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Aguascalientes, Ags, 8 de diciembre 2015.- (aguzados.com).- En 2014, 26.4% de la población percibió el fenómeno de la corrupción como uno de los tres problemas de mayor preocupación; mientras que en el caso de las unidades económicas esta proporción fue 17.0%
La percepción de la corrupción fue diferente según el tamaño de localidad; 29% de la población en zonas urbanas la ubicó como uno de los tres problemas que más le preocupan, mientras que en zonas rurales esta proporción fue de 16.5%.
En 2013, 89.7% de la población refirió percibir que los actos de corrupción ocurren frecuentemente en las policías, seguido de los partidos políticos, donde 84.4% percibe que la corrupción es una práctica frecuente.
En 2013, la tasa de prevalencia de corrupción fue de 12.1% de la población de 18 años y más. Del total de experiencias de corrupción generadas por el contacto presencial con algún servidor público, el 50.6% se dio en la interacción con autoridades de seguridad pública.
En 2013, las unidades económicas con la mayor prevalencia de victimización por corrupción fueron las del sector industrial con 4.9%, y las de tamaño grande con 7.2%.
En 2013, las entidades federativas con el mayor porcentaje de personal de la administración pública estatal dedicado a la función de contraloría interna fueron Yucatán con el 2.4% y Querétaro con el 1.3%. Mientras que Puebla y Chiapas destacaron por tener los mayores porcentajes de personal de las administraciones públicas municipales laborando en funciones de control interno, con 1.7 y 1.4%, respectivamente.
En 2013, las entidades federativas que tuvieron los mayores porcentajes de municipios con programas anticorrupción en sus administraciones públicas fueron Aguascalientes con 82% y Baja California con 80%.
En 2013, las acciones anticorrupción con mayor presencia en las entidades federativas, fueron: los mecanismos de denuncia ciudadana y la declaración patrimonial de servidores públicos.
Antecedentes
La corrupción, definida como “el abuso de un cargo público o privado para obtener un beneficio personal”, es un fenómeno complejo que afecta distintos ámbitos de la sociedad. Está ampliamente reconocido que la corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, da pie a la violación de los derechos humanos, distorsiona los mercados e inhibe la inversión afectando con ello el desarrollo económico. La corrupción trastoca la cohesión social y abre interrogantes sobre la efectividad y credibilidad de las instituciones públicas, representando una amenaza a la legitimación del Estado. Es un fenómeno que se presenta en todos los países. Con el fin de crear conciencia de sus graves implicaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, decidiendo asignar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción.
Como primer objetivo, la Convención planteó promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente la corrupción; como segundo propósito está el de promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional en esta lucha, reconociendo la relación que hay entre la corrupción y otras formas de delincuencia que trascienden fronteras; el tercer objetivo procura la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Estos dos últimos conceptos se fortalecen con la más reciente iniciativa internacional de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) establecida en 2009 y lanzada formalmente en 2011 en la Asamblea General de las Naciones Unidas con ocho países fundadores, entre ellos México. En nuestro país la iniciativa OGP tuvo eco con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), cuyo objetivo es trabajar en conjunto con la sociedad civil para fortalecer la gobernanza, promover la participación ciudadana y fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y uso de las tecnologías como instrumentos de apertura gubernamental.
Las iniciativas OGP y AGA se entrelazan con el concepto de Buen Gobierno que, de acuerdo con el Banco Mundial, se caracteriza por: una gestión pública transparente y profesional, un poder ejecutivo que rinda cuentas, un estado de derecho y una sociedad civil fuerte y participativa, que en su conjunto conforman la base para impulsar, desde el espacio público, el desarrollo integral del ciudadano. Un aspecto fundamental en iniciativas como la Alianza para el Gobierno Abierto, es la transparencia, concepto que demanda que toda decisión gubernamental y administrativa, así como los costos y recursos que involucran tal decisión, sean accesibles al público de manera abierta, amplia, oportuna y gratuita.
Con respecto a los órganos e instituciones para el combate a la corrupción, las experiencias internacionales, indican que pueden estar inscritos en cualquiera de los poderes del Estado o ser instancias de carácter autónomo. En cuanto a su tipo, se han generado dos modelos de estrategias; por un lado la construcción de una sola agencia anticorrupción que centraliza decisiones; y por otro, la implementación de un sistema articulado entre los distintos órganos con mecanismos activos de vigilancia y control. En esta segunda estrategia, el principal reto que enfrenta es la articulación entre múltiples agencias, mientras que su virtud radica en la comprensión de la corrupción como un fenómeno complejo cuya solución demanda la interacción entre distintos agentes.
El presente boletín tiene como objetivo ofrecer una mirada al fenómeno de la corrupción a través de información estadística generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La información proviene de cuatro proyectos estadísticos:
1) La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, encuesta con representatividad nacional y estatal diseñada para analizar el fenómeno delictivo que afecta a las personas y sus familias. Adicionalmente, brinda información sobre la percepción de la población sobre el desempeño institucional de las instituciones de seguridad y justicia.
2) La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, es una encuesta diseñada para indagar sobre las experiencias y percepciones de la población de 18 años y más, residente de ciudades de 100 mil habitantes y más, sobre los trámites y servicios que proporcionan los diferentes ámbitos de gobierno.
3) La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2014, es un proyecto estadístico con representatividad nacional y estatal que proporciona información sobre el fenómeno delictivo que afecta a las unidades económicas del sector privado. Al igual que la ENVIPE, brinda información de la percepción sobre las instituciones de seguridad pública y justicia; y
4) Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2011 y 2013, el cual tiene como objetivo generar información estadística sobre distintos aspectos de gestión de la Administración Pública de cada entidad federativa, en las materias de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario.
5) Censo nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2013 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas de los gobiernos municipales y delegacionales en su función de gobierno.
En el presente boletín, el análisis del fenómeno de la corrupción inicia ubicando dicho fenómeno en el marco de los problemas que la población y las unidades económicas perciben como los que más les afectan. Como segunda dimensión del fenómeno, se exponen las características tanto de la población como de las unidades económicas que experimentaron situaciones de corrupción, y se examina la posible relación que hay entre la percepción y las experiencias de corrupción. Finalmente, se indaga sobre la existencia de algunos temas relacionados con el combate a la corrupción en las administraciones públicas estatales y municipales.
La corrupción como parte de los problemas sociales de México
El fenómeno de la corrupción se posiciona como un problema social a partir de la permanencia y el aumento de la percepción a través de los años y su impacto en la opinión pública.
