José Carlos Ortega Sandoval
El artículo 39 de nuestra Constitución Política de México establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, el cual tiene en todo momento el derecho y la facultad de alterar o modificar la forma de su gobierno. Pero también establece la norma jurídica para ejercer esta soberanía. En base al artículo 35 constitucional, tenemos el derecho de votar y ser votados y, mediante los partidos políticos y candidaturas independientes, ejercemos la democracia representativa contemplada en el artículo 41 de la Carta Magna.
Renunciar al voto en el abstencionismo electoral, es renunciar a nuestro derecho de expresar nuestra voluntad en la participación política. Si bien es cierto exigimos como sociedad que en los procesos internos de los partidos se generen candidatos representativos y con conocimiento de la problemática social también como parte de la democracia es necesaria la responsabilidad de la sociedad mediante un voto informado y consciente. Parte de lo que adolece la política en México es precisamente la falta de presencia de la sociedad civil, la cual, cree que con expresar su inconformidad ya cumplió dejando a los liderazgos la tarea de resolver la crisis política y social.
Las organizaciones no gubernamentales y el sector empresarial son un ejemplo de la organización ciudadana en la coordinación de esfuerzos sociales. Como parte de su responsabilidad social está la de solucionar problemas de la comunidad. Algunas de éstas reciben apoyos del sistema de gobierno, otras, de la sociedad civil mientras que el resto son subsidiadas por sus mismos líderes. Esto debe ser muestra de que con iniciativa y participación social podemos ser agentes de cambio en la transformación de nuestro país.
Recientemente el gobierno federal lanzó un programa de apoyo empresarial para jóvenes como muestra de iniciativa para el desarrollo de este sector. Las instituciones encuentran el desafío de educar a la juventud en materia social contemplando los aspectos económicos y para la participación ciudadana. Es momento de que México cuente con mayor número de jóvenes y ciudadanos, como parte de la sociedad civil, con participación política y social. Esto mejoraría no solo el desarrollo social sino daría mayor congruencia a la democracia. Invito a la sociedad a informarse para generar la sociedad del conocimiento que necesitamos en este sentido.
Desde hace varias décadas, en México se han venido fortaleciendo las Organizaciones de la Sociedad Civil de distintas maneras. Una expresión de tales avances se constata con los mecanismos de participación y consulta que se han formalizado en los ámbitos local, estatal y federal, con el objeto de influir en las decisiones y su traducción en políticas públicas. Parte de la reforma política establece la regulación de los mecanismos jurídicos de participación ciudadana como plebiscito y referéndum en la consulta ciudadana.
La colaboración entre el conjunto de las instituciones políticas que conforman el Estado y el sistema social en general, se entiende como una relación de demanda-respuesta. La función de las instituciones políticas es dar respuesta a las demandas provenientes del ámbito de la sociedad civil, es decir, convertir las demandas en respuestas. Cada demanda respondida ingresa al ambiente social transformándolo y generando a su vez nuevas demandas en un proceso de cambio continuo. Cuando las instituciones políticas vigentes no son capaces de dar respuestas satisfactorias a las respectivas demandas sociales experimentan un proceso de transformación, como por ejemplo, a través del cambio de la representación del poder. En este escenario las iniciativas socio-civiles serán las alternativas para las soluciones y el Estado será un complemento para asegurar bienestar social a los sectores de la población.
Según el artículo 26 constitucional el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación con la participación de la ciudadanía. Esto es un reflejo del compromiso que debe existir entre la sociedad civil y el sistema de gobierno como parte de la democracia que establece la relación entre la política y sociedad para trabajar en la solución de los problemas.
El proceso para diseñar la nueva política social, enmarcada por la situación actual, se caracteriza por la complejidad y fragmentación. Abundan actores, agendas, procesos diversos, y por eso, hay mucha confusión sobre cómo entender todo lo que pasa en el ámbito político, en los diferentes niveles de gobernanza y en el diseño de políticas públicas. No solo es un reto para los liderazgos, sino para todos nosotros como sociedad civil. Ahora es aún más importante participar en el diseño de esta agenda social.
La participación de la sociedad civil mexicana en los mecanismos de consulta pública para la elaboración de definición de objetivos, estrategias y prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento que se encarga de establecer los lineamientos, estructura y prioridades de desarrollo del país que guiarán los programas y políticas públicas durante el sexenio. Su principal característica es servir como una guía legal para detectar cuáles son las principales problemáticas y necesidades del país, así como dar paso a la planeación operativa e instrumental para atenderlas.
La sociedad civil mexicana tiene el reto constante de participar, en el marco de la planeación, en un diálogo que contribuya cualitativamente a los temas estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en las consultas públicas que periódicamente enriquecen el debate Post 15 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en las reformas más urgentes y en toda arena pública que tenga alcance de incidencia política. El impulso de este diálogo estratégico, podría promoverse paralelamente desde los espacios institucionales que existen en la Administración Pública Federal para el diseño y construcción de manera conjunta, en la elaboración de diagnósticos sobre los temas base de la agenda de la sociedad civil como son derechos humanos, equidad de género, medioambiente, seguridad ciudadana, entre otros; así como ofrecer alternativas de solución, proponer políticas públicas específicas en el marco del desarrollo social, incorporación de procesos de monitoreo y evaluación, de contraloría social.
El carácter democrático de un sistema político como el mexicano no sólo parte del reconocimiento al pluralismo ideológico existente en una sociedad, sino además por reconocer la necesidad de elegir mecanismos que permitan que esa pluralidad esté representada en las decisiones políticas y en los que mediante una interacción respetuosa y pacífica, no necesariamente la cantidad de partidos generarían la representación social por lo que hago hincapié en la participación ciudadana de la sociedad civil para mejorar las condiciones políticas.
La participación de México en la construcción de acuerdos representa una oportunidad tanto para las instancias políticas y gubernamentales como de los diferentes actores de la sociedad civil incluyendo sector empresarial, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de la ciudadanía con el objetivo de fortalecer el debate que genere una opinión pública más informada sobre la situación de nuestro país estableciendo las soluciones pertinentes.
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