor ciudadano de inhibir los casos ilícitos del fuero común, los diputados de la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad la iniciativa de reformas al Código Penal Local y al Código de Procedimientos Penales, para establecer penas más severas a delincuentes que cometan el delito de robo, así como aumentar las multas correspondientes.

De acuerdo al documento que presentó el diputado Israel Sandoval Macías, a nombre del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional (GPPAN) y emitió la Comisión de Justicia, se establece que para proteger el patrimonio material de los ciudadanos y sancionar a quienes atenten contra los bienes ajenos, se aplicará una pena corporal proporcional de seis meses a 2 años y medio de cárcel, cuando la afectación patrimonial no exceda de siete mil 304 pesos.

Asimismo, sí el robo de bienes rebasa los siete mil 304 y es menor a los 21 mil 912 pesos, el castigo será de dos a cinco años de prisión; además de que sí la afectación patrimonial excede la última cantidad en mención, la sanción irá de los cinco a los diez años de privación de la libertad.

En otro punto del orden del día, el Pleno avaló en lo general el dictamen que resuelve la iniciativa de reforma al artículo 1930 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, para permitir a los acreditados hipotecarios refinanciar sus créditos con las mejores condiciones y que representen los menores costos posibles.

También se precisa establecer en las leyes aplicables, medidas para eliminar o reducir el pago de derechos registrales que se puedan generar por la modificación de garantías derivadas de subrogaciones.

Sobre este tema, la diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, expuso argumentos en contra del dictamen previamente leído. En primer término, señaló que la iniciativa beneficia al acreedor hipotecario por concepto de impuestos registrales, que no se acredita el interés social que busca proteger el Estado y que no es clara la intención tras un análisis detallado.

Expresó que el proyecto de reforma podría privilegiar operaciones para entes con suficiente poder adquisitivo, por lo que no se debería exentar el pago de derechos. En cambio, explicó que si lo que se busca es beneficiar a la población que más lo necesita, se debería liberar de los gravámenes registrales a las operaciones que se refieran a créditos hipotecarios de vivienda popular o social.

Por tal motivo, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México (GPPRI –PVEM) propuso una propuesta en lo particular en el sentido por ella mencionado, a fin, señaló, de cumplir con el interés social del promovente, de apoyar a la población vulnerable sin afectar sensiblemente los ingresos estatales.Dicha propuesta en lo particular fue rechazada por la mayoría de los diputados presentes.

Acto seguido, fue avalado por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y que resolvió la solicitud de la diputada Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, para separarse de su cargo por tiempo indefinido.

En seguida, su suplente, la ciudadana Rosaura Alicia Moreno Serna, rindió la protesta de ley correspondiente ante los integrantes de la mesa directiva, para desempeñarse en el cargo.

Al proseguir con el desahogo del orden del día, se dio paso a la votación del Punto de Acuerdo que presentó la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, integrante del GPPAN, a través del cual exhortó a la Fiscalía General del Estado para que consolide su portal de internet  propio e independiente de la plataforma digital que opera el Gobierno del Estado, y con ello cumpla con los principios de autonomía, transparencia y acceso a la información pública oportuno, tal como se establece en la Constitución Política Federal y de forma unánime,  este documento fue avalado por los diputados que integran la LXI Legislatura.

En relación al punto de acuerdo, la promovente, diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo manifestó que la autonomía es un principio rector en el actuar de la Fiscalía General del Estado, por lo que es imprescindible que esta institución cuenta con su propia página de internet, a través de la cual ofrezca toda la información a la que está obligada por las normas de transparencia.

A nombre de su partido, Acción Nacional, solicitó el voto a favor de su punto de acuerdo, a fin de lograr un mejor acercamiento de los ciudadanos con las autoridades mediante la operación de un portal independiente del gubernamental, tras reiterar que no son suficientes los argumentos en el sentido de que ya hay un avance del 80 por ciento en la instrumentación de esta herramienta informática.

Por otro lado, fue aprobado por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Justicia que resuelve en sentido negativo la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, la cual proponía crear la figura típica de reventa, entendiéndose ésta como la actividad de ofertar boletos a precios por encima de lo establecido de espectáculos públicos de paga.