Entre otros aspectos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) indaga sobre los tres temas que más le preocupan a la población de 18 y más años, datos que permiten conocer el nivel de importancia que la corrupción tiene en el percibir de la población. Con los resultados de la ENVIPE del año 2014, la Gráfica 1 muestra que la corrupción fue mencionada como uno de los tres principales temas de preocupación por 26.4% de la población, por debajo del tema de inseguridad que tuvo el mayor porcentaje de menciones con el 58.1%, seguido del desempleo con el 46.6% y el aumento de precios con el 37.7%, como los principales problemas de mayor preocupación entre la población.
La percepción del fenómeno de la corrupción no es homogénea en la población, depende de factores como la edad, la educación, el sexo, la experiencia previa de corrupción, entre otras características. La percepción de la corrupción como problema social es significativamente mayor en las áreas de mayor densidad poblacional (2,500 habitantes y más) que en las áreas rurales (localidades de menos de 2,500 habitantes). En 2014, 29% de la población urbana situó a la corrupción como uno de los tres principales temas de preocupación, mientras que 16.5% de la población rural se manifestó en el mismo sentido.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) permite conocer los tres temas que las unidades económicas perciben como los que más les afectan. La inseguridad -y la delincuencia- fue el tema que se mencionó con mayor frecuencia (58.5%) como el principal problema percibido por las unidades económicas, seguido del tema de impuestos y del bajo poder adquisitivo de la población, cuyas frecuencias de mención como principales problemas fueron 47 y 42.2%, respectivamente. El tema de la corrupción como uno de los principales problemas de preocupación fue mencionado por 17% de las unidades económicas.
Percepción de corrupción en autoridades y entorno social
El fenómeno de la corrupción se manifiesta en diversos sectores gubernamentales, sociales y cotidianos. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, la percepción que tiene la población de 18 años y más residente de áreas urbanas sobre qué tan frecuente se dan los actos de corrupción en diversos ámbitos, tanto públicos como privados, en los cuales las policías tuvieron el mayor porcentaje de percepción de corrupción, con el 89.7%, seguido de los partidos políticos con 84.4%. Para el sector privado, 66.4% de la población percibe que la corrupción es una práctica frecuente en los sindicatos, mientras que el 63.5 percibe este tipo de prácticas entre los empresarios. La encuesta revela que los ámbitos de convivencia más cercanos al individuo, como la familia o los vecinos, se perciben como espacios de menor corrupción.
Experiencias de corrupción
La ENCIG indagó respecto a los trámites o solicitudes de servicios públicos llevados a cabo por la población de 18 años y más, y en cuáles de ellos se dio alguna situación de corrupción. Entre la población que realizó trámites, solicitudes de servicio o que tuvieron algún otro contacto con servidores públicos en el año 2013, 47.6% cree o ha escuchado que existe corrupción en dichos trámites; mientras que 32% manifestó que algún conocido le refirió algún acto de corrupción en esos trámites. Finalmente, la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal fue 12.1% de la población.
Del total de las experiencias de corrupción en la gestión de trámites, pagos, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos en 2013, en donde se revela que 50.6% de las personas de 18 y más se vio involucrada en una situación de corrupción al estar particularmente en contacto con autoridades de seguridad pública. Asimismo, entre 20 y 25% de las personas reportó haber tenido alguna experiencia de corrupción al efectuar algún trámite, ya sea relacionado con la propiedad, diversos pagos, o trámites en el ministerio público o juzgados.
El porcentaje de unidades económicas que fue víctima de actos de corrupción durante 2013, según sector económico al que pertenecen y tamaño. El mayor porcentaje de unidades víctimas de corrupción se presentó en el sector industrial con 4.9%, seguido por el sector de servicios y el de comercio con 3.5 y 3.4%, respectivamente. El análisis por tamaño de la unidad económica revela que la mayor -7.2%- prevalencia de corrupción se presentó en las unidades de tamaño grande, seguidas de las de tamaño mediano y pequeño, cuyas prevalencias fueron 6.8 y 6.5%, respectivamente. Las unidades económicas de tamaño micro fueron las que presentaron el menor porcentaje de victimización por corrupción, con 3.5%.
La percepción y las experiencias de corrupción son dos facetas complementarias del fenómeno que enriquecen su análisis. La correlación que hay entre la percepción y la tasa de prevalencia de corrupción, por entidad federativa. De acuerdo con la información de la ENCIG 2013, la percepción que tuvieron los ciudadanos sobre el fenómeno de la corrupción como una práctica frecuente en la entidad federativa osciló entre 65% (Querétaro) y 95.3% (Distrito Federal). Cabe resaltar que en esta última entidad se reportó la segunda mayor tasa de prevalencia de corrupción con 17,985 víctimas por cada 100,000 habitantes, siendo San Luis Potosí la entidad que tuvo la tasa de prevalencia de corrupción más alta en el país en 2013. La población de Sonora reportó la menor tasa de prevalencia de corrupción con 5,075 víctimas por cada 100,000 habitantes siendo que la percepción de la corrupción como un acto frecuente en la entidad fue de 86.5%. Lo mismo se puede decir de los estados de Guerrero, Nuevo León o Baja California Sur.
El combate a la corrupción como tema de interés en la administración pública estatal y municipal
Otra perspectiva importante en el análisis del fenómeno de la corrupción es la respuesta que ofrecen las instituciones públicas para su combate. A partir de la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), es posible conocer los recursos humanos dedicados a la función de contraloría interna con los que cuentan las administraciones públicas estatales y municipales. Las unidades administrativas con función de control interno son las responsables de apoyar la función directiva y de promover el mejoramiento de la gestión en las instituciones públicas, permitiendo asegurar que los objetivos y metas se cumplan, en lo posible a través de un uso eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles. Es una función relevante en los esfuerzos para aminorar los actos de corrupción.
Con los datos del CNGSPSPE, sedeterminó que en el año 2012 el porcentaje del personal dedicado a la función de la contraloría interna en las administraciones públicas estatales, donde los estados de Yucatán con 2.4% y Querétaro con 1.3%, destacan con los mayores porcentajes de personal dedicado a dichas funciones respecto al total del personal ocupado en dichas administraciones públicas estatales. El tercer estado con mayor proporción de este personal, fue Puebla con 1.2% y Quintana Roo con 1.0%.
