- Guillermo Macías Díaz Infante
Aguascalientes, Ags.- 29 de octubre de 2019.- (aguzados.com).- El diputado que suscribió la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) ha ido dando tumbos.
Primero fue dicho proyecto de reforma, de una forma descuidada en extremo, pero de un fondo, por demás inconstitucional, que quedará en la historia legislativa de Aguascalientes como la intentona de un grupo de detentadores del poder de acabar con la libertad de educación y de apropiarse, cual vil asalto en despoblado, de la institución educativa para convertirla en un reducto más de poder y privilegios, para ganancias propias.
Luego, ante la andanada de reclamos, críticas y comentarios en contra, vino su comunicado de explicación (del todo desorientada) y de disposición al debate, que fue otro documento de pésima redacción y peores conceptos.
Para cerrar (hasta hoy, casi media noche del 28 de Octubre), ya "habiéndosele enfrijolado la milpa" emite su comunicado de que la iniciativa "no tendrá impulso procesal alguno", lo que es otro burdo desatino.
Si bien vemos, entendemos y sabemos que dicha iniciativa no tendrá camino alguno que la lleve al destino pretendido, de todos modos vamos a formular el apunte de algunas ideas de inconstitucionalidad de lo que podría haber sido la reforma a la legislación universitaria.
Como primer punto, grave, es el golpe de estado a la Junta de Gobierno. Quitar seis miembros sin motivo alguno, para instrumentar un mecanismo de designación acorde a los intereses de los golpistas, sólo acontece en las dictaduras (que por cierto siempre disfrazan de legalidad sus acciones).
No hay en la iniciativa motivo alguno que explique y mucho menos justifique dicha remoción de seis de los miembros actuales de la Junta de Gobierno. Los quitan por ineptos o por corruptos o por qué? ¡No hay motivo! Esto configura una palmaria violación constitucional y, al margen jurídico de tal violación, el diputado suscriptor de la iniciativa debe una disculpa pública a esos seis miembros de la Junta.
No sé sus nombres y menos los conozco, pero la pretensión de su remoción pone en entredicho, sin motivo alguno, su calidad personal y ello es causa de responsabilidad del diputado. Tal pretensión de remoción inconstitucional se traduce en realidad en un acto de lo más bajo, de lo más ruin que se haya visto en la historia gubernativa del Aguascalientes moderno (al menos de mediados del Siglo XX, a la fecha).
Desde luego procedería el juicio de amparo por parte de tales miembros de la Junta. Este golpe tiene además una finalidad perversa: "quito a la Junta, pongo una nueva con integrantes a mi modo y ésta elige al nuevo Rector...y la Universidad es mía".
Ese es el trasfondo de la reforma, que en realidad no es promovida por un diputado, sino por un grupo de políticos, todos o la mayoría contadores, para mayor referencia, que "montaron en puerca pinta" a su colega contador-diputado.
En segundo lugar, se configura una clara violación al mandato constitucional sobre autogobierno, al pretender introducir al ámbito de la universidad autónoma (así, con minúsculas) personas ajenas al ámbito académico y de organización de la misma; se les daría voz y voto en la estructura de la institución.
La autonomía existe para que las instituciones universitarias se gobiernen a sí mismas sin intromisión de personas ajenas al propio entorno de la universidad en cuanto centro de ciencia, de cultura y del saber.
La pretensión de intromisión de "notables" de la sociedad, ajenos a la institución, por muy "notables" que sean, conlleva una desnaturalización de su propia finalidad educativa, de la difusión de las ciencias, el arte y la cultura, finalidad a alcanzarse a través de la dirección de quienes viven a diario la vida universitaria de difusión de la cultura.
El tercer aspecto de grave inconstitucionalidad es el consistente en que de manera soterrada, se desnaturaliza al organismo descentralizado, al obligarlo a manejar sus finanzas en un ámbito de centralización.
Esto no ha sido advertido en los comentarios que he leído. La autoridad universitaria estaría sometida al Ejecutivo y sus dependencias; así, la centralización financiera, bajo el principio de que "el que paga manda", haría nugatoria la autonomía en el ámbito educativo.
Por último, la designación de un titular de órgano de control interno por parte del Congreso, sujetaría a la institución, de manera inconstitucional, a los vaivenes, frivolidades y acuerdos de la política, privilegiando la intromisión de política y políticos por encima del mero ámbito universitario de organización institucional.
Así las cosas, tendrían acción para impugnar la reforma los miembros de la Junta que fueran removidos (amparo por interés jurídico), todos los miembros académicos de la Universidad (por interés legítimo) y la misma Universidad a través de la controversia constitucional, la que también podría ser promovida por el Fiscal General de la República; podría haber impugnación, vía acción de inconstitucionalidad, por parte del treinta y tres por ciento de los diputados y desde luego habría acción popular para promover juicio político en contra de los diputados que aprobaran la iniciativa.
Este panorama inédito de impugnaciones de la reforma a una ley, sería algo así como el paredón político del grupúsculo que trabajó en idear el proyecto de reforma que le hicieron firmar a uno de sus compinches.
En cuanto al comunicado del diputado de que no habrá ya "impulso procesal" a la iniciativa, le podemos comentar que su expresión es ajena al trámite legislativo, ya que conforme al artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes usted puede retirar la iniciativa hasta antes de que se dictamine en comisiones; el trámite de la iniciativa no puede verse frenado por una falta de "impulso procesal".
La retira o sigue su trámite, pero el seguirlo es una riesgosa aventura, la cual, previsiblemente, generaría a nivel local un nuevo "68", que desbordaría el tema de la autonomía y alcanzaría temas, ámbitos y niveles insospechados.
Yo no soy egresado de la UAA ni tengo interés alguno en esa institución en especial. Lo anterior no es obstáculo para participar, en beneficio de Aguascalientes y de su educación pública de nivel superior, en un serio y firme pronunciamiento en favor del respeto irrestricto a la autonomía universitaria, la que es garantía para la enseñanza, investigación y difusión de las ciencias, de la tecnología, de las artes y de la cultura en general, actividades del saber y expresión humana para las que debe existir un ambiente de universalidad.
Las autoridades competentes deben abstenerse de decisiones que atenten o menoscaben la autonomía universitaria, la que se encuentra garantizada en la Constitución Federal como parte del marco de las libertades de culturales de nuestra Nación.
