Columna de Mezquite
(Primera parte)
Lic. Guillermo Macías y Díaz Infante
Aguascalientes, 17 de octubre 2014.- (aguzados.com).- Las causas, el significado y la trascendencia de asunto de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos (más los muertos y heridos) de la normal rural de Ayotzinapa es un hecho sin precedente en la historia de México, dado el contubernio entre el gobierno y el crimen organizado… y la sociedad misma. Este acontecimiento es la muestra de la podredumbre del sistema mexicano; es la muestra de la corrupción de la sociedad mexicana.
Es vergonzoso reconocerlo y más tener que reconocerlo ante el mundo, pero es la verdad: lo acontecido en Iguala (cuna de la consumación de independencia, y por ende ciudad símbolo de la libertad) es una muestra de lo que es la nación, una sociedad cívicamente corrompida de manera generalizada, al grado de estar carcomida por el cáncer de la corrupción propagada en todos los estratos y esclavizada por criminalidad que la domina, sociedad que tiene un gobierno integrado en todos sus niveles, en todos los ámbitos y en todas las regiones, por ambiciosos del poder que se dedican a saquear al país y que lo que menos les importa es gobernar para el bien de la comunidad; acceder al poder para beneficio propio, usufructuando el poder a costa de lo que sea, aún de aliarse con mentes criminales y hasta asesinar a quien se les oponga por cualquier motivo o de cualquier manera.
Los tres ámbitos de gobierno, en todos los estados y en todos los municipios y toda la sociedad somos responsables y corresponsables de lo acontecido en Ayotzinapa.
Sin embargo, este incalificable acontecimiento (en verdad no hay palabras para calificar el grado de perversidad, de maldad con que fue desollado uno de los muchachos al que literalmente le arrancaron la cara y los ojos, ello como parte del artero crimen masivo cometido en Iguala) puede ser un evento, que dentro de lo infinitamente lamentable, signifique una sacudida a la conciencia nacional o al menos constituya el inicio de una crisis de conciencia que nos ponga en el sendero de la reconstrucción nacional, una crisis de conciencia que propicie la rectificación del camino por parte de la sociedad misma y pueda así surgir un México distinto, un México de orden, de interés por nuestros asuntos públicos o comunitarios, un México con base y con proyecto de futuro, un México de paz, trabajo, tranquilidad y progreso, un México que extirpe el cáncer de la corrupción del desorden, del desinterés por el orden y del dominio de la impunidad.
Hoy México es un país donde en todos los asuntos públicos prevalece el desorden, el desinterés social; las leyes, desde la Constitución hasta los reglamentos municipales se hacen y deshacen con vista al interés de los grupos de poder y no con vista al interés y bienestar social y por esto no hay base ni proyecto de futuro. Por ello somos un país dominado ya por la violencia, por la pobreza, por el miedo y cuyo único rumbo es hacia el retraso. Somos un país donde ya la autoridad significa corrupción, ineficiencia y hasta criminalidad.
Las llamadas reformas estructurales: la laboral, la educativa (meramente burocrática), la fiscal, la energética, la de telecomunicaciones, la financiera y la política son sólo adecuaciones del marco normativo para beneficio de los grupos involucrados en el ejercicio del poder. Si el barril de pólvora en que hoy está asentado el país no estalla ahora en el marco de los acontecimientos de Iguala, estas pretendidas reformas están llamadas a seguir propiciando la situación generalizada de corrupción, desorden, retraso y pobreza en que está sumida la sociedad mexicana y provocarán en su momento una explosión mayor, cuando la crisis de conciencia nos resulte inaguantable.
En todos los asuntos del país priva exclusivamente el interés de los grupos de poder y está total y absolutamente ajeno el interés público, el interés general. Trátese de asuntos sociales, educativos, urbanos, económicos, culturales y hasta deportivos, en todos, de todo tipo, el interés público que debe regirlos por tratarse de asuntos de trascendencia a lo social, brilla por su ausencia. Es el desorden público por falta de interés público. Ese es el caldo de cultivo del que pasando por todos los niveles de desorden e impunidad se llega a la violencia y la criminalidad y así, la sociedad, irresponsable y culpable, acaba sumida en el miedo ante el fuego de las armas de los maleantes que van desde simples asaltantes de vía pública o de allanadores de morada hasta los asesinos despiadados ahora dirigidos y comandados por las propias autoridades.