Con la información que proporciona el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, es posible conocer el porcentaje del personal dedicado a la función de contraloría interna en las administraciones públicas municipales, por entidad federativa. En 2012 los municipios del estado de Puebla tuvieron la mayor proporción de personal dedicado a estas funciones, con 1.7%; seguido de Chiapas con 1.4%. Mientras que los de menor proporción fueron los municipios de Baja California Sur y Yucatán.
Los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales ofrecen asimismo información sobre los mecanismos de transparencia y acciones anticorrupción presentes en las entidades federativas. Estos proyectos estadísticos brindan información sobre diversas acciones tanto de control interno como aquellas relacionadas con los Programas Anticorrupción.
El total de temas considerados y/o atendidos por las administraciones públicas de aquellas Entidades Federativas que reportaron contar con algún Programa Anticorrupción en los años 2011 y 2013. En 2011, 29 entidades federativas reportaron tener un programa en la materia, mientras que en 2013 el número de entidades con programa anticorrupción ascendió a 30. En ambos años, la mayoría de los Estados reportaron tener mecanismos de denuncia ciudadana -27 entidades en 2011 y 30 en 2013-.
En cambio, las entidades que han creado unidades o áreas especializadas para la investigación y/o atención de conductas asociadas a la corrupción, fueron 12 en 2011 y 14 en 2013. Cabe destacar que entre 2011 y 2013, el tema que tuvo mayor avance fue el que concierne a la declaración patrimonial de los servidores públicos, prácticamente todas las entidades la contemplan en su normatividad. En otros temas como el análisis de riesgos de actos de corrupción, la existencia de programas de usuario simulado, la capacitación a servidores públicos con base en códigos de ética, no se observaron cambios en los estados.
En el caso de las administraciones públicas municipales y a partir de la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013, se observó que 82% de los municipios de Aguascalientes y 80% de los municipios de Baja California tuvieron algún programa anticorrupción, mientras que las entidades federativas con menos proporción de municipios con programas anticorrupción fueron Oaxaca con 5.0% y Veracruz con 16.0%.
La asociación que hay entre la tasa de incidencia de corrupción en 2013, es decir del número de actos de corrupción que afectaron a la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público (calculada con los datos de la ENCIG 2013) y el número de temas atendidos por los programas anticorrupción estatales reportados en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del mismo año 2013. Primeramente, se observan entidades que mencionaron tener diversos instrumentos de combate a la corrupción pero donde también se encontraron niveles altos de incidencia de corrupción, tal es el caso de: San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y el Distrito Federal. Por otro lado, entidades como Colima, Sonora, Aguascalientes y Baja California Sur, que reportaron tener pocos instrumentos anticorrupción, su incidencia de corrupción fue baja en términos relativos.
En resumen, no se encuentra una asociación entre el tamaño de la respuesta institucional y el nivel de incidencia de corrupción.
A manera de conclusión, se puede decir que la percepción de la corrupción tiene matices y es heterogénea en algunos sentidos. Los datos de este boletín muestran diferencias en la percepción que tienen las unidades económicas y la población, cuyas diferencias también se manifiestan entre los habitantes de zonas urbanas y rurales. Al analizar la asociación entre el nivel de percepción y las experiencias de corrupción, no se encontró evidencia de que haya una correspondencia. También se indagó en la posible relación que hay entre la respuesta institucional, medida a través de la existencia de Programas Anticorrupción y los niveles de victimización por corrupción, sin que tampoco se haya encontrado una asociación entre ambas. Los censos nacionales de gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, revelan que los estados, y los municipios al interior de los mismos, tienen diferencias importantes respecto a la proporción de personal que destinan a la función de contraloría interna.
La Convención que dio paso a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, tiene como objetivo crear conciencia y difundir información para luchar contra ella y combatirla. Las cifras mostradas en el presente boletín son un ejemplo del tipo de información que los distintos proyectos estadísticos generados por el INEGI pueden brindar para sumar al debate de los grandes temas de interés nacional, en este caso lo concerniente al combate a la corrupción.
Para conocer más acerca de las estadísticas de corrupción se recomienda consultar la publicación En Números. Características de las víctimas de corrupción en México, publicado recientemente por el INEGI. Para acceder a la publicación consulte:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825078096
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Aguascalientes, Ags, 8 de diciembre 2015.- (aguzados.com).- La detención arbitraria o detención sin contar con la orden correspondiente es la principal violación a los derechos humanos registrada por los OPDH; en 2013 recibieron quejas por 6 mil 092 presuntos hechos violatorios y en 2014 ascendieron a 8 mil 061.
Las procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades federativas son las instituciones con más señalamientos como responsables de los presuntos hechos violatorios que se registraron en los OPDH, con 23 y 20 por ciento en 2013 y 2014, respectivamente.
Los OPDH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante 2013 y 2014, respectivamente.
La omisión a proporcionar atención médica es la violación más recurrente al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, con mil 60 hechos registrados en el 2013 y 3 mil 477 hechos durante el 2014.
En 2013, los OPDH promovieron 15 mil 751 medidas y acciones con el fin de proteger y defender los derechos humanos, tales como conciliaciones, recomendaciones, acciones de inconstitucionalidad y solicitud de medidas precautorias o cautelares; en 2014 promovieron 15 mil 675.
El día de los derechos humanos
El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta Declaración enuncia los derechos fundamentales de todas las personas basados en el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de igualdad ante la ley y los ideales de la libertad, la justicia y la paz de todas las naciones. Dos años después, el 4 de diciembre de 1950, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en concordancia con el aniversario de dicha Declaración, adoptó en su resolución A/RES/423(V) el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos, a fin de instar a los estados a que adopten esta conmemoración y redoblen sus esfuerzos en esta materia.
Este año la ONU impulsa su campaña “Nuestros Derechos. Nuestras libertades. Siempre”, para celebrar el 50 aniversario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Estos Pactos son dos de los más importantes instrumentos de derechos humanos y establecen el marco para el cumplimiento efectivo de derechos tales como la libertad de expresión, libertad de culto, derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho a un juicio justo (PIDCP), derecho al nivel más alto de salud física y mental, derecho a la educación y derecho al trabajo, entre otros (PIDESC).
El INEGI se suma a esta conmemoración presentando algunos datos estadísticos sobre la situación de las violaciones a los derechos humanos en México, a partir de la información recopilada en los Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas, derivada de las quejas recibidas y las investigaciones llevadas a cabo, durante 2013 y 2014.