No obstante, los dictaminadores concluyeron que la propuesta resulta improcedente puesto que el castigo de ese hecho ya se contempla en el orden jurídico vigente pues si se realiza a través del engaño o aprovechándose del error o la ignorancia de una persona, es castigado como fraude; y en caso de que no existan los preceptos mencionados, la reventa puede ser como una falta administrativa, tal como acontece en el municipio de Aguascalientes, donde es considerada como una infracción de carácter grave.

De igual manera, fue avalado por unanimidad el dictamen que remitió la Comisión de Justicia, mediante el cual desechó la iniciativa de reformas a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, que presentó el Ayuntamiento de Aguascalientes, y buscaba modificar las facultades del Ayuntamiento para que estuvieran en condiciones de aceptar o repudiar donaciones onerosas e integrarlas o no al patrimonio municipal.

En el documento argumentaron que dicha iniciativa no es precisa en el objeto a regular, por lo que se prestaría a incurrir en duplicidades o ambigüedades.

Acto seguido, fue avalado por unanimidad el dictamen que resolvió en sentido negativo la iniciativa que reforma al artículo 4 del Constitución Política Local, presentada por el diputado Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, a nombre del GPPRI-PVEM, con el objeto de reconocer de manera expresa el derecho humano a la identidad en beneficio de la niñez.

Para argumentar su improcedencia, los dictaminadores concluyeron que en la Constitución Federal está prevista una protección integral de niñas, niños y adolescentes.

De igual manera, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia, mediante el cual se desechó la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, propuesta por el gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre, la cual proponía, además de especificar que entes son sujetos de dicho ordenamiento, suprimir el Procedimiento Administrativo como mecanismo para que los particulares afectados soliciten una indemnización, con el propósito de establecer un proceso más ágil y sencillo para conseguirla.

Al respecto, en el documento los integrantes de la Comisión coincidieron en conservar la regulación que está vigente, pues permite al ciudadano optar por acudir a dos instancias; en primer momento ante la autoridad administrativa correspondiente y en un segundo, combatir la determinación de dicha autoridad ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, lo cual se traduce en un derecho a favor del gobernado de agotar una mayor amplitud de mecanismos de defensa, ante la posible afectación de sus derechos.

En seguida, los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia para rechazar la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes en materia del Impuesto sobre Tenencia de Vehículos Automotores, presentada en abril del año 2010 por el Grupo Parlamentario del PAN.

Al respecto, se concluyó que este precepto ya fue atendido por la actual al expedir el Decreto número 119, el 18 de diciembre de 2014, mediante el cual se reformó el citado ordenamiento para derogar ese gravamen.

Asuntos Generales

En su oportunidad, el diputado Enrique Juárez Ramírez, a nombre del GPPRI-PVEM, presentó la iniciativa de Ley del Uso de la Fuerza del Uso Policial, encaminada a regular el actuar de los elementos que conforman los cuerpos de seguridad pública y con el propósito de inhibir aquellos casos lamentables que han sido documentados de manera video gráfica, y en los que lamentablemente participaron policías que en diversas detenciones aplicaron un excesivo uso de la fuerza en detrimento de la integridad física y emocional de los detenidos.

Por ello, el legislador priista consideró que el Poder Legislativo debe expedir un ordenamiento que delimite el actuar de los elementos y a su vez oriente su función en apego al marco jurídico que vela por la protección de los derechos humanos.

Juárez Ramírez destacó que su propuesta de ley está delineada por lo estipulado en el Manual del Uso de la Fuerza, instaurado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En la tribuna legislativa, el diputado Luis Fernando Muñoz López comentó lo relativo a las sanciones impuestas por el Tribunal Electoral al Municipio de Aguascalientes, dado que derivado de ello, el Congreso del Estado de Aguascalientes deberá proceder a sancionar al presidente municipal, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

Afirmó que “ésta es una muestra más de las irregularidades cometidas por los actores relacionados con el PAN desde el Ayuntamiento de la capital, mismas que fueron debidamente documentadas por el uso de recursos públicos que se usaron en el proceso electoral. El alcalde se dedicó sin cortapisa, sin recato alguno, a violar la ley a lo largo de las semanas del proceso electoral”.

