- Se dice que a través de organizaciones civiles o en su expresión más extrema en grupos armados
Aguascalientes, Ags.- 29 de diciembre de 2017.- (aguzados.com).- Edgar Guerra Blanco, investigador del programa Cátedras CONACYT asignado al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Región Centro, realiza un estudio para comprender los movimientos sociales encabezados por ciudadanos que actúan de manera individual o colectiva, a través de organizaciones de la sociedad civil o, en su expresión más extrema, en grupos armados.
Para ello, visitó las comunidades de Buenavista, Nueva Italia, La Ruana y Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, donde estas formas de expresión han sido más visibles en los últimos 12 años, como respuesta para hacer frente a la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada.
“La ciudadanía comienza a elaborar estrategias para hacer frente a esta violencia, sobre todo a la violencia criminal, que proviene de las pugnas entre organizaciones criminales, las pugnas entre fuerzas armadas con organizaciones criminales. Ante este fenómeno, la gente fue desarrollando estrategias para evitar la violencia, por ejemplo, deja de transitar por los mismos caminos, trata de evitar ciertas zonas de la ciudad o reprograma sus actividades cotidianas, o bien, la ciudadanía se organiza, creando estrategias de resistencia”, explicó Guerra Blanco a la Agencia Informativa CONACYT.
Ciudadanos organizados
Haber sido víctima directa de la violencia, así como el shock causado por este hecho, es el principal detonante para que las personas se organicen; las condicionantes para el surgimiento de estas estrategias no radica exclusivamente en las acciones perpetradas por las organizaciones delictivas, afirma el investigador, también repercuten factores más estructurales, como la pobreza, la falta de oportunidades en materia de educación y empleo, que son detonantes para que la ciudadanía tome la iniciativa ante muchos problemas públicos.
No obstante, a pesar de los altos índices delictivos que se han registrado en los últimos 10 años, no ha surgido un gran despertar entre la sociedad, situación que obedece a diversos factores.
“Una condicionante, y esta es quizá la que nos debe preocupar más, es lo que llamamos fragilidad institucional, es decir, que desde el mismo Estado no hay condiciones para la organización colectiva, el mismo Estado limita a través de regulaciones, de la falta de presupuesto, reprime a través de fuerzas de seguridad y entonces esto crea condiciones sumamente precarias para la ciudadanía y para la organización social”, señaló Guerra Blanco.
También hay condiciones poco favorables para la organización social en el sistema jurídico y las leyes, existe una reglamentación para el fomento a las organizaciones de la sociedad civil, y en algunas entidades, como Michoacán, existe una ley estatal para normarlas, pero son legislaciones deficientes, pues limitan el acceso a recursos y ponen ciertas barreras para que la gente se organice de manera adecuada.
Para conformar una organización de la sociedad civil, esta debe registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al concluir este trámite, se emite una clave única, con ella los integrantes de la agrupación pueden gestionar recursos y programas de apoyo, pero la legislación condiciona estos beneficios, por ejemplo, a la presentación de iniciativas de ley, generando así un mecanismo de exclusión.
“Y una tercera variable, que también hace que las formas de acción colectiva sean precarias, es la falta de confianza a las organizaciones de la sociedad civil. Hay una encuesta que dice que 85 por ciento de los mexicanos no confía en las organizaciones de la sociedad civil y que preferimos ir a hacer donaciones de manera directa, antes de darlo a un intermediario, aunque sea necesario”, concluyó el investigador del CIDE.
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