- La calidad de una campaña es un conflicto si se recurre a tácticas no éticas para desacreditar o perturbar el proceso
Ignacio Ruelas Olvera
La picaresca electoral fluye en el lenguaje político, una mostración de ansias electorales. El tiempo y modos del procedimiento electoral goza de prudencia. Aspirantes se perfilan con discreción y sin ella en la atmosfera mediática con narrativas de lo verosímil a lo inverosímil.
El procedimiento electoral en el régimen de comicios es un sistema en el espacio público de la deliberación. La responsabilidad del administrador de la elección es asegurar equidad e imparcialidad en el proceso. El seguimiento de las campañas está en las actividades de la autoridad procedimental, misma de la que es garante mediante un sistema de medios de impugnación para la justicia electoral desde el balcón jurisdiccional.
Los actores en competencia por el poder público tienen a su disposición la información que les permite hacer con calidad su política electoral y estar al pendiente del contrincante. El Instituto Nacional Electoral provee a partidos y candidatos de los materiales, sistemas, información…, procesadas jurídicamente para ofrecer la definitividad de los actos electorales.
El administrador del procedimiento electoral dio una muestra de calidad, coherencia, legalidad, profesionalismo…, el pasado domingo 4 de junio. El tema es que los actores deben entenderlo y asumirlo.
El Instituto Nacional Electoral da información a la ciudadanía sobre cuestiones electorales ordinarias y relevantes, incluye presupuestos de educación cívica y electoral.
Brinda por vía de sus atribuciones constitucionales, legales y normativas, una cobertura electoral imparcial y equilibrada.
No censura argumentos, ni pautas mediáticas, ni materiales electorales a menos que constituyan un incentivo claro y directo para la violencia.
Mediante un Reglamento de elecciones posibilita una cobertura noticiosa imparcial, exacta y equilibrada, así como programación de temas actuales, distribuye a los partidos y candidatos tiempo en casi 4 mil frecuencias de radio y televisión, son tiempos del Estado mexicano para sus programas de acceso directo sobre una base libre y no discriminatoria.
Las encuestas en sus diversos rubros están normadas, empero sin poner el riesgo la libertad del ciudadano y del diálogo. Los materiales electorales se homologan para construir el sistema Nacional de Elecciones.
Como pocos países en el mundo democrático el Estado provee a los partidos políticos, no solo la calidad de entidades de interés público, sino que los financia de manera amplia. Más todavía, el Estado mexicano les concede franquicias postales y telegráficas, es decir, hay la posibilidad de hacer política epistolar.
La calidad de una campaña es un conflicto si se recurre a tácticas no éticas para desacreditar o perturbar el proceso. Empero, las reglas de juego han merecido el consenso de los partidos políticos que de manera dialógica y por etapas han empoderado sus atribuciones y prerrogativas, las campañas políticas sientan las bases para la relación más importante en cualquier democracia, se refiere a la relación de partidos, candidatos y ciudadanos.
En una cultura política deberá ser la campaña electoral misma quien atraiga a la ciudadanía a la arena pública para mostrar sus plataformas electorales, soluciones a los problemas que padece la Nación.
Una razón más, la neutralidad de los órganos de alta dirección en el diseño institucional actúa de manera colegiada, así como los trabajadores del servicio profesional y de la rama administrativa, saben que las campañas electorales están diseñadas para ser eventos públicos en el espacio público, incluida la virtualidad como realidad nueva altamente explorable, en las que la disputa puede ser tan estridente como sea necesaria, con una limitante, respeto al “Otro”.
Sabe que son encuentro de voces ruidosas que usan símbolos, significados y significantes para ganar simpatía electoral. No es difícil que el administrador electoral permanezca neutral e imparcial, precisamente porque así lo ha protestado, avance en el servicio electoral que ha merecido un alto reconocimiento de la comunidad internacional.
Otra razón. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deja claro en su artículo 134, aun sin ley reglamentaria, cuál debe ser el comportamiento de los servidores públicos, establece con clara pedagogía la diferencia entre propaganda e información gubernamental, ello no merece discusión ni pareceres, se debe honrar el principio de legalidad.
Una razón más. Los partidos políticos, los candidatos y los medios de comunicación usan las encuestas de opinión pública como parámetro para medir el apoyo electoral. No son horóscopos electorales, no adivinan quien triunfará. Constituyen, eso sí, un instrumento científico de estadística y probabilidad para definir y redefinir el curso de las campañas, para afinar detalles en que los actores políticos muestran debilidad.
Un tema esencial es la Seguridad, son los partidos políticos, sus candidatos, sus estrategias, tácticas, los que son capaces de hacer campaña en una atmósfera libre de miedo e intimidación.
La autoridad administrativa, la jurisdiccional, el Estado mexicano, son garantes esenciales de una elección libre y justa.
Los candidatos deben poder desplazarse libremente y reunirse con los electores sin temer por su seguridad física o por la de sus simpatizantes.