De la falta de orden en la vialidad, del desorden en el urbanismo, de la corrupción en las oficinas gubernamentales, de la ineficacia en lo académico en todo el sistema educativo, de la perversión de los grandes medios masivos de comunicación, de la ineptitud de todos, absolutamente todos los partidos políticos, de la pobreza intelectual e ignorancia de los legisladores, de lo acomodaticio de los organismos empresariales, de quienes se han apropiado de los sindicatos y de los caciques rurales, de la ineficiencia burocrática, de todo esto se pasa al desorden generalizado, se da la violencia y ésta aumenta en modos y grados y en número, campea la impunidad y así el territorio del país se va llenando de fosas clandestinas: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco…
Ahora ha sido Ayotzinapa, en la persona de los cuarenta y tres desaparecidos a manos de la propia autoridad y de los criminales; antes fue Tlatlaya en el estado de México (veintidós muertos, por ejecución a manos del Ejército) y días antes el niño muerto a manos de la policía de Puebla. Los diecisiete muertos de Aguas Blancas, masacrados por la fuerza pública. También lamentamos las matanzas realizadas por el crimen organizado (que vive en última instancia solapado y protegido por las esferas oficiales), entre ellas los dos casos de San Fernando en Tamaulipas (setenta y dos centroamericanos ejecutados en un rancho y otros ciento noventa y tres hallados en fosas clandestinas); los cincuenta y dos muertos del Casino Royal en Monterrey y hasta la perversión terrorista de las granadas lanzadas con consecuencias mortales de inocentes en el festejo del Grito de Independencia en Morelia y si revisamos más el historial nos encontramos con las matanzas del fatídico 2010, entre ellas la de los ejecutados en Villas de Salválcar de Ciudad Juárez, las tres de Torreón (diez y ocho en un evento, otros diez en otro y otros ocho en uno diverso, todos muertos a manos de un grupo de sicarios que realizaban salidas del reclusorio con la venia de la directora del mismo, salidas directamente para cometer las ejecuciones por encargo) y la de Tepic (quince muertos, masacrados en un autolavado). La muerte de periodistas, por razón de su actividad, es por demás significativa: en cuarenta años, de 1940 hasta 1980 hubo sólo doce casos de asesinatos, pero de 1980 al presente, es decir, en treinta y cuatro años el número crece exponencialmente por décadas y luego por años, hasta llegar a más de doscientos cincuenta, de los cuales, tan sólo en 2012 fueron veintiún periodistas ejecutados. Hay que recordar a los cientos de mujeres conocidas como “las muertas de Juárez”, fenómeno debido a la descomposición social, gubernamental y policial. No escapa la mención de las matanzas que por razones religiosas registra ya nuestra historia moderna, como la de cuarenta y cinco indígenas de Acteal, Chiapas (conflicto supuestamente sectario, pero tal vez atizado y armado por el gobierno mismo) y la acontecida en el pueblo de San Miguel Canoa (Puebla) a causa del fanatismo religioso de un cura que usando su poder eclesiástico (que ejercía en todos los órdenes por encima del poder civil) enardeció al pueblo con proclamas ideológicas e instigó el linchamiento de estudiantes excursionistas, evento del que resultó la muerte de cuatro indefensos a manos de una turba enloquecida, crimen por el cual nunca hubo culpables sentenciados. Y hagamos también la sola mención de las masacres del Jueves de Corpus de 1971 y la de Tlaltelolco del 2 de Octubre de 1968.
Hoy ha sido Iguala. Nos ha sacudido la magnitud de la descomposición pública en ese municipio guerrerense donde el alcalde, su esposa, la familia de ésta, el gobierno municipal y la policía estaban metidos a fondo en el crimen organizado; se acusa al alcalde mismo de personalmente haber dado muerte a un líder campesino con quien tenía pleitos por la compra de fertilizantes. Pero cabe preguntarnos: ¿Sólo es Iguala? ¿Quién gobierna, quien manda realmente en Veracruz, en el Distrito Federal, en Sonora, en Michoacán con todo y la prepotencia federal del Comisionado, en Chihuahua, en Tabasco, en Querétaro, por mencionar algunas entidades? ¿Quién manda efectivamente en las ciudades grandes, en las medianas, en los pueblos y comunidades pequeñas? ¿Cuál será la siguiente cloaca que se destape? ¿Aguascalientes, “la gente buena”, una sociedad tan conformista, es tan descompuesta como corrupta al grado que esté ya dominada por manos criminales?
Los involucrados en la situación actual del caso Ayotzinapa han sostenido públicamente que tanto el gobierno de Guerrero como la Procuraduría General de la República conocían de los vínculos y andanzas criminales tanto del alcalde de Iguala, como de su esposa y su familia y mutuamente se culpan de que nada hicieron, hasta que explotó el caldero en un asesinato masivo, incalificable, a manos de las mismas autoridades, en el evento más grave en su tipo desde el Tlaltelolco del 68. ¿Dónde quedaron las denuncias hechas en la campaña electoral del 2013 en Aguascalientes, sobre la pretendida vinculación de determinados candidatos con el crimen organizado? ¿Están dadas las condiciones criminales para que en Aguascalientes tengamos asesinatos cometidos por las propias autoridades en un perverso maridaje con la delincuencia organizada?
Hoy los mexicanos, de todos los rumbos del país, somos todos partícipes y corresponsables de este sistema público donde el desorden impera en todos los ámbitos, pero mañana, cualquiera de nosotros, de los nuestros o de nuestros amigos o conocidos puede ser víctima mortal de esta situación de descomposición social, de la corrupción gubernamental y de la podredumbre de la fuerza pública.
¿Estamos ante una nueva crisis de conciencia, más profunda, de mayor alcance social, de más trascendencia que la de 1968?
(Continuará)
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