Los Derechos Humanos, un acercamiento a su concepto y su marco normativo
El principio de igualdad y no discriminación enunciado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que todas las personas gozan de los derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, incluyendo la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa.
En este sentido, los Derechos Humanos son garantías jurídicas universales que tienen el objetivo de proteger la dignidad humana y las libertades de las personas por el hecho de pertenecer al género humano. Son principalmente los gobiernos quienes están obligados a observar los deberes y prohibiciones de los marcos normativos de derechos humanos.
Los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin importar la jurisdicción del territorio al que pertenezcan, es decir, son inherentes, inalienables y universales. No existe una jerarquización entre ellos, por lo que no se acepta el detrimento o sacrificio de un derecho a favor de otro; es decir, son indivisibles y en tanto que la privación o reconocimiento de un derecho afecta el ejercicio de otro u otros derechos, son interdependientes. Por último, y en tanto que no se acepta cualquier retroceso o regresión de los derechos reconocidos por los Estados y estos tienen un carácter evolutivo y pueden aparecer otros derechos que sean necesarios para proteger la dignidad humana, los derechos humanos son progresivos.
Marco jurídico internacional y nacional de los derechos humanos
Los derechos humanos son reconocidos a nivel internacional y en los marcos normativos nacionales. En México, la Constitución Política reconoce los derechos humanos de las personas y establece que todas ellas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el país es parte, favoreciendo en todo momento a las personas (principio pro persona) .
En los últimos años, el marco normativo a nivel nacional se ha expandido y se han incorporado leyes y reglamentos que protegen los derechos humanos con base en los compromisos internacionales de los que México es parte. Igualmente, la administración pública federal cuenta con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 el cual es transversal a las acciones de todas las instancias gubernamentales federales a fin de generar las condiciones que propicien el pleno ejercicio de los derechos humanos.
A nivel internacional, el Estado mexicano se ha adherido a la Carta Universal de Derechos Humanos, al Sistema Interamericano y ha ratificado diversos tratados, declaraciones, protocolos y otros instrumentos internacionales para la protección de derechos específicos. La Carta Universal está conformada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacan: la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Estos y otros instrumentos como las Convenciones establecen el piso mínimo para garantizar los derechos humanos y no representan de ninguna forma una lista cerrada de derechos.
La protección y defensa de los derechos humanos en México. Estadísticas de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos.
El Estado es el principal responsable de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Para su protección y defensa se han creado distintos mecanismos e instituciones de naturaleza jurisdiccional y no jurisdiccional. En México, el sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos se compone de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los treinta y dos organismos de protección y defensa de las entidades federativas, los cuales están basados en el modelo denominado Ombudsman.
La principal función de los OPDH es la de conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos con el objetivo de determinar la existencia de alguna violación y, en su caso, la posibilidad de la restitución plena del goce de los derechos del agraviado y la reparación de los daños que se le hayan ocasionado, así como emitir observaciones, recomendaciones e informes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos a las autoridades correspondientes.
Durante el 2013, los OPDH de 30 entidades federativas recibieron un total de 169 mil 911 quejas, de las cuales se abrió expediente a 42% (se abrieron 72 mil 582 expedientes), y 78% de estos (56 mil 637) fueron calificados por las Visitadurías como de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. En estos 56 mil 637 expedientes calificados de esa forma, se registraron 87 mil 514 hechos presuntamente violatorios. En promedio cada expediente ampara a dos presuntas violaciones.
En el 2014, el número de violaciones de los derechos humanos conocidos por los OPDH llegó a los 115 mil 291 hechos, contenidos en 73 mil 521 expedientes calificados como tales por los OPDH.
En cuanto a la población que fue afectada en el goce de sus derechos, durante 2013 se registraron 75 mil 853 víctimas: 58% hombres (43 937), mientras que las mujeres representaron 38% (29 037). En 2014, las víctimas sumaron 88 mil 574: 46 mil 511 fueron hombres (52%) y 32 mil 672 mujeres (37%).
Instituciones señaladas como responsables de las presuntas violaciones a los derechos humanos
De acuerdo con la información recopilada por el INEGI en los OPDH de las entidades federativas, durante 2013 las principales instituciones señaladas como responsables de hechos violatorios de los derechos humanos fueron:
A nivel federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 778 hechos presuntamente violatorios imputados; la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), con 631 hechos presuntamente violatorios imputados y la Policía Federal, a la que se le señaló como responsable en 586 hechos.
A nivel estatal, las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas (20 095 hechos presuntamente violatorios imputados), las instituciones de seguridad pública estatales (11 177 hechos presuntamente violatorios imputados) y las secretarías de gobierno (7 878 hechos presuntamente violatorios imputados).
A nivel municipal, las secretarías o direcciones de seguridad pública y vialidad fueron las instituciones con el mayor número de hechos presuntamente violatorios imputados (11 974).
Datos preliminares de la información recopilada por el INEGI este año, muestran que en 2014 las principales instituciones señaladas como responsables de hechos violatorios de los derechos humanos no presentan modificaciones respecto al año anterior. A nivel federal el IMSS fue señalado en 1 060 hechos violatorios, la Policía Federal en 412 y la Sedena en 345. Las instituciones de las entidades federativas señaladas con mayor frecuencia por presuntos hechos violatorios fueron: procuradurías generales de justicia (23 199 hechos), secretarías de seguridad pública estatales (13 579 hechos) y secretarías de educación pública estatales (9 350 hechos); mientras que a nivel municipal, las secretarías o direcciones de seguridad pública y vialidad fueron señaladas como responsables de 11 958 hechos violatorios.
Resolución y conclusión de expedientes de hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos
Existen diferentes situaciones y procedimientos a través de los cuales los OPDH pueden concluir o determinar los expedientes calificados como de presuntos hechos violatorios:
Se resuelven mediante conciliación. Los OPDH promueven la restitución de los derechos de la persona agravada y la reparación del daño por parte de la autoridad después de que se califica el expediente y antes de que se inicie la investigación. En 2013 se concluyeron 2 mil 594 expedientes por conciliación y para el 2014 se tienen registrados 3 mil 479.
Concluyen por desistimiento o falta de interés de la persona quejosa. En 2013, 5 mil 602 expedientes fueron concluidos porque las personas quejosas desistieron continuar con el proceso; en 2014 fue un total de 8 mil 501.
Concluyen cuando la autoridad toma las medidas necesarias para resolver la violación antes de que el organismo emita alguna resolución. En esta situación se encontraron 2 mil 875 expedientes calificados como de presuntos hechos violatorios en 2013 y 11 mil 927 durante el 2014.
