Jorge Varona Rodríguez
Recientemente el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar rescató y puso en la agenda nacional el tema del Estado de Bienestar. La ruidosa descalificación de un segmento del empresariado provocó, por ahora, una taimada respuesta de actores políticos. Independientemente de los modos de presentar la idea, ésta tiene fondo y solidez si dejamos de lado el aspecto punitivo. Apunta hacia el núcleo de la problemática de México.
Un singular tipo de Estado Social fue planteado con diversos matices por PNR-PRM-PRI, pero algo pasó en el contradictorio camino de su historia y lo relegó. En su vigente Declaración de principios, pese a su tono tecnocrático-neoliberal, todavía sostiene estar “firmemente comprometido con la justicia social… [la] construcción de una base mínima que considere acceso a servicios básicos y dé oportunidades para toda la población…” Promueve un “Estado social y democrático de derecho… [garante de] las libertades individuales, haga efectivos los derechos sociales, y asegure el ejercicio democrático del poder público… “.
Es lugar común señalar que el nuestro es de los países más desiguales del planeta. Los índices en acceso a salud y educación, alimentación, salarios, distribución del ingreso, como sabemos, son dramáticos. “De acuerdo con el Coneval, en su Evaluación de Política de Desarrollo Social 2018, hay 9.4 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema, y entre las carencias sociales con mayores porcentajes en la población se encuentra el acceso a la seguridad social, con 55.8 por ciento, y a la alimentación, con 20.1 por ciento”. (*)
“… según estima Oxfam, el 1 por ciento de la población recibe alrededor del 21 por ciento de los ingresos de todo el país. Además, la riqueza de los mexicanos más ricos del país, incluyendo a Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Baillères y Ricardo Salinas Pliego, asciende a casi el 10 por ciento del PIB”. (*)
Por ello, desde hace décadas, innumerables estudiosos y analistas han insistido en la urgencia de rehacer, fortaleciéndolos, el entramado social, la estructura institucional y las relaciones entre Estado y sociedad civil, entendida no solo como la clase de los propietarios sino en su complejidad clasista, cultural, política, étnica y regional, a fin de apremiar la responsabilidad del Estado en la hechura de políticas públicas que respondan eficazmente a las prioridades del desarrollo social y económico, así como en la racionalidad del debate y la reflexión colectiva y, por tanto, en la articulación de las relaciones entre las clases y los sectores sobre los principios de la ley y la justicia.
Rolando Cordera propone “una reforma fiscal consensuada”, punto de partida para resolver la antítesis del “fantasma del derecho natural a la propiedad o el reclamo plebeyo de justicia social”. Es decir, plantea la querella entre concentración y distribución de la riqueza. Y la acción del Estado para corregir los entuertos del mercado y la propiedad no sujeta al interés público, como dispone el artículo 27 de la CPEUM.
De ahí, según entiendo, la urgencia de 1) redefinir el derecho de propiedad; 2) medir y evaluar magnitud de la pobreza, así como de la concentración del ingreso; 3) establecer impuesto altamente progresivo sobre los grandes patrimonios capaz de financiar una dotación de capital universal con la cual organizar una circulación permanente de bienes y riqueza (T. Piketty); 4) garantizar acceso y ejercicio amplio de los derechos humanos, sociales y culturales (salud, educación y democracia política y social).
El panorama en Iberoamérica es impresionante, ha pagado una alta cuota de sangre, habiendo sufrido guerras civiles, exacción colonial, agresiones externas, crímenes sociales, inseguridad pública desbordada, dictaduras, avances y regresiones democráticas a lo largo de 200 años y sigue… La historia demuestra cómo la extrema desigualdad, nulificante de libertades y dignidad, en todas las latitudes ha desencadenado violencia cuyo rigor invariablemente se ensaña con los de abajo, los olvidados, especialmente niños y mujeres.
Así, es oportuno, necesario y justo profundizar la deliberación sobre el Estado de Bienestar, cuya esencia es la justicia social. Como emplazó Morelos y se sintetiza en las demandas de las tres revoluciones mexicanas inconclusas y conculcadas. Por eso, sin duda, están vigentes.
(*) Desigualdad la fractura de México, El Financiero, 2-5-2019
Publicado en El Sol del Centro/25-5-2020
