- Las adquisiciones se han hecho durante la gestión de Alejandro Gertz Manero
Ciudad de México.- 15 de abril de 2021.- (aguzados.com).- Tal como ocurrió con Pegasus, el Gobierno de México, sigue adquiriendo equipo de espionaje y geolocalización sin transparentar los costos ni el motivo para el cual es utilizado.
Así lo dio a conocer este miércoles el diario español El País, que reveló la firma de cuatro contratos en 2019 y 2020 por 5.6 millones de dólares entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la compañía Neolinx de México.
Esta firma mexicana ha sido intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En 2015, se filtrarán cientos de correos electrónicos y documentos internos con detalles de sus operaciones.
La información dada a conocer reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos. México había sido hasta entonces su principal cliente y en particular entidades como Guerrero y el Edomex, así como la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.
En abril de 2018 habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.
Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía.
El primer contrato celebrado durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares.
El objeto fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135 mil búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”, según un reporte del Órgano Interno de Control (OIG) de la FGR.
El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la Fiscalía en el sexenio anterior y que era usado sin control.
La empresa que lo produce describe la función como una solución única que permite a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley ubicar, rastrear y manipular a los suscriptores de GSM / UMTS / 3G / 4G (LTE) de manera encubierta y virtualmente desde cualquier lugar del mundo, todo en tiempo real.
Otro de los contratos firmados por la FGR con Neolinx fue para la adquisición del servicio “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. La compra estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, según la documentación consultada. En 2019 el costo fue de 1.1 millones de dólares, mientras que en 2020 la Fiscalía pagó 1.7 millones de dólares por el servicio.
El producto no requiere preinstalación de ningún equipo físico y opera de forma silenciosa y encubierta.
Las autoridades, como la Fiscalía, están obligadas por ley a hacer público el listado de solicitudes que se realizan a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y a los proveedores de servicios de aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación.
La información de las dependencias que se debe publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) debe contener el objeto, alcance y fundamental legal del requerimiento, así como precisar si se cuenta con autorización judicial. Sin embargo, esta documentación no se presenta de forma completa ni detallada.
En 2019 la FGR reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia haber solicitado autorización judicial para la localización geográfica 124 veces, no obstante, podría hacer 135 mil búsquedas, lo cual advierte que, o se subutilizó o se ocupó para personas que no fueron registradas oficialmente.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en los contratos suscritos por la Fiscalía General con la firma en 2019 se detectaron debilidades en la adjudicación, contratación y comprobación de los recursos ejercidos con cargo a la partida 33701.
No se compararon los precios de los servicios con otros vendedores para valorar la mejor oferta; no se verificó si el prestador del servicio (Neolinx) contaba con la capacidad técnica, el personal calificado y certificado por el fabricante del sistema para prestar los servicios, y tampoco se aseguró de que dicho personal guardara la confidencialidad absoluta respecto del servicio.
Es más, la ASF comprobó que la compañía tuvo que subcontratar elementos para el servicio.
“No se verificó que las empresas adjudicadas acreditaran que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y secrecía, se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los servicios”, quedó asentado en el dictamen.
La adquisición de estos programas no es ilegal y son usados, según justifican las autoridades, para el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, también pueden ser utilizados de forma arbitraria, violando el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, como ha advertido la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en diversos informes.
Cabe recordar que, en junio de 2017 un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron públicamente que sus teléfonos habían sido intervenidos con el sofisticado software Pegasus y tras el escándalo, la Fiscalía abrió una investigación que a la fecha sigue en trámite.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en diversas ocasiones que su Gobierno no ha usado Pegasus ni ningún otro software espía.
“Desde ahora le digo que no estamos metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie”, dijo López Obrador en una de sus conferencias de prensa de 2019.
