Detalles

Categoría: municipios

• En una encrucijada sin solución en el mediano plazo
• Están los afectados por el envenenamiento de reses

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 11 de julio de 2016.- (aguzados.com).- La definición de las acciones a tomar para lograr la indemnización prometida por las autoridades federales y estales y con ello recuperar parte de su capacidad de trabajo, del patrimonio perdido y así poder reiniciar sus actividades como productores pecuarios con criaderos de ganado y engordadores de reses, los 80 afectados por el envenenamiento masivo de vacas con pollinaza contaminada, sostendrán enésima reunión de trabajo en sus instalaciones de la Asociación Ganadera Local mañana a primera hora, informaron varios de ellos.

Aparte de que se intentará que aquellos que han sido excluidos de las indemnizaciones que extenderá la compañía aseguradora de este tipo de catástrofes ganaderas, sean objeto de apoyos especiales por conducto de las autoridades del ramo y que éstas no eludan su responsabilidad social con el argumento de que se carece de los fondos necesarios para auxiliarlos por el cierre de administración gubernamental, como lo aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE) J. Pilar Moreno Montoya, en la última de sus reuniones con ellos, dijeron.

También llevan en cartera la definición del destino de los esqueletos de decenas de reses muertas que cayeron en los potreros y que ante la incapacidad de su desplazamiento por lo intrincado de los caminos, los senderos y las veredas rurales, sus cadáveres quedaron a la intemperie y fueron pasto de los animales montaraces, sin que estos últimos aparentemente acusaran los efectos del veneno que mató a los vacunos.

Varios cadáveres quedaron entre peñas, hoyancos, lechos de arroyos secos y márgenes de algunos de ellos, que al acusar los efectos de la intemperie en la que quedaron, se convirtieron en un gran foco de infección para los embalses naturales y el agua que captaron por las recientes lluvias en esas zonas agrestes de la campiña del Valle del Huejúcar, puede estar contaminada con el plaguicida órgano-fosforado que contenía la pollinaza ya viciada con toxinas de tipo butólico.

La contaminación del vital líquido representa un riesgo de consecuencias no previsibles, si acaso esa agua que llevan los arroyos y los pequeños ríos que se forman en la sierra por las lluvias, se utiliza tanto para el consumo de los pobladores del predio, como para el riego de sus cultivos, pero esta situación no ha sido evaluada por las autoridades sanitarias como para tomar las providencias del caso y evitar una catástrofe de consecuencias humanas no previsibles.

Fue mentira que las autoridades se hicieran cargo de la movilización de los cadáveres de las reses, tanto por la distancia que existe de predio a predio, como por lo intricado de la ubicación de los potreros y la nula capacidad de transporte vehicular ex profeso para el caso, más la ausencia de la maquinaria pesada para cavar las grandes fosas sépticas que se requerían para enterrar los restos de 60 o 70 vacas muertas y éstas ahí quedaron a “la buena de Dios, para ser alimento de los carroñeros y los animales montaraces, a los que no les importó la gran peste que generaban los cuerpos al entrar en descomposición y que invadía el ambiente”, continuaron diciendo los propios afectados.

Pese a esa situación de incertidumbre que prevalece en el gremio, lo único cierto es que el seguro catastrófico ganadero que administra la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), ha confirmado el pago de 12 mil pesos por vientre caído; 15 mil por vaca muerta y 25 mil por semental envenenado, pero también los ajustadores de esa empresa aseguradora, insisten que sólo se indemnizará a 40 de los 80 ganaderos que resultaron afectados por la contingencia y de ese número, nada más a aquellos que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la compañía en cuestión, sin que se haya mencionado número alguno.

