- En una encrucijada sin solución en el mediano plazo
- Están los afectados por el envenenamiento de reses
Alfonso Morales Castorena
Calvillo, Aguascalientes.- 11 de julio de 2016.- (aguzados.com).- La definición de las acciones a tomar para lograr la indemnización prometida por las autoridades federales y estales y con ello recuperar parte de su capacidad de trabajo, del patrimonio perdido y así poder reiniciar sus actividades como productores pecuarios con criaderos de ganado y engordadores de reses, los 80 afectados por el envenenamiento masivo de vacas con pollinaza contaminada, sostendrán enésima reunión de trabajo en sus instalaciones de la Asociación Ganadera Local mañana a primera hora, informaron varios de ellos.
Aparte de que se intentará que aquellos que han sido excluidos de las indemnizaciones que extenderá la compañía aseguradora de este tipo de catástrofes ganaderas, sean objeto de apoyos especiales por conducto de las autoridades del ramo y que éstas no eludan su responsabilidad social con el argumento de que se carece de los fondos necesarios para auxiliarlos por el cierre de administración gubernamental, como lo aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE) J. Pilar Moreno Montoya, en la última de sus reuniones con ellos, dijeron.
También llevan en cartera la definición del destino de los esqueletos de decenas de reses muertas que cayeron en los potreros y que ante la incapacidad de su desplazamiento por lo intrincado de los caminos, los senderos y las veredas rurales, sus cadáveres quedaron a la intemperie y fueron pasto de los animales montaraces, sin que estos últimos aparentemente acusaran los efectos del veneno que mató a los vacunos.
Varios cadáveres quedaron entre peñas, hoyancos, lechos de arroyos secos y márgenes de algunos de ellos, que al acusar los efectos de la intemperie en la que quedaron, se convirtieron en un gran foco de infección para los embalses naturales y el agua que captaron por las recientes lluvias en esas zonas agrestes de la campiña del Valle del Huejúcar, puede estar contaminada con el plaguicida órgano-fosforado que contenía la pollinaza ya viciada con toxinas de tipo butólico.
La contaminación del vital líquido representa un riesgo de consecuencias no previsibles, si acaso esa agua que llevan los arroyos y los pequeños ríos que se forman en la sierra por las lluvias, se utiliza tanto para el consumo de los pobladores del predio, como para el riego de sus cultivos, pero esta situación no ha sido evaluada por las autoridades sanitarias como para tomar las providencias del caso y evitar una catástrofe de consecuencias humanas no previsibles.
Fue mentira que las autoridades se hicieran cargo de la movilización de los cadáveres de las reses, tanto por la distancia que existe de predio a predio, como por lo intricado de la ubicación de los potreros y la nula capacidad de transporte vehicular ex profeso para el caso, más la ausencia de la maquinaria pesada para cavar las grandes fosas sépticas que se requerían para enterrar los restos de 60 o 70 vacas muertas y éstas ahí quedaron a “la buena de Dios, para ser alimento de los carroñeros y los animales montaraces, a los que no les importó la gran peste que generaban los cuerpos al entrar en descomposición y que invadía el ambiente”, continuaron diciendo los propios afectados.
Pese a esa situación de incertidumbre que prevalece en el gremio, lo único cierto es que el seguro catastrófico ganadero que administra la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), ha confirmado el pago de 12 mil pesos por vientre caído; 15 mil por vaca muerta y 25 mil por semental envenenado, pero también los ajustadores de esa empresa aseguradora, insisten que sólo se indemnizará a 40 de los 80 ganaderos que resultaron afectados por la contingencia y de ese número, nada más a aquellos que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la compañía en cuestión, sin que se haya mencionado número alguno.
Así lo informaron varios ganaderos cuyas identidades quedaron en reserva por petición expresa, ante el temor de sufrir represalias por parte de las autoridades del ramo, que a toda costa pretenden continuar guardando silencio y seguir mostrando su incapacidad para resolver la crítica problemática que les endosaron los productores pecuarios, integrados al Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA) y a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).
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