Carlos Romo Medina
LLEGÓ EL DÍA. No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. México dejó hoy de ser un país de instituciones. La libertad se ha agotado y la dictadura ha iniciado su maligno camino gracias a la ignorancia del pueblo sabio que es manipulado obscenamente. Solo ha quedado una institución: la Presidencia de la República.
La pifia que significa el fallo dictado hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Corte no ha sido una decisión menor. Lo que se suponía un Poder autónomo y que forma parte del tripié en el que descansan los Estados Unidos Mexicanos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero se puso de rodillas y al servicio particular de los intereses de un solo hombre.
NO ES NECESARIO ser un erudito en Derecho para entender el oprobio cometido por seis personajes disfrazados como magistrados vestidos con una toga y un birrete. Cualquier persona con conocimientos mínimos de educación cívica puede entender que la ley no está sujeta a ninguna clase de democracia participativa. La ley se aplica y punto. La justicia es ciega y se ciñe estrictamente a los dictados de la ley. Los magistrados (así, con minúsculas) abandonaron el último bastión, la última institución que podría ser contrapeso en un país que se presume democrático.
EN DICHOS CONOCIMIENTOS mínimos de educación cívica se entiende que la República se asienta en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Legislativo (integrados por los diputados y los senadores) fue cooptado de inmediato por el Poder Ejecutivo quien igualmente que antes, les dicta qué no aprobar, qué leyes nuevas aprobar o qué modificaciones hacer a conveniencia del actual régimen.
SABEMOS QUE los órganos autónomos también fueron tomados por el Poder Ejecutivo (léase Andrés Manuel López Obrador) bajo métodos suaves o duros, según fuera el caso particular de los integrantes de dichos organismos. El resultado es la inoperancia actual de esos órganos que están para satisfacer los deseos, ocurrencias y órdenes del presidente de la República.
ASÍ, HEMOS APRECIADO cómo desde la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Radiodifusión, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI, el Banco de México, la medición de la pobreza a cargo de Coneval, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Fiscalía General de la República, están bajo el control del presidente de la República.
Además, desaparecieron otras instancias autónomas como el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el Consejo Nacional de Turismo, ProMéxico, se crearon como organismos de coordinación entre las instituciones y, además, ante la exigencia social de atender problemas que han afectado a nuestra nación, como la violación a derechos humanos y la corrupción, o bien para encargarse de funciones específicas y bien delimitadas.
LA DIVISIÓN DE Poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo a los artículos 49 y 116 de la Constitución Política se determinó como mecanismo para limitar y equilibrar los poderes públicos, al impedir que un poder se coloque encima de otro y que un individuo sea depositario de dos o más poderes; reconoce, además, su autonomía e independencia; esto es, la no intromisión, dependencia o subordinación entre ellos, estableciendo claramente que cada uno realizará sus funciones con plena libertad de decisión, sin más restricciones que las que la propia Constitución o las leyes les impongan.
SE COMPROBÓ en esta fatídica fecha que dichos artículos constitucionales, si antes se maquillaba su cumplimiento, ahora de manera franca, abierta, están siendo violados por el titular del Poder Ejecutivo con la anuencia cómplice de los otros dos “Poderes”: el Legislativo y el Judicial.
LA ÚLTIMA FRONTERA para garantizar esa división de poderes la cruzaron hoy esos seis magistrados de la suprema Corte de Justicia de la Nación que en teoría conforman el Poder Judicial de la Nación.
FINALMENTE, el oligofrénico, que como candidato presidencial mandó al diablo las instituciones, ha cumplido su sueño. Las instituciones son de él y para él. De nadie más. El pueblo bueno y sabio (que no es la mayoría de la población) permite que Andrés Manuel López Obrador, en el paroxismo de ejercicio del poder crea que no está obligado a respetar la ley, a pesar de que cuando rindió protesta como titular del Poder Ejecutivo se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. “Sí así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”, pues ahora se le demanda que cumpla lo protestado y si no, pues ya sabe que el fallo de la Corte para llevar a cabo la “consulta pública” que juzgará a los servidores públicos que violen la ley, podrá formarse en lista de espera.
EN CONTRA del proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar que establecía que la solicitud del presidente era inconstitucional votaron el presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar y los ministros Alfredo Gutiérrez, José Luis González, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán. A favor de dicho proyecto votaron a favor el propio Luis María Aguilar y los magistrados Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Fernando Franco González y Norma Piña.
DE NADA SIRVIÓ que el proyecto de Luis María Aguilar considerara que la pregunta planteada en el documento enviado por la Presidencia de la República es: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, fuera considerado por el magistrado “…inconstitucional, porque su núcleo central se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios”.
EN SUS PROPIAS PALABRAS
“La consulta popular comprometería el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, pues al someter y condicionar a la voluntad popular la decisión de si el Ministerio Público debe realizar sus labores y cumplir con sus obligaciones, se le restarían facultades y autonomía”. Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
LA FRASE DEL DÍA
La justicia sobre la fuerza es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía. Blaise Pascal (1623-1662). Científico, filósofo y escritor francés.
EL BISTURÍ. El ajuste de cuentas entre los sucesos y las declaraciones
La aplicación de la ley no puede dirimirse o decidirse mediante ninguna clase de consulta, referéndum, plebiscito o votación. La ley se aplica con lo que a la letra dice. Si vamos a consultar la aplicación de la ley para sancionar delitos, entonces significa que este terrible fallo dictado hoy por la Corte permite llevar al banquillo de los acusados a cualquiera que no comulgue con el régimen autoritario impuesto por López Obrador. La Santa Inquisición queda reducida a un juego de párvulos. El Estado de Derecho ha muerto en manos de quien ha cumplido con madar al diablo a las instituciones.
COLOFÓN
México está de luto, además de la pandemia, la infamia inconstitucional de la nueva mafia del poder.