Así lo informaron varios ganaderos cuyas identidades quedaron en reserva por petición expresa, ante el temor de sufrir represalias por parte de las autoridades del ramo, que a toda costa pretenden continuar guardando silencio y seguir mostrando su incapacidad para resolver la crítica problemática que les endosaron los productores pecuarios, integrados al Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA) y a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

{ttweet}

Detalles

Categoría: municipios

• Ganaderos afectados por el envenenamiento de reses
• Están a un paso de no recuperar el patrimonio perdido

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 9 de julio de 2016.- (aguzados.com).- A la problemática que enfrentan 35 ganaderos de los 76 que resultaron afectados por el envenenamiento masivo de reses con pollinaza contaminada y que fueron marginados por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y el Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA), de los beneficios que les otorgaría el seguro catastrófico del caso, se sumó ayer la obstinada postura de las autoridades estatales para recortar a su mínima expresión los apoyos económicos prometidos para que recuperaran parte del patrimonio perdido, informó el criador de vacas y comerciante, Aurelio López Castillo.

Explicó que de las mil 280 reses que cayeron envenenadas, el seguro ganadero que administra la CNOG, extenderá pago de póliza por 600 animales muertos y nada más, pero única y exclusivamente a quienes comprobaron su militancia en esa organización y en el SINIIGA, contemplándose la erogación de tan solo cinco millones de pesos, que apenas cubren la cuarta parte del daño global de más de 24 millones de pesos que como saldo final, dejó la contingencia y que afectó a 40 ganaderos.

Hasta ahí se suponía que todo estaba correcto, agregó el comerciante, porque los beneficiados con esa cobertura tendrían la capacidad económica, aunque fuera limitada, para repoblar sus hatos ganaderos y continuar con el criadero de vacas de engorda y cargando sus vientres para recuperarse de la pérdida sufrida.

En tanto que aquellos que no iban a ser objeto de beneficio alguno – 35 en total – recibieron la promesa de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (SEDRAE), que serían objeto de indemnización por parte de las autoridades federales y estatales y el pago correspondiente por animal envenenado lo recibirían a más tardar el pasado 18 de junio de este año.

Pero al paso de los días y al vencimiento de ese plazo, los titulares de ambas dependencias, Ernesto de Lucas Palacios y J. Pilar Moreno Montoya, respectivamente, comenzaron a darle largas al asunto y al final de cuentas el segundo de ellos les informó que ya nada se podía hacer “porque ya la Secretaría de Finanzas había cerrado su ciclo de operaciones e iniciaba los preparativos para realizar la entrega-recepción de la dependencia a la nueva administración estatal”.

Luego la situación de todos los afectados cambió de manera drástica, continuó diciendo López Castillo, cuando el censo que se integrara en la Asociación Ganadera Local de Calvillo, comenzó a ser manipulado por supuestos ajustadores de seguros en el ramo ganadero, con la complacencia de su titular, Juan de Jesús Valdivia Hernández, eliminando del listado a varios de los afectados y a reducir aún más el número de animales muertos por el envenenamiento con la pollinaza contaminada.

López Castillo citó como ejemplo de sus palabras, el caso del que ha sido tesorero casi vitalicio de la asociación, el agricultor y ganadero Joaquín García Medina, quien perdió cien reses y al que ahora lo quieren indemnizar por la muerta de 40 de sus animales y nada más, en tanto que a aquellos que vieron morir a tres o cinco de sus vacas fueron informados que “nada se puede hacer por ellos y que no recibirán apoyo alguno”.

Aparte de que la multicitada pollinaza no solo causó la muerte de hatos ganaderos, refirió el comerciante, también envenenó a puercos y borregos, pero de ese asunto nada se ha dicho porque los afectados supusieron que serían apoyados por las autoridades del ramo y hasta la fecha se ignora el número de muertos de esa clase de animales.

Así que ante la situación que prevalece en el sector ganadero de la localidad, se planea realizar el lunes próximo, una manifestación que culmine con un mitin público a las puertas de la presidencia municipal, con la finalidad de presionar al presidente municipal, Francisco Javier Luévano Núñez, para que agilice el pago de la indemnización a la que se tiene derecho, terminó diciendo Aurelio López Castillo.