Concluyen cuando se determina la no competencia del OPDH para resolver el asunto. En 2013 se reportaron 3 mil 696 expedientes en esta situación y en 2014, 3 mil 145.
Se resuelven por recomendación. Como organismo no jurisdiccional, los OPDH pueden emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, las cuales señalarán las medidas que debe realizar la autoridad a fin de que proceda la efectiva restitución de los derechos humanos de las personas afectadas, y si procede, la reparación de los daños. En 2013, mil 360 expedientes concluyeron con esta medida y mil 330 en el 2014.
Un número importante de expedientes queda pendiente de concluir o resolver al final de cada año. En 2013 esta cifra ascendió a 14 293 y en 2015 fueron 19 551.
Medidas promovidas y acciones llevadas a cabo por los OPDH para la protección y defensa de los derechos humanos
De las formas en que se resuelve o concluye un expediente de queja, existen dos que implican acciones por parte de los OPDH para prevenir futuras violaciones y proteger a las personas afectadas: la promoción de conciliaciones y la emisión de recomendaciones. Existen otras medidas que de manera directa, sin la necesaria mediación de una queja, los OPDH pueden promover o solicitar para defender y proteger los derechos humanos: las acciones de inconstitucionalidad y la solicitud de medidas precautorias o cautelares.
En 2013, los OPDH promovieron y llevaron a cabo un total de 15 mil 715 medidas y acciones para la protección y defensa de los derechos humanos y 15 mil 675 en el transcurso de 2014. La mayoría corresponde a la solicitud de medidas precautorias o cautelares, las cuales representan casi dos terceras partes del total: en 2013 se impulsaron 10 mil 28 acciones de este tipo (63.8%) y en 2014 se solicitaron 9 mil 604 (61.3%). En cuanto a la promoción de conciliación entre las partes, en 2013 los OPDH promovieron 3 mil 824 (24.3%) y en 2014, 4 mil 131 (26.4%). Se puede observar que la mayor parte de las medidas y acciones impulsadas para defender y proteger los derechos humanos implican la rápida resolución o la toma de medidas inmediatas para reducir o detener la transgresión de los derechos humanos, lo anterior dada la propia naturaleza y características de los OPDH que buscan resolver los asuntos en procesos breves y alternativos.
Las acciones que llevan a cabo los OPDH y que tienen un mayor impacto sobre las propias transgresiones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado, son las recomendaciones emitidas, las cuales a pesar de no ser vinculatorias, cuentan con una “carga social” al ser públicas y ser formuladas por una institución con fuerte peso moral, según las características del modelo ombudsman. Poco más de la décima parte de las medidas y acciones llevadas a cabo por los OPDH corresponde a la emisión de recomendaciones: mil 859 (11.8%) en 2013 y mil 936 (12.4%) en 2014.
Las autoridades o instituciones a las que se dirigen las recomendaciones tienen la obligación de aceptar o rechazar explícitamente las mismas y los OPDH tienen la atribución de dar seguimiento a su cumplimiento. Del total de recomendaciones emitidas en 2013, al 31 de diciembre de ese año, 81.2% fueron aceptadas, 5.1% rechazadas y 10.1% estaban pendientes de aceptación.
De las recomendaciones aceptadas 35.5% habían sido cumplidas, 28.1% tenían un cumplimiento parcial, y de 36.4% no se tenían pruebas de su cumplimiento.
En 2014, 87.7% de las recomendaciones fueron aceptadas, 5.5% rechazadas y 8.6% estaban pendientes; mientras que del total de recomendaciones aceptadas, 38.9% habían sido cumplidas, 35.4% presentaban un cumplimiento parcial y de 25.7% no se tenían pruebas de su cumplimiento.
Por último, otra medida que pueden promover los OPDH son las acciones de inconstitucionalidad, que por ser acciones en contra de normas generales son reducidas en número: en 2013 y 2014 se tiene registrada la misma cantidad: 4 acciones de inconstitucionalidad promovidas cada año.
Una mirada a la situación de los Derechos Humanos en México. Los principales derechos transgredidos.
La información recabada por los OPDH permite un acercamiento a los principales derechos humanos transgredidos que se registraron en los expedientes de queja calificados por éstos. Durante 2013 y 2014, fueron el: derecho a la libertad y seguridad de la persona; derecho a no ser sometido a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que para 2014 se incluyó como derecho a la integridad personal; derecho a un juicio justo y derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Derecho a la libertad y seguridad de la persona
Conforme al Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, por lo que no puede ser privado de su libertad arbitrariamente, y ello incluye: detención arbitraria, violencia desproporcionada durante la detención, retención ilegal, incomunicación o aislamiento y negativa, restricción u obstaculización de la adecuada protección judicial. Igualmente, estos hechos violatorios se encuentran expresamente prohibidos en el Artículo 16 constitucional.
Durante 2013 se registraron 6 mil 92 presuntas detenciones arbitrarias o sin contar con la orden correspondiente, mientras que en 2014, ascendieron a un total de 8 mil 61 violaciones del mismo tipo y ello representa un incremento anual del 32.3% entre 2013 y 2014.
Relacionado con la detención arbitraria se encuentra el ejercicio de violencia desproporcionada durante la detención: en el 2013 se registraron mil 947 presuntos casos y mil 340 en el 2014.
En tanto que el derecho a la libertad y seguridad de la persona se encuentra vinculado con el derecho a la seguridad jurídica, su cumplimiento implica que los procedimientos de procuración e impartición de la justicia se sigan conforme a la ley. De ahí que algunos hechos violatorios de este derecho son: la retención ilegal, incomunicación o aislamiento y la negativa, restricción u obstaculización de la adecuada protección judicial. En el 2013 y 2014, se registraron 592 y 572 presuntos casos de incomunicación o aislamiento, respectivamente; 707 presuntas retenciones ilegales en 2013 y 1 188 en 2014; y 478 presuntas negativas, restricciones u obstaculizaciones a la adecuada protección judicial en 2013, y 2 161 en 2014.
En el caso de las personas víctimas de las principales violaciones al derecho a la libertad y seguridad de la persona, se muestra que en su mayoría las víctimas son hombres. Los hechos violatorios que presentan mayor diferencia entre el número de víctimas mujeres y hombres son la detención arbitraria y ejercer violencia desproporcionada durante la detención.
