AGuzadoS 18 de agosto 2016

Carlos Romo Medina

RESULTA INÚTIL, además de desgastante, que los diputados que integran la Diputación Permanente continúen con el perverso juego verbal de algo que pudiera asemejarse a un debate, para tratar de convencerse a sí mismos -que no a la sociedad- que la impugnación presentada por la coalición (lo que queda de ella) “Aguascalientes grande y para todos” logrará su cometido para que se reponga el proceso electoral, mientras que los integrantes del PAN los acusan de estar creando incertidumbre entre la población. ¡Vamos!, en un deteriorado juego de reproches y acusaciones mutuas intentan convencer al contrario que cada parte tiene la razón, olvidándose o ignorando olímpicamente que la determinación definitiva e inatacable será dictaminada en la Ciudad de México por los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no mediante alegatos bizantinos que no conducen a ningún lado.

MACHACÓ EL PRIISTA diputado Juan Francisco Ovalle García, en la sesión ordinaria de la Diputación Permanente celebrada este miércoles, cuatro aspectos o argumentos para tratar de convencer a los panistas y a la sociedad que la impugnación presentada llegará a buen puerto. En primer término enfatizó que el proceso electoral “aún no ha concluido, pues nos encontramos en la tercera etapa que es la de resultados y revisión de la validez de la elección (Según el Artículo 131 del Código Electoral), la cual, concluye hasta en tanto se resuelva la última de las impugnaciones interpuestas. Hay que recordar que existen dos impugnaciones: la de la coalición Aguascalientes grande y para todos y la del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)”.

COMO SEGUNDO punto citó Ovalle García que por ello “ni el Partido Acción Nacional, ni su candidato con constancia provisional, pueden declararse ganadores de la elección. Por lo tanto, exhortamos a ese partido y a su candidato, a dejar de engañar a la ciudadanía de Aguascalientes, a conducirse con prudencia y con apego a la legalidad”. Lanzó un tercer argumento cuando dijo que “es necesario señalar el deficiente desempeño de los Magistrados de la Sala Administrativa y Electoral de Aguascalientes, quienes –nuevamente- actuaron con falta de exhaustividad y apego a la legalidad. La sentencia de la Sala local era esperada. No nos causa sorpresa. Y por los antecedentes, en los casos del procedimiento administrativo sancionador, la mayoría de las sentencias de la Sala Local han sido revocadas por la Sala Superior o la Sala Monterrey del Tribunal Electoral”.

EN CUARTO LUGAR reafirmó que los integrantes de esa coalición ya presentaron el recurso de revisión constitucional de la elección para gobernador, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados, habrán de entrar al estudio a fondo, “sin prisas pero sin pausas; revisando el cúmulo de irregularidades que han sido señaladas, aceptadas y amonestadas localmente de manera individual, para vincularlas al proceso en su conjunto y evidenciar, de esta forma, la necesidad de limpiar el proceso electoral con la anulación de la elección para gobernador en Aguascalientes, preservando así los principios democráticos de imparcialidad, equidad y legalidad que deben ser los valores determinantes para garantizar una elección”. Francisco Ovalle no olvidó darles su machucón a los tres magistrados que componen la sala local del Tribunal Electoral cuando recordó que han sido apercibidos y amonestados “por su persistente conducta de no estudiar de manera exhaustiva y no apegarse al principio de legalidad en varias ocasiones. Por ello, su resolución, simplemente no es definitiva”.

SE REPITIÓ la historia de la sesión del miércoles de la semana pasada cuando los diputados del PAN, Ulises Ruiz Esparza de Alba y Adolfo Suárez Ramírez, esgrimieron nuevamente peroratas para tratar de contrarrestar la impugnación. Ruiz Esparza diría: “sería muy irresponsable truncar un proceso de entrega-recepción por el sólo hecho de que hay una impugnación, pues la ciudadanía merece la construcción de un adecuado Paquete Económico y de ofrecerle certidumbre de que tendrá un gobierno legítimo que ganó en las urnas”. Hasta ahora, que se sepa, no hay una calificación de validez del proceso electoral. Y dentro de su limitado discurso, Suárez Ramírez exigió a los priistas “a no seguir confundiendo a la sociedad que ya se manifestó en las urnas en favor del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional”, por ello los invitó a hacer un análisis de autocrítica y “para que así sepan por qué la ciudadanía ya no votó por ustedes”. Y en papel de juzgador -sólo le faltó la toga-, el panista aseguró que las causales de la impugnación “son débiles y ya muy difíciles de defenderlas”. Ruiz Esparza de Alba remató cuando les recordó a los priistas que “han perdido varias impugnaciones en la Sala Superior del TEPJF, por lo que les pido serenidad, respeto para los ciudadanos y no tratar de confundir a la sociedad ni generar incertidumbre en la vida política, social y económica del Estado”.