{ttweet}

Detalles

Categoría: municipios

• Confiaban en las autoridades para resarcirse del daño causado por la pollinaza envenenada

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 10 de julio de 2016.- (aguzados.com).- A fin de exigir la mediación de las máximas autoridades municipales para cuando menos ser escuchados en sus demandas de apoyo, los casi 80 criadores de reses que resultaron afectados por el envenenamiento masivo de sus hatos ganaderos con pollinaza contaminada, planean manifestarse a las puertas de la Alcaldía y permanecer en plantón en las inmediaciones de la plaza pública Porfirio Díaz, hasta que sean recibidos en audiencia por el jefe de la comuna.

Al menos era el plan acordado por los ganaderos en la reunión que sostuvieron el viernes anterior en la sala de juntas de la asociación que los agrupa, ubicada en el libramiento carretero Calvillo – Jalpa, en la que estuvo presente su dirigente, Juan de Jesús Valdivia Hernández para confirmarles el rumor que ya circulaba entre ellos, respecto a la negativa de las autoridades para resarcirles parte del patrimonio vacuno perdido.

Aparte de que a la lista oficial de 76 afectados se integraron cuatro ganaderos más y con ellos, el número final de vacas envenenadas, que vino a aumentar su saldo a mil 280 animales muertos, pero que en nada modifica el importe total de los daños que sufrieron los productores agropecuarios con criadero de reses, ni los engordadores de ganado y que ascendió a 25 millones 600 mil pesos.

En esa cifra no se tomaron en cuenta los cerdos y borregos que también cayeron por la ingesta de la excreta avícola envenenada, en virtud de que hasta ese viernes 8 de los corrientes, apenas se iniciaría el registro de su muerte para conocer el lugar del siniestro, contabilizarlos, formular el censo del caso y estimar la cuantía global del daño causado, que se dijo podría ascender, a groso modo, a cinco millones de pesos, tomando en cuenta el valor de compra del animal en pie, porcino o bovino.

La pérdida de estos animales será absorbida en su totalidad por quienes fueron sus propietarios, dado que su muerte se considera el resultado de un accidente derivado de la ingesta de la pollinaza contaminada que se encontraron diseminada en los corrales del ganado vacuno, al deambular por sus cercanías e ingresar a los mismos en busca de alimentos y cuyo evento trágico no está contemplado en el seguro catastrófico ganadero, informó el comerciante Aurelio López Castillo.

Añadió que las autoridades estatales siguen realizando “recortes” de afectados que integraron el censo exigido por ellas mismas para tramitar “los apoyos que les otorgaría” y de los animales caídos, pretextando diversos argumentos que van desde la carencia de una factura de compra, hasta la expedición de la guía del caso para su traslado de un predio a otro en operaciones de compraventa e incluso “del acta de defunción” y lugar donde los restos del animal envenenado fueron enterrados.

Dijo que de esa forma, a quien o quienes perdieron de una a cinco reses, sin importar su clase y tipo, absorberán el daño sufrido, es decir no van a recibir un solo centavo por la muerte de sus animales; a quienes comprobaron el envenenamiento de 50 vacas, se les liquidará el importe de menos de 20 de ellas y bajo ese esquema de reposición, se liquidará el importe de menos de 700 vacunos del total de cuadrúpedos caídos, que representaría a la compañía aseguradora el desembolso de menos de cinco millones de pesos.

Por esa situación, terminó diciendo, mañana a primera hora (lunes 11 de los corrientes) nos plantaremos a las puertas de la presidencia municipal, para exigir al alcalde Francisco Javier Luévano Núñez, escuche nuestras demandas para que interceda por nosotros ante las autoridades correspondientes y se haga cargo de tramitar el pago justo a la pérdida que sufrimos, para resarcirnos de una parte del daño que nos causó Raudel López López.

