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El caso de la mezquitera “La Pona” sigue en suspenso; no se resuelve

  • Los titulares de Semarnat, Semadesu, Semae, y Proespa se reunieron con los legisladores de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales y siguen sin ponerse de acuerdo en aprobar o rechazar el proyecto inmobiliario particular

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Aguascalientes, Ags, 15 de octubre 2015.- (aguzados.com).- Los diputados integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de regulación ecológica, esto con la finalidad de clarificar el panorama en torno a los proyectos para el predio conocido como “La Pona”.

El presidente del órgano parlamentario, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, aclaró que la inquietud surgió a raíz de declaraciones periodísticas en el sentido de que se podría otorgar un permiso para la urbanización parcial de la mezquitera, a cambio de la donación de una tercera parte del terreno.

En primera instancia, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Sergio Augusto López Ramírez, indicó que los propietarios de “La Pona” han sometido a consideración de la dependencia federal un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para una extensión superior a las 6 hectáreas, aunque no quiso adelantar cuál será el resultado del trámite, pues se tienen que seguir los cauces legales.

Empero, aclaró que en las zonas –no la totalidad del polígono- que hayan sido afectadas por incendios, con afectación de árboles y subsuelo, existe la restricción para construcción por 20 años o bien, cuando existiera una rehabilitación completa del hábitat.

Por su parte, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado (Semae), Jorge Durán Romo, confirmó que la empresa inmobiliaria dueña del terreno se acercó con ellos para solicitar el cambio de uso de suelo a zona habitacional y comercial, lo que anticipó poco viable por estar inscrito dicho bosque urbano como área prioritaria para la preservación ecológica.

De hecho, explicó que el cambio de uso de suelo tendría que pasar por la aprobación de varias instancias y ordenamientos; además de que el gobernador del Estado ha solicitado expresamente que se proteja este pulmón citadino.

El diputado Enrique Juárez Ramírez cuestionó el porqué del cambio en la actitud de la autoridad municipal y de grupos ambientalistas en torno a la posible autorización para la construcción de casas y locales en dicho lugar. También preguntó sobre la voluntad de negociación de los particulares ante una posible venta o de lo contrario, evaluar la viabilidad de llegar a la expropiación.

Carlos Rodrigo Martín Clemente, de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), a pregunta expresa del diputado Israel Sandoval, afirmó que el Congreso del Estado puede intervenir al fortalecer la Ley de Protección Ambiental para el Estado e incluso, el nuevo Código Urbano.

El procurador ambiental señaló que pese a los precios exorbitantes que los dueños de “La Pona” han propuesto, se puede considerar la creación de un fideicomiso tripartita para la compra o expropiación, bajo un avalúo acorde al tipo de uso que actualmente cuenta el lugar e incluso, con la gestión de fondos en el extranjero.

El diputado Gilberto Gutiérrez, intervino nuevamente para dar a conocer que ya se ha tocado el tema con legisladores federales, en vías que desde el Congreso de la Unión se puedan destinar recursos para el rescate y conservación del último bosque natural de la ciudad de Aguascalientes.

En seguida, el responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Aguascalientes (Semadesu), David Ángeles Castañeda, afirmó que mucho se ha hablado en torno al tema, pero que no se ha logrado ni la coordinación entre las distintas autoridades ni una posible solución que de sustentabilidad al lugar.

Señaló que existen versiones distintas incluso en cuanto a la extensión del terreno y aclaró que no todas las más de 33 hectáreas se encuentran bajo la misma clasificación, pues algunas son forestales y otras sujetas a conservación. También dijo que la potestad de una declaratoria como área natural protegida corresponde al municipio, pero que el hacerla conlleva una responsabilidad económica.

Detalló que la dependencia a su cargo, a petición de organizaciones sociales, realizó dos estudios previos justificativos (EPJ) para una declaratoria total o parcial, trámite que tendría que pasar a la aprobación del Cabildo y el voto de mayoría calificada del mismo, según la negociación o procedimiento en el que se pudiera avanzar. Reveló que el municipio llegó a ofrecer cerca de 55 hectáreas de terrenos cerca de la pensión municipal en permuta por “La Pona”, oferta no aceptada por los propietarios.

En otra intervención por parte del municipio de la capital, Adrián Castillo Serna mostró un diagrama de las condiciones del terreno en debate así como de la propuesta de la inmobiliaria. Indicó que pese a las restricciones, hay paso de líneas de alta tensión por la zona, así como de un colector pluvial del INAGUA. Destacó que la mayor parte de la mezquitera sería donada a cambio de los permisos para fraccionar el área restante, tomando en cuenta las restricciones existentes por la falla que cruza el predio.

En el uso de la palabra, la diputada Juana Alicia de los Monteros Ortiz, sentenció que más allá de dimes y diretes, existe en el estado una tala inmoderada de árboles, donde las autoridades se “echan la bolita” y nadie pone un castigo. “Nos estamos convirtiendo en una ciudad de concreto, cuando no tenemos agua” añadió. Lamentó que por talar un árbol centenario se pida la plantación de 10 ejemplares vegetales que nadie supervisa y tan pequeños que es una grosería.

Se pronunció por buscar la vía de la expropiación y no seguirles el juego a los particulares, que lo único que buscan son beneficios económicos. “No permitamos que se construya, al pueblo de Aguascalientes le falta oxígeno y agua” concluyó.

Por último, el legislador Gilberto Gutiérrez lamentó que pese a las declaraciones del alcalde, ya exista una intervención política de funcionarios municipales, pues él ha constatado personalmente que a vecinos de la zona les han pedido aprobar la urbanización de “La Pona” pues “incrementará el valor de sus casas”.

Al titular de Semadesu, Dávid Ángeles Castañeda, le hizo un extrañamiento, al señalar que cuando fue delegado de la Semarnat, al igual que Carmen Lucía Franco, se pronunciaron por el resguardo de la mezquitera, y ahora no se compromete con la promoción de una declaratoria. Además, subrayó que el municipio tiene facultades para exigir a los propietarios que mantengan limpio el terreno, además de cercado adecuadamente.

El funcionario municipal, ante lo expuesto, contestó que hay precedentes legales de que se tiene que pagar la afectación a los particulares ante declaratorias de áreas protegidas, “todos los juicios están perdidos” aseguró.

Para terminar la reunión, los diputados integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado, señalaron que la intención final es llegar a una solución a los conflictos que desde hace casi dos décadas han ocurrido en torno a la mezquitera de “La Pona”, pues si no se llega a una solución urgente, el último reducto natural de la ciudad se va deteriorando y corre el riesgo de perderse.

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