- Se pugnará por un Aguascalientes Integro libre de corruptelas e impunidades, aseguró
- Con ello se fortalecerán las instituciones y los mecanismos en el combate a la corrupción, dijo
- Incluso se ofrecerá el diplomado Responsabilidades de los Servidores Públicos a cargo de la UAA
Aguascalientes, Ags.- 7 de septiembre de 2017.- (aguzados.com).- A una conjunción de esfuerzos y voluntades por afianzar la transparencia en la administración pública estatal, se resumió el convenio en materia de combate a la corrupción y de responsabilidades para los servidores públicos, denominado “Aguascalientes Íntegro”, firmado por el la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González y el gobernador Martín Orozco Sandoval.
Al hacer uso de la palabra, éste último señaló que: “resulta indispensable el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos constituidos para prevenir y atacar este padecimiento social que aqueja a nuestro país desde hace muchos años y para ello se necesita la participación de todos, no es un asunto exclusivo de un gobierno, también es un tema ciudadano, de valores, de voluntad, en el que intervengan las autoridades y la población”, indicó.
Celebró la participación en este convenio del Comité Ciudadano Anticorrupción Aguascalientes (CCAA), conformado por empresarios e instituciones de educación superior “pues esto contribuye a un combate más efectivo a la corrupción, pero también a la impunidad”, aseveró.
Por su parte, Gómez González precisó que a partir de consensos, se han alcanzado acuerdos sobre los principios que deben regir la acción gubernamental, detectando en ello la problemática principal que amenaza su eficiencia y con esto el desarrollo y bienestar de la sociedad, dijo.
Agregó que: “una de las principales acciones del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); su trascendencia se cuenta ya en el propio proceso del diálogo que está detrás de su diseño; un sistema que tiene en su base la participación de todos los sectores, instituciones públicas, organismos autónomos, sector privado y de la sociedad civil, que directa o indirectamente participaron en él”, señaló.
Añadió que la propia consolidación de la democracia, ha fomentado el diseño e implementación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que han sacado a la luz el alcance de la corrupción volviéndose una prioridad en el combate a este fenómeno.
El convenio permite el uso del software DeclaraNet Plus SFP, generado por este órgano federal para las declaraciones patrimoniales de los entes obligados, además de sentar las bases de colaboración entre el CCAA y la administración estatal, con el fin de atender las demandas ciudadanas de acceso a la información y rendición de cuentas.
En su intervención en el evento, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, anunció que junto con la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU), la institución abrirá el diplomado en línea Responsabilidades de Servidores Públicos, que tendrá alcance nacional, con lo que se acercarán los conocimientos y habilidades para fomentar en los servidores públicos el desempeño de su trabajo de manera eficiente, responsable y honesta.
Mientras que el presidente del CCAA, Juan Carlos Soledad Pérez, agradeció que se generen espacios comunes de entendimiento y vínculos para la suma de esfuerzos en el combate a la corrupción, además de enfatizar la trascendencia de articular un sistema enfocado a la corrección de las debilidades actuales en esta materia.
Explicó que a pesar de los esfuerzos realizados por la sociedad civil y los gobiernos, en los últimos años la percepción sobre este fenómeno social no ha mejorado, pues de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México pasó del lugar 95 en 2015, al 123 en 2016, de 176 países considerados.
Refirió que: “instituciones como el Banco Mundial (BM) o la Organización de Estados Americanos (OEA), señalan que el costo de la corrupción para México, se sitúa aproximadamente entre el nueve y el diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir 2.1 billones de pesos, tan sólo en 2016”, finalizó.
También integraron el presídium, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jesús Morquecho Valdez; el titular de la SEFIRECU, Miguel Ángel Martínez Berúmen y la magistrada presidente de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia (STJE), Edna Edith Llado Lárraga.
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