En 2013, 26.4% de las víctimas de detención arbitraria o detención sin contar con la orden correspondiente fueron mujeres y 73.4% hombres. En 2014, el porcentaje de mujeres víctimas de esta violación fue de 25.7 por ciento y el de hombres de 71.5 por ciento.
Respecto a las víctimas de violencia desproporcionada durante la detención, en 2013 el porcentaje de mujeres fue de 29.7, y el de hombres de 70.2; mientras que en 2014 las mujeres víctimas representaron 19.9 por ciento y los hombres 75.8 por ciento.
Derecho a la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Todas las personas tienen derecho a la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este derecho se encuentra protegido en diversos tratados y declaraciones Internacionales a los que México se ha adherido como: el Protocolo de Estambul, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. También el artículo 29 constitucional establece que en México no se puede expedir ningún decreto que suspenda la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y la servidumbre.
En México, los OPDH de las entidades federativas registraron durante 2013, 3 mil 195 presuntos hechos de trato cruel, inhumano o degradante, y 3 mil 20, durante 2014.
Relacionado con estos hechos violatorios, se registraron 2 mil 65 y 2 mil 850 amenazas e intimidaciones durante el 2013 y 2014. En el caso de presuntos hechos de empleo arbitrario de la fuerza pública, se registraron mil 617 en 2013 y 3 mil 333 hechos en 2014.
De acuerdo con la información recopilada, las víctimas de los principales hechos violatorios del Derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se distribuyeron de la siguiente forma: en 2013 se registraron 607 mujeres víctimas y mil 612 hombres víctimas de acciones u omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de su libertad; en 2014 disminuyó al pasar a 425 mujeres víctimas y mil 96 hombres.
En 2013, se registraron 2 mil 698 hombres víctimas de Tratos crueles, inhumanos o degradantes y mil 11 mujeres. El registro de estos hechos violatorios disminuyó en 2014, pues pasó a 588 mujeres víctimas y mil 963 hombres víctimas de estos hechos.
En el caso del empleo arbitrario de la fuerza pública existe un aumento de casi el doble de número de víctimas hombres, al registrarse mil 173 (2013) y 2 mil 248 para 2014. Lo mismo ocurre entre las mujeres víctimas, donde también se observa un aumento considerable al registrarse 475 mujeres víctimas de uso arbitrario de la fuerza pública en 2013, mientras que en 2014 pasó a 991.
Derecho a un juicio justo
El Artículo 20 Constitucional enuncia algunas de las características del derecho al juicio justo, al igual que se señala en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica.
Entre las violaciones al derecho al juicio justo registradas por los OPDH encontramos: diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente, del cual se identificaron 639 presuntos hechos en 2013 y un aumento significativo en 2014, con
1 650 violaciones de este tipo.
También se encuentra el incumplir con alguna formalidad para la emisión o ejecución de una orden de cateo, de la cual se registraron 488 (2013) y 931 (2014) hechos violatorios. Los OPDH de las entidades federativas conocieron en 2013 de mil 85 hechos relativos a la negativa, restricción, obstaculización para implementar o poner en marcha las medidas de protección de las niñas y de los niños que se requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, y 497 hechos en 2014.
Respecto a omitir, obstaculizar e impedir la comunicación del defensor o los familiares se registraron 241 hechos en 2013 y 245 durante 2014.
Por último, de la negativa, restricción, obstaculización u omisión a recibir asesoría como víctima de un delito, o información sobre el desarrollo del procedimiento, se hicieron del conocimiento de los OPDH 391 violaciones en 2013 y 467 hechos en 2014.
En cuanto a la violación de diferir la presentación del detenido ante la autoridad competente, no se presentan grandes diferencias por sexo de las víctimas. En 2013 se registraron 291 víctimas mujeres y 377 víctimas hombres, en tanto que en 2014 el número aumentó a 866 víctimas mujeres y 926 víctimas hombres. Mientras que el número de mujeres víctimas de la negativa, restricción u obstaculización para llevar a cabo las medidas de protección de las niñas y niños es considerablemente mayor al número de hombres, ya que se registraron 855 mujeres y 531 hombres víctimas de este hecho violatorio durante el 2013, representando una diferencia significativa. Para 2014 esta diferencia por sexo es mínima.
Derecho a la salud
En México, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud conforme al Artículo 4 constitucional. El artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre hace explícito el derecho a la preservación de la salud de las personas a través de la atención médica. Otros tratados internacionales que protegen el derecho a la salud son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 12), la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre (Artículo 11) y el Pacto de San Salvador (Artículo 10).
Igualmente, México ha asumido el compromiso de proteger la salud sexual y reproductiva de las personas a nivel internacional con base en el Programa de Acción de El Cairo y el Programa de Acción de la Plataforma de Beijing.
En 2013 y 2014 resaltan las siguientes violaciones al derecho a la salud hechas del conocimiento de los OPDH de las entidades federativas:
- Omitir proporcionar atención médica con 1 060 hechos registrados en 2013 y 3 477 en 2014.
- Omitir suministrar medicamentos con 78 hechos registrados en 2013 y 665 en 2014.
- Hechos violatorios que trasgreden el derecho a la salud sexual y reproductiva, con 13 hechos violatorios registrados en 2013 y 11 hechos en 2014.
Al igual que en la mayoría de los derechos humanos anteriormente descritos, en el derecho a la salud los OPDH registran un mayor número de víctimas hombres que mujeres. Sin embargo, se pone de manifiesto que las violaciones al derecho a la salud sexual y reproductiva son ejercidas principalmente hacia las mujeres. En 2013 se registraron 7 hombres víctimas y 17 mujeres víctimas de hechos que afectaron su derecho a la salud sexual y reproductiva. En 2014, se registraron 3 hombres y 8 mujeres víctimas.
Con esta información el INEGI se suma a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, aportando datos estadísticos sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los agentes del Estado y que los OPDH de las entidades federativas registran en sus expedientes de queja. Esperamos que dicha información abone a una mejor comprensión de la situación de los derechos humanos en México y promueva su respeto y conocimiento.
Para conocer una versión extensa de los temas abordados en estas Estadísticas a propósito de… se recomienda consultar la publicación En Números. Estadísticas de los Derechos Humanos en México desde los Organismos Públicos encargados de su protección y defensa en México 2013, el cual se editó en el marco del proyecto “Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México”, que se ha impulsado con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH México) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Para acceder a la publicación y a los principales resultados de este proyecto estadístico, consulte:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/
y http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/default.aspx
Referencias bibliográficas
• Diario oficial de la Federación, DECRETO por el que se reforma el Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992.
