Carlos Romo Medina
SE HA REITERADO hasta la saciedad que el síndrome del ladrillo parece ser en los últimos tiempos algo así como una epidemia, prácticamente una pandemia. La mayoría de quienes acceden a un cargo público carecen de una mínima ética y están sobrados de prepotencia y soberbia.
NO ES NUEVA, por cierto, la actitud de arrogancia y la pretensión de salir “forrados” al término de su responsabilidad pública. Ya lo dice el viejo y deleznable refrán del “no quiero que me den, sino que me pongan donde haya”.
LA CORRUPCIÓN practicada desde épocas coloniales resultó ser una magnífica escuela para los débiles de moral y ética, pero tierra fértil para los codiciosos que trasgreden toda norma o ley con tal de saciar sus pírricas alforjas que portan cuando ingresan al “servicio” y lucen rebosantes, rozagantes cuando deben abandonarlo.
EL DEVALUADO congreso del estado (así, con minúsculas) ha facilitado que algunos vulgares ambiciosos consideren ese Poder como su botín particular, un coto personal para beneficiarse en y “apoyar” a sus parientes y amigos a formar las pandillas de saqueadores de los recursos públicos, arañando hasta lo más profundo la piel del erario, llegando a sangrarlo hasta los huesos.
SE PRESENTA a su consideración una historia que está desarrollándose actualmente en el congreso del estado por un grupo de burócratas de medio pelo que consideran a esa institución como su feudo individual.
RESULTA QUE la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes está siendo violentada por una camarilla de vivales. El contexto es el siguiente: Durante el mes de junio de cada año se lleva a cabo la entrega de reconocimientos por antigüedad a los trabajadores sindicalizados que cumplen 15, 20, 25, 20 y 35 años de servicio y que están registrados ante el ISSSSPEA.
LA NOVEDAD es que a mediados del mes de junio la titular del área de Recursos Humanos del Congreso, María Guadalupe Macías Loera, pospuso para el mes de julio la entrega de dichos reconocimientos. Argumentó que no tuvo el tiempo suficiente para organizar ese evento. La pregunta obligada: ¿cómo es que ocupa ese cargo alguien que no se molesta en documentarse sobre sus responsabilidades y tareas en ese cargo?, ¿quién la recomendó?
LO GRAVE COMENZÓ a ocurrir a partir del 12 de julio cuando dio a conocer la relación del personal sindicalizado a premiar por su antigüedad, documento firmado por la directora general de Servicios Administrativos y Financieros, Lina del Rocío Franco Calzada, y en donde se incluye a Omar Israel Jiménez Colombo, quien trabaja bajo las órdenes directas de Franco Calzada y no cumple con los requisitos de antigüedad, pactados estrictamente “Acuerdo al Pliego de Peticiones para el año 2022”.
ES PRECISO aclarar que el referido Omar Israel Jiménez Colombo NO figura dentro de la plantilla de personal sindicalizado, lo cual implica realizar una investigación a fondo de las razones por las cuales Franco Calzada incluyó a su subalterno en la relación de beneficiarios sindicalizados por su antigüedad.
NO HA SIDO el primer caso que se presenta con el aludido Omar Israel, pues la jefa del Departamento de Recursos Humanos, María Guadalupe Macías Loera, el 20 de junio del presente año lo incluyó en la relación de papás que están agremiados al sindicato para que se entregara el “Bono del Día del Padre”. Macías Loera ha ignorado los llamados que le han hecho del sindicato de trabajadores del congreso para que aclare si se le entregó o no ese bono.
ESTA SITUACIÓN ha orillado al sindicato a solicitarle al Contralor Interno del congreso del estado, Gustavo Avendaño Chavira, para que tenga por presentada una denuncia en contra de Omar Israel Jiménez Colombo, quien incurrió en una conducta prevista en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, en donde se señala en su Artículo 39: “incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero”…
TAMBIÉN SE DENUNCIÓ a Lina del Rocío Franco Calzada por otros motivos que la citada ley establece en su Artículo 41: “será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
EN CAPILLA, DENUNCIADA también, está María de Guadalupe Macías de Loera, quien es señalada de violentar el Artículo 48 de la referida ley en donde se indica: “será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando, en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.
DE ESTE ASUNTO tienen conocimiento los diputados Adán Valdivia López, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política; Luis Enrique García López, presidente del Comité de Administración y las funcionarias demandadas.
¿ACTUARÁ EL CONTRALOR Interno? ¿Pondrán remedio los diputados? ¿Prevalecerá la impunidad y la filosofía nefasta del tapaos los unos a los otros?, porque es evidente que dichas burócratas fueron puestas o impuestas por los diputados. Ya veremos si el congreso del estado sigue tan achicado como lo tienen los actuales diputados que rara vez legislan.
En sus propias palabras
Estamos tan acostumbrados a disfrazarnos para los demás, que al final nos disfrazamos para nosotros mismos. François de la Rochefoucauld, escritor y político francés.
La frase del día
Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo. Bertolt Brecht (1898-1956). Dramaturgo y poeta alemán.
El Bisturí. El ajuste de cuentas entre los sucesos y las declaraciones
Los diputados deben entregar cuentas a sus electores y no al gobernador, ni a sus amigos, recomendados o familiares. No es en vano el desprestigio de esa figura está más devaluada que nunca.
Colofón
La danza de la impunidad.