{ttweet}

Detalles

Categoría: municipios

• En problemas financieros ex funcionarios municipales
• Les exigen reintegren más de dos millones de pesos

Alfonso Morales Castorena

Calvillo, Aguascalientes.- 8 de julio de 2016.- (aguzados.com).- El objetivo de entregar buenas cuentas a la administración municipal siguiente, finanzas sanas y una notable disminución en la deuda pública, llevó a su Departamento de Contraloría a requerir a no menos de una decena de ex empleados del H. Ayuntamiento de la gestión 2011-2013 que realizara el priista Jorge Martínez Villalobos, para que reintegraran a las arcas gubernamentales de la localidad, más de dos millones de pesos, informó el titular de la dependencia, Ramiro Valdivia Escobar.

Entre los requeridos, ya por la vía judicial, se cuentan el ex presidente del otrora Patronato de la Feria, el publicista, locutor y periodista, Gonzalo Urrutia Gallegos y el entonces el titular de la Dirección de Finanzas Municipales, José Guadalupe Contreras Ruiz, actualmente encargado del Departamento de Finanzas de la Universidad Tecnológica de Calvillo, agregó el funcionario.

Señaló que al primero de ellos se le exige la devolución de más de 500 mil pesos y al segundo un millón y medio de pesos, más las anexidades correspondientes, costas y gastos de los juicios penales que se han emprendido en su contra, de cuyas cantidades dispusieron en el desempeño de sus funciones sin que exista documento alguno que avale el egreso de cada peso que pasó a sus bolsillos.

Sin embargo, aseguró el funcionario municipal, para no continuar adelante con los procesos penales que ya se les sigue, tienen la oportunidad de solicitar la conciliación de intereses que beneficie a ambas partes, con la consecuencia lógica del desistimiento que haga el H. Ayuntamiento del ejercicio de la acción judicial en su contra y que las denuncias queden en archivo muerto, como cosa juzgada.

En cambio, a quien fuera el titular del Organismo Operador del Servicio de Agua en Calvillo (OOSAC), Ignacio Vázquez Medina y a su encargado de cajas en esa misma administración priista, Carlos Octavio Palos Romo, se les seguirá el proceso penal del caso, si se comprueba mediante la indagatoria civil que actualmente se lleva a cabo, que carecen de bienes muebles e inmuebles que garanticen el pago de más de cien mil pesos que el municipio les reclama.

Valdivia Escobar explicó que en el desempeño de sus funciones como servidores públicos, incurrieron en varios errores de orden administrativo, entre los que sobresalen la serie de descuentos no autorizados que otorgaban motu proprio a la población, que al final de cuentas repercutieron en los ingresos planeados por la administración de Jorge Martínez Villalobos, como obra en los archivos contables de la Presidencia Municipal.

Añadió que de esa forma y nada más en el rubro de descuentos no autorizados y aplicados en el costo a liquidar por consumo de agua, en la administración anterior, se ha comprobado que entre ambos se llevaron más de 100 mil pesos en perjuicio de las arcas públicas.

Pero al momento de exigirles la devolución de esa cantidad y como resultado de la actuación de las autoridades correspondientes, en el embargo de sus bienes, se encontró que carecen de los recursos monetarios suficientes para solventar la situación y se suspendió toda acción civil en su contra.

Se procedió entonces a solicitar al Registro Público de la Propiedad, en la capital del estado, a solicitar los informes del patrimonio familiar o personal con que cuenten, si acaso tienen alguno, la titularidad del mismo o de los mismos y comprobada la realidad de su situación financiera, proceder al embargo nuevamente y así estar en condiciones de afirmar que se ha recuperado la totalidad del dinero que se embolsaron y entregar cuentas claras a la administración que encabezará Adán Valdivia López a partir del primero de enero de 2017, terminó diciendo el contralor municipal.

{ttweet}