• ________, DECRETO por el que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1990. [Disponible en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4659530&fecha=06/06/1990]
• ________, DECRETO por el cual se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el DOF el 10 de junio de 2011.
[Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011]
• González M., & Castañeda M., La evolución histórica de los derechos humanos en México. México, CNDH, 2011.
• Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Elementos básicos de derechos humanos, guía introductoria, IIDH, 2008.
• INEGI, Recopilación de información de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos en México, 2014 y 2015.
• OACNUDH México, 20 claves para conocer y comprender mejor los Derechos Humanos, México, OACNUDH, 2011.
• Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, [Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2000.pdf]
• Organización de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/423(V) declara el 10 de diciembre Día de los Derechos del Hombre [Disponible en:
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/423(V)
• Soberanes Fernández, José Luis, El Ombudsman en México [Conferencia], en: Memoria del Segundo Congreso Internacional: El Orden Jurídico de la Consolidación Democrática, SEGOB – IDEA Internacional, México, 2006.
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- Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre
- Datos nacionales
Aguascalientes, Ags, 1 de diciembre 2015.- (aguzados.com).- En 2014, la prevalencia de la discapacidad en México es de 6 por ciento.
Las dificultades para caminar y para ver son las más reportadas entre las personas con discapacidad.
Los principales detonantes de discapacidad en el país son las enfermedades (41.3%) y la edad avanzada (33.1 por ciento).
23.1% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuentan con algún nivel de escolaridad.
De la población con discapacidad, 83.3% es derechohabiente o está afiliada a servicios de salud.
Las personas con dificultades para ver son las que más asisten a la escuela (42.4%) entre la población con discapacidad de la población de 3 a 29 años.
Participa en actividades económicas 39.1% de la población con discapacidad de 15 años y más, frente a 64.7% de su contraparte sin discapacidad.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la resolución 47/3 adoptada en octubre de 1992, proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad y en el desarrollo (ONU, s/f). Para conmemorar esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un panorama sociodemográfico de este sector de la población, a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014 (ENADID, 2014).
Así mismo, la información que se presenta responde a la recomendación del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de fomentar la recopilación y difusión de datos y estadísticas que permitan formular y aplicar políticas (Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y atiende al Objetivo 1 del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, específicamente a la estrategia 1.5 que señala que se deben fomentar acciones para la captación, producción, procesamiento, sistematización y difusión de información estadística para consolidar el Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad (DOF, 2014).
La ENADID 2014 captó información sobre las personas con discapacidad usando la metodología del Washington Group on Disability Statistic (WG), que se basa en el enfoque de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). De acuerdo con dicha metodología, se definen a dos grupos de población: las personas con discapacidad, quienes presentan mucha dificultad o no pueden hacer actividades básicas, y las personas que tienen dificultades leves o moderadas en la realización de actividades, las cuales se clasifican como personas con limitación, que si bien no tienen discapacidad e incluso algunas de ellas pueden no experimentar restricciones en su participación en actividades como ir de compras, hacer las tareas del hogar, trabajar o ir a la escuela, se les considera en mayor riesgo que la población general de experimentar limitaciones en la realización de tareas específicas (actividades) o restricciones de participación en la sociedad (WG, 2010), debido a la presencia de las dificultades reportadas.
Estructura y composición
En el 2014, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hay en México cerca de 120 millones de personas. De ellos, casi 7.2 millones reportan tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas por las que se indaga (personas con discapacidad), alrededor de 15.9 millones tienen dificultades leves o moderadas para realizar las mismas actividades (personas con limitación) y 96.6 millones de personas indican no tener dificultad para realizar dichas actividades.
Esto significa que la prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6 por ciento. Por su parte, las personas que se encuentran en mayor riesgo de experimentar restricciones en su participación o limitaciones en sus actividades representan 13.2% de la población y quienes no viven con discapacidad o limitación constituyen el 80.8% restante. Al examinar la distribución por sexo de estos tres grupos poblacionales se aprecia que es similar, aunque la proporción de mujeres es ligeramente superior entre la población con discapacidad (53.5% frente a 52.7% de la población con limitación y 50.9% de la población sin discapacidad o limitación).
La estructura por edad de la población con discapacidad muestra una mayor concentración en los adultos mayores, lo cual contrasta con quienes no viven con esta condición. Los mayores volúmenes de personas se ubican en los de menos de 20 años. Por sexo, entre la población con discapacidad de 0 a 39 años, el porcentaje de varones supera al de mujeres, pero a partir de los 45 años, la relación se invierte, alcanzando las mayores diferencias a partir de los 65 años; esta situación puede estar relacionada con la mayor esperanza de vida de la población femenina y el mayor riesgo de padecer discapacidad debido a la edad.
Distribución territorial
Conocer la distribución territorial de la población con discapacidad en México permite desarrollar estrategias y programas encaminados a satisfacer sus necesidades con oportunidad y equidad. En 15 de las 32 entidades federativas del país, la prevalencia de la discapacidad entre la población que reside en cada una de ellas es mayor que la observada a nivel nacional. Nayarit y Durango son las entidades que presentan las prevalencias más altas del país, con 8.2 y 7.5% respectivamente. Le siguen tres estados con una prevalencia de 7.4% (Colima, Jalisco y Zacatecas). Las otras entidades con valores por encima de la nacional son: Michoacán (6.9%), Baja California Sur (6.8%), Veracruz (6.7%), Chihuahua y San Luis Potosí (6.6%), Oaxaca, Sinaloa y Yucatán (6.5%), Estado de México (6.2%) y Guerrero (6.1 por ciento).
En Querétaro, la prevalencia de la discapacidad es igual que la nacional (6.0%) y en las restantes 16 entidades es menor. Chiapas (4.1%), Coahuila (4.5%), Distrito Federal (4.7%), Tamaulipas (5.1%), Aguascalientes y Puebla (5.2%), Quintana Roo (5.3%), Tlaxcala (5.4%), Nuevo León y Sonora (5.5%), Hidalgo y Morelos (5.6%), Guanajuato (5.7%), Baja California (5.8%) y Tabasco y Campeche tienen una prevalencia de 5.9 por ciento.
