- Este tramita el amparo de la justicia federal en la Ciudad de México
- Los cargos serían lavado de dinero, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Ante las imputaciones está desaparecido y no se ha presentado a laborar
Alfonso Morales Castorena
Aguascalientes, Ags.- 6 de marzo de 2017.- (aguzados.com).- La presunta responsabilidad de tipo penal en el ámbito del fuero federal, por incurrir en la comisión de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, llevaría a un juez federal, integrada la carpeta respectiva de la indagatoria del caso, librar una orden de aprehensión en contra del locutor y conductor de noticias en la difusora La Mexicana, José Luis Morales Peña, según fuentes confidenciales.
El libramiento del mandato judicial federal en contra del comunicador, habría ocurrido el pasado primero de este mes y ese mismo día elementos policiacos se apersonarían en su domicilio particular del exclusivo fraccionamiento residencial de Pulgas Pandas, para notificarle la determinación del magistrado y proceder a cumplimentarlo.
Sin embargo, los agentes federales no localizaron al requerido locutor y tuvieron que retirarse sin haber dado cumplimiento al mandato del jurisconsulto y hasta la fecha se ignora el paradero de Morales Peña, de acuerdo a la versión de las fuentes informativas.
Trascendería que el propio buscado por la ley, buscó el amparo y la protección de la misma justicia federal, pero el trámite que realizara en el Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, signado bajo el número de expediente 323/2017, le sería canalizado al Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México para su estudio y aprobación, pero hasta el día de hoy su petición no le era definida.
Morales Peña ya había conseguido el amparo y la protección de la justicia federal el pasado tres de febrero de este año, pero en recurso de apelación la Procuraduría General de la República (PGR) consiguió que el documento quedara sin efecto a fin de continuar con la indagatoria del caso, integrar la carpeta de investigación y exigir la presencia del inculpado para que respondiera a los cargos que se le fincaran.
Estos últimos corresponden a la calificativa de delitos graves y de comprobársele su participación en los mismos, no alcanzaría los beneficios que le otorgaría la libertad bajo caución para enfrentar el proceso penal federal extra rejas carcelarias y quedaría confinado en un penal federal, hasta que el juez de la causa dictara sentencia.
El proceso derivaría de la denuncia que se presentara en su contra para que comprobara el origen de los más de dos millones y medio de pesos que en pose de alarde y bonanza económica “había empleado para liquidar la compra al contado de su lujoso automóvil Audi R8”, según presumió en uno de sus programas radiofónicos, más la jactancia que hiciera “de los contratos millonarios que signó con Lorena Martínez y Juan Antonio Martín del Campo cuando fueron alcaldes”, cuyo destino nunca mencionó.
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