CONTRADICCIONES A GRANEL. Presumen los panistas sus estatutos en donde se señala específicamente en el Artículo 12 que los militantes están obligados a “contribuir a los gastos del partido mediante una cuota anual ordinaria de carácter voluntario, así como realizar las aportaciones extraordinarias cuando así lo determine el Comité Ejecutivo Nacional, para atender circunstancias financieras extraordinarias, las cuales de no ser sufragadas no darán lugar a un procedimiento de baja inmediata del padrón”. Sí, leyó bien: “cuota anual ordinaria de carácter voluntario”; sin embargo, lanza una velada amenaza a ese carácter voluntario que se torna en “obligatorio” cuando en seguida cita: “de no ser sufragadas no darán lugar a un procedimiento de baja inmediata del padrón”. Entonces, si no es inmediata, ¿será más adelante en el tiempo? Tal vez por eso los encargados de llevar las riendas del panismo en el nivel estatal, Paulo Martínez López y en el municipal, Rodolfo Téllez Moreno, primero han amenazado con claridad a los miembros morosos que adeudan cuotas “voluntarias” con impedir, primero, que accedan a algún cargo de la administración pública estatal o municipal, y en segundo, si no “se ponen a mano” darlos de baja del partido. Y todavía ambos personajes aseguran ser partidarios de la legalidad y respetar la ley. ¿En qué quedamos, pues?

EN SUS PROPIAS PALABRAS:

Ante una elección plagada de irregularidades donde existe un candidato inelegible por estar sujeto proceso penal POR EJERCICIO INDEBIDO DE LA FUNCION PÚBLICA, con orden de aprehensión y en libertad bajo fianza; donde también hubieron violaciones a la Constitución en sus principios de laicidad y separación Iglesia-Estado; la constante intervención de servidores públicos a favor de la campaña del candidato a Gobernador postulado por el Partido Acción Nacional mediante la entrega de más de 72 mil DESPENSAS en el mes de mayo por funcionarios municipales y en vehículos oficiales a militantes del PAN; la promoción de la obra pública en los periódicos por el presidente municipal, la propaganda a favor de los candidatos del PAN y rifa de utensilios con la presencia de la candidata a la Presidencia Municipal de Aguascalientes; y por si lo anterior fuera poco, la violación a los principios de equidad y legalidad por rebase de tope de gastos de campaña, así como presunción constitucional de determinancia, toda vez que el candidato Martín Orozco Sandoval lo rebasó en un 21.53% (VEINTIÚN PUNTO CINCUENTA Y TRES POR CIENTO), es que resulta la obligación moral de impugnar hasta la última instancia la elección, pues es nuestro deber proteger el voto de la ciudadanía, que el mismo se haga de manera libre, no influenciada por actores que se aprovechan de la necesidad del pueblo haciendo mal uso de los programas sociales, ni de la indebida intervención del clero. Norma Adela Guel Saldívar, diputada local por el PRI.

FRASE DEL DÍA:

Cuando nuestros sueños se han cumplido es cuando comprendemos la riqueza de nuestra imaginación y la pobreza de la realidad. Ninon de Lenclos (1620-1705). Cortesana francesa.

EL BISTURÍ. El ajuste de cuentas entre los sucesos y las declaraciones.

NOBORRAR Según el alcalde panista Juan Antonio Martín del Campo, ahora resulta que la aseguradora “El Potosí RSA” ha pagado por siniestros más dinero del que recibe por concepto de la póliza que se paga con los recursos por el pago al impuesto predial. Hay muchos detalles por aclarar y no estaría de más una auditoría. En pago al buen comportamiento y a la colaboración clerical, Martín del Campo ya anunció los cambios que se harán a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento pues según argumenta, con el dinero ajeno considera que “es justo que el gobierno municipal, como tal, tenga exento del impuesto en las licencias (de construcción), son ajustes que estaremos haciendo, esto en base a la experiencia que hemos tenido en estos dos años de que van a construir algún templo, pues dicen: oye pero la licencia de construcción me sale en 30 o 40 mil pesos y cómo me puedes ayudar, y no podemos ayudarles porque la Ley de Ingresos no lo permite hacer ese tipo de descuentos, por lo tanto, hoy sí está considerado, contemplado hacer descuentos o que puedan estar exentos”.