Por sexo, la prevalencia de la discapacidad en las mujeres es superior a la de los hombres en 25 de las 32 entidades federativas. Las mayores diferencias se observan en Baja California Sur, Distrito Federal y Sonora, donde la prevalencia entre las mujeres supera a la observada entre los hombres por entre 1.6 y 1.4 puntos porcentuales; Nayarit presenta las más altas prevalencias de discapacidad a nivel nacional, 8.6% para las mujeres y 7.8% en los hombres. En el extremo opuesto, las prevalencias de la discapacidad más bajas en el territorio nacional se ubica en el Distrito Federal entre la población masculina (4.0%) y en Chiapas, para la población femenina con 4.2 por ciento.
Tipo de discapacidad
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la línea estratégica de acción 3 (Promover la producción y análisis de datos sobre discapacidad y apoyar la investigación) del Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación (2014-2019), señala que “la disponibilidad de información y evidencia científica permitirá entender mejor la realidad de la discapacidad en nuestros países y facilitará la toma de decisiones” (OPS, 2014: 10). Por su parte, la estrategia 2.2.4 (Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena) del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se propone como una de las líneas de acción “establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación” (Gobierno de la República, 2013:117).
Para contribuir al cumplimiento de estos planteamientos es necesario conocer cómo se distribuye el fenómeno de la discapacidad entre la población según el tipo de dificultad o de limitación que presentan. Vale la pena resaltar que la pregunta sobre discapacidad incluida en la ENADID 2014 permite una respuesta múltiple; es decir, una persona puede declarar tener dificultad o limitación en más de una actividad. Como resultado de ello, además de mostrar la complejidad de la condición de discapacidad, la cual puede afectar varios ámbitos del funcionamiento de las personas, la cantidad de limitaciones reportadas es mayor que el número de personas con discapacidad.
Para información ampliada consulte la página del Instituto: www.inegi.gob.mx
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- Asistieron más de 200 representantes de taxistas, urbanistas, académicos, ciclistas, entre otros
Aguascalientes, Ags, 5 de diciembre 2015.- (aguzados.com).- La Asociación Civil “Para que Tú Avances”, recopiló las diversas inquietudes de la población en torno a los contenidos de “Movilidad y Transporte”, donde se plantearon las principales problemáticas y soluciones en el Estado de Aguascalientes.
La secretaria técnica de dicha Asociación, Leticia Vázquez Méndez, señaló que con estos foros se genera una dinámica de participación que permite a todas las partes expresar su opinión, en esta ocasión fueron convocados taxistas, urbanistas, académicos, ciclistas, peatones y arquitectos, quienes manifestaron su beneplácito de que asistiera como invitada especial Lorena Martínez, ya que tuvo la oportunidad de escuchar todas las posturas respecto al tema.
“Nos da mucho gusto recibir a las y los participantes, sin duda este foro de movilidad y transporte ayudará a tener una visión muy clara de lo que quieren los aguascalentenses y sobre todo lo que estamos dispuestos a hacer para mejorar nuestro entorno urbano”.
Detalló que el objetivo de la asociación es generar diálogos ciudadanos acerca de diferentes rubros, a fin de analizar y contribuir a las políticas públicas del Estado, entre ellos se destacan los asuntos de carácter educativo y de jóvenes.
“Somos más de 200 personas que estamos aquí reunidas para encontrar las soluciones más certeras y de mayores beneficios para la población en general, los invito a que a conozcan las conclusiones de estas mesas en la página de internet”.
Las mesas de trabajo fueron divididas en: normatividad, ciudad peatonal incluyente, ciclovías, metropolización y conurbación, transporte público, desarrollo estatal equilibrado, infraestructura vial y movilidad.
Finalmente, dijo que se continuará con este acercamiento abierto a todos los sectores de la entidad, con el fin de incluir todas las visiones en la conformación de una agenda pública que sea viable y cuente con el aval de la ciudadanía.
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Yohana Ríos
Tepic, Nay, 25 de noviembre 2015.- (aguzados.com).- (Agencia Informativa Conacyt).- “Las mujeres tienen más enfermedades porque están sometidas a un mayor estrés; el intento de conciliar la vida laboral con la familiar ocasiona que las mujeres tengan menos tiempo para sí mismas, en cambio se dan más espacios de recreación para los varones”, afirmó la doctora en Ciencias, Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, quien es miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Además de la experta en sociología de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), tres especialistas de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), respectivamente, trabajan en la investigación denominada Armonización de la vida laboral y familiar, un proyecto con perspectiva de género financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Es un proyecto que trata de encontrar de qué manera el estado y específicamente las universidades reparten las responsabilidades entre hombres y mujeres, responsabilidades tanto laborales como familiares, porque hasta ahora la responsabilidad de la familia ha sido asignada arbitrariamente a las mujeres y esto ha sido recogido por los códigos civiles, normatividad, los seguros de vida, por las reglamentaciones universitarias, de tal manera que a las mujeres se les impone el hecho de que tengan que hacerse cargo de la crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos y la organización del hogar”, aseguró.
Añadió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que esta situación atenta contra la igualdad de las mujeres, pues tener la responsabilidad del hogar impide que asciendan a trabajos más profesionales y más dignos.
Desigualdad en la academia
Los primeros resultados de la investigación revelaron que existe un andamiaje cultural que designa a la mujer como la responsable de los trabajos del hogar y que las universidades públicas de la zona occidente no escapan de esta realidad; Lourdes Pacheco aseguró que las académicas se enfrentan a dicha desigualdad día con día.
“Uno de los problemas fundamentales es que a las mujeres y a los hombres académicos no nos evalúan con los mismos criterios, por ejemplo, si una mujer que en un año tiene un parto y por lo tanto tiene una crianza, es evaluada, claramente su trabajo académico disminuye porque tuvo que dedicar tiempo al hogar y a la crianza; esto no se toma en cuenta, y lo que nosotras pretendemos es que el trabajo que se dedica al cuidado de los hijos se considere para las evaluaciones académicas”, afirmó.
Además de las evaluaciones anuales de productividad que las especialistas pretenden modificar con esta investigación, esperan coadyuvar a la reforma de diversas normativas, como los permisos de paternidad y maternidad.
“En la Ley Federal del Trabajo se establecieron cinco días de licencia de paternidad, las universidades no lo han incorporado, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es el único que tiene aproximadamente once días de paternidad, entonces tratamos de crear instrumentos que permitan a las universidades incorporar a los varones a este trabajo de la crianza”, finalizó.
El estudio que en coordinación realizan las cuatro universidades públicas se finalizará el próximo mes de abril de 2016.
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