- La organización evaluó los procesos de compra de la estatal y halló una serie de fallas relacionadas con transparencia y el rendimiento de cuentas
Ciudad de México.- 22 de noviembre de 2021.- (aguzados.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha mostrado evidencias sobre avances de su plan anticorrupción, que fue publicado en 2019, dice un nuevo estudio de México Evalúa, en el que la organización examina los procesos de compra de la empresa eléctrica nacional.
El plan anticorrupción de la estatal contiene una serie de acciones para abatir la corrupción, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Pero, hasta ahora, dice México Evalúa, no hay supervisión, ni evaluación de los riesgos anticorrupción o de las medidas tomadas por la compañía. “Desde su aprobación en 2019, no ha existido ningún reporte de resultados del programa anticorrupción ni actualización de las circunstancias en esta materia”, dice el estudio de la organización.
“Esto preocupa, puesto que la idea de tener un programa anticorrupción, aunque suene a obviedad, es utilizarlo para llegar a un objetivo, no publicar una serie de principios inoperantes para cumplir con una mejor práctica en el papel", señala el think tank. "Sin un instrumento en el que se reflejen resultados, es imposible adecuar la estrategia de mejora. Sin un documento que evidencie la supervisión en el programa anticorrupción, es imposible evaluar su efectividad o idoneidad”, agrega.
En el documento, la organización evaluó un controvertido proceso de adquisición de carbón durante 2020 a productores de Coahuila, que se llevó a cabo por instrucciones presidenciales, como parte de un plan del ejecutivo para reactivar la economía en la zona carbonífera del país. En su evaluación, encontró que no existen elementos suficientes para afirmar que la compañía celebró el proceso bajo principios de transparencia, competencia entre los proveedores y una justificación de compra.
México Evalúa afirma que existió una falta de compromiso de CFE para cumplir cabalmente con su política de anticorrupción, hubo ausencia de transparencia en la publicación de la información de los procesos de compra y falta de seguimiento a indicios de corrupción. “La principal falla que encontramos es la ausencia de un documento de reporte de resultados y avances, lo que va en contra de las mejores prácticas internacionales en materia anticorrupción. Por lo demás, identificamos fallas tanto en la supervisión del programa anticorrupción como en su implementación”.
En el pasado, los procesos de compra de carbón por parte de la eléctrica nacional han sido históricamente señalados por indicios de corrupción e irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación y por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo. Y, aunque México Evalúa no halló hechos de corrupción en el proceso, sí señala que la eléctrica no realizó el proceso de una forma distinta a cómo se hizo en anteriores administraciones. Esta compra se llevó a cabo bajo una adjudicación directa, sin una justificación de compra y sin intervención del consejo de administración en la decisión. “En esta compra no existió siquiera el intento por prevenir, atender o gestionar estrategias anticorrupción”, asegura la organización en el documento.
México Evalúa halló que la información sobre las compras de la estatal mexicana es difusa, no siempre se da a conocer o se publica de manera que su seguimiento se vuelve complicado. En el caso de la compra de carbón, la CFE no dio a conocer información sobre el estudio de mercado, la manifestación de impacto social o las propuestas de otros proveedores que habrían participado en el proceso.
La organización concluyó que la CFE debe de revisar el proceso y los lineamientos de su política anticorrupción, uno de los principales ejes discursivos de la actual administración federal. “Lo anterior nos lleva a concluir que al interior de la CFE hace falta revisar el diseño, la implementación y la supervisión de la política anticorrupción, particularmente en materia de compras, a fin de mejorar los sistemas preventivos y la identificación, investigación y sanción de riesgos potenciales de corrupción, a la luz del marco constitucional y de las mejores prácticas internacionales”.