El legislador priista expuso que bajo las mismas reglas que le anularon una elección a su partido el pasado año, ahora se sancionará al presidente municipal de la capital, particularmente por hacer promoción gubernamental en un programa radiofónico sabatino. Concluyó que muy probablemente los pasados comicios tendrán que ser repuestos.

Al solicitar el uso de la palabra en el debate de este tema, el diputado del Partido Nueva Alianza, Salvador Dávila Montoya señaló que es un asunto delicado y de gran trascendencia, al estar ya en manos de esta Soberanía quien tendrá que deliberar la resolución de este asunto, por lo que pidió a sus homólogos que una vez llegado el momento de debatirlo “seamos analíticos y con una gran conciencia la abordemos (la solicitud)”.

Ante los micrófonos del salón de sesiones, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo subrayó que en la pasada elección se comprobó la promoción para un partido específico, a diferencia de lo sucedido con el presidente municipal de Aguascalientes. Pidió que no se confunda a la población ni que se adelanten resultados de los órganos jurisdiccionales.

La legisladora panista indicó que Martín Orozco ganó la elección por más de 50 mil votos, por lo que se debe respetar la decisión ciudadana, a diferencia de la candidata de la coalición, que tras pedir que no se impugnaran elecciones, al poco tiempo haría lo propio.

Por su parte, el legislador del PAN, Leonardo Montañez Castro, apuntó que “no vengo a meter las manos al fuego por nadie, para eso están las instituciones de justicia; lo que a nosotros nos resta es pedir que se mida con la misma vara con que se midió al titular del ejecutivo estatal”.

Sobre el mismo tema, el diputado Enrique Juárez Ramírez declaró que “quien recomienda un psicólogo, al parecer ya utilizó sus servicios, muchas felicidades”, tras referir que apoyaba el posicionamiento de su compañero Luis Fernando Muñoz López, además de adelantar que en su momento, pedirá la máxima sanción posible que la ley estipule en contra del alcalde Juan Antonio Martín del Campo.

El integrante del GPPRI-PVEM sostuvo que la pasada elección estuvo plagada de violaciones constantes al marco legal electoral “por parte de los intereses que circundan a la derecha”, por lo que solicitar que se anule el proceso para dar certidumbre a la ciudadanía “es respetar la auténtica decisión colectiva de los aguascalentenses que quieren seguir por la senda del progreso”, pero sobre todo, “evitar la intromisión de grupos específicos con agenda política y salvaguardar una democracia que tanto ha costado construir en nuestro país”.

En su oportunidad, la diputada del PRI, Norma Adela Guel Saldívar, reafirmó que las ilegalidades en las que incurrió el alcalde Martín del Campo no deben quedar impunes, al considerar que sus actos deben ser castigados con todo el rigor de la ley.

Guel Saldívar aseguró que alcalde panista violó el principio de igualdad y por ende la libertad del sufragio de los ciudadanos, pues de manera descarada y seguramente por falta de asesoría jurídica de parte de sus colaboradores o ignorancia propia, difundió en un medio electrónico de comunicación, programas de obra pública de su gobierno en medio de la campaña electoral, lo cual es un delito electoral estipulado en la Constitución Político Federal.

Desde la máxima tribuna del estado, en representación del Grupo Parlamentario del PRD,  el diputado Armando Acosta Rodríguez, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, mediante la cual pretende establecer que el 25 por ciento de la asignación de candidaturas y fórmulas de elección en los partidos políticos, sea reservada para las personas que oscilan entre los 18 y 35 años de edad.

Acosta Rodríguez refirió que de acuerdo a un estudio el 60 por ciento de la población es menor a los 35 años, y por ello la importancia de fortalecer la participación del sector juvenil en la vida política de la entidad, pues “nuestro sistema democrático adolece de representantes populares y gobernantes jóvenes”.

Finalmente, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputada María de Lourdes Dávila Castañeda, clausuró los trabajos de la presente sesión y al mismo tiempo citó a los integrantes del Pleno para el próximo jueves 21 de julio, a las 11 horas, a fin de desahogar la agenda correspondiente.

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