- Por José Carlos Ortega Sandoval
- Coordinador de Evolución Mexicana en Aguascalientes
Aguascalientes, Ags., 7 de diciembre de 2014.- (aguzados.com).- En México actualmente como sociedad y gobierno vivimos tiempos difíciles, la reciente desaparición de 43 jóvenes normalistas del estado de Guerrero y los temas de seguridad, así como de desarrollo social, han generado turbulencia política e inconformidad ciudadana.
La protesta y la crítica de la oposición se han manifestado; sin embargo no se han señalado los puntos de solución ante la problemática y la ignorancia de las mayorías.
Con el inicio de las campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y las entidades federativas harán uso de sus atribuciones previstas en la Legipe para llevar a cabo las elecciones que renovarán la totalidad de 500 curules de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, 641 diputaciones en 17 entidades, 993 alcaldías en 16 estados y 16 jefaturas delegaciones en el DF.
El proceso se ha iniciado y con ello, algunos funcionarios han hecho labor de proselitismo como en el municipio de Aguascalientes con el secretario Jorge López y sus espectaculares en la revista Líder Empresarial.
Es cuando la sociedad debe valorar estas acciones así como las propuestas de los candidatos en su momento y votar con conocimiento.
Los partidos deben hacer valer su institucionalidad así como el respeto a la ley electoral y no que se sirvan de la estructura del gobierno.
La gestión social es carta de presentación de los políticos y el trabajo en estructuras debe reflejar la institucionalidad de los partidos en una política adecuada.
Probablemente en las próximas elecciones veremos nuevamente la guerra sucia para ganar los espacios.
Contamos actualmente con una oposición más preocupada en mantener su posición que en generar la apertura a la participación ciudadana.
Ante la reciente modificación de los artículos 11 y 73 de la Constitución por parte de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nacional (PANAL), a lo cual la izquierda consideró se coartaba la libertad de expresión de la ciudadanía.
Sin duda la manifestación ha sido una estrategia política de la izquierda sin embargo habrá que valorar también los espacios ciudadanos dentro de sus partidos.
El PAN en materia de acuerdos legislativos ha negociado algunas leyes con el PRI pero en lo electoral se han mantenido como oposición política.
Hasta el momento no hay legislación alguna que prohíba la libre manifestación o marcha en México.
Sin embargo, en los últimos años han existido intentos legislativos para regular las marchas, alegando que cuando la libertad de tránsito se afecta por las manifestaciones que obstruyen la vía pública, se está incurriendo en una limitación a los derechos de muchos.
Como ciudadanos ¿qué tipo de política queremos? ¿La de la manifestación en las calles o la de la participación política en los espacios de partido?
La libertad de expresión se fortalece con el conocimiento y sobre la manifestación también podremos proponer la coordinación de esfuerzos ya sea desde la sociedad civil o en las estructuras políticas.
Es aquí donde como ciudadanos debemos dar un paso contundente en lugar, incluso, del abstencionismo electoral.
Creo firmemente que para generar una sociedad del conocimiento se debe contar con el apoyo de la responsabilidad social de la educación, así como del profesionalismo de los medios de comunicación.
Según el primer índice de Cultura de la Legalidad, realizado por México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) entre el treinta de mayo y el ocho de junio de 2014, México obtuvo una calificación promedio de 5.5 en una escala de diez.
La encuesta, que evaluó el aprecio y valoración, la percepción y la práctica de la Cultura de la Legalidad reveló que las personas entre 18 y 49 años con mayor preparación académica son las que más la promueven, pues obtuvieron en promedio un 5.6, en contraste con las personas de 50 años y más con un 5.5.
Por este motivo, la educación representa una fortaleza para una mejor participación ciudadana de cara a las campañas electorales.
Es cuando como sociedad ante los informes de gobierno, debemos evaluar con criterio y decidir libremente.
El INE tiene ante sí inmensos desafíos: de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2013, sólo 37 por ciento de la ciudadanía apoya a la democracia; mientras que prácticamente 50 por ciento de la población declara que estaría dispuesta a ceder libertades a cambio de mayores niveles de bienestar.
La democracia en México está severamente cuestionada.
La ciudadanía cree cada vez menos en las instituciones y desconfía severamente de la honestidad y de la capacidad de quienes gobiernan, de manera tal que hoy la mayoría de quienes tienen más de 18 años de edad, considera que da lo mismo tener un gobierno autoritario que uno democrático.
Sin embargo las instituciones y la participación ciudadana son la medula espinal del sistema democrático para la formación y representatividad de otra manera contaremos con una oligarquía o peor, la anarquía.
La vida en democracia solo puede mantenerse en un proceso de continua construcción.
Tenemos la oportunidad de involucrar a la población en la implementación de las políticas públicas, para ello debemos ampliar los tiempos y espacios para el ejercicio de la democracia.
No pasemos por alto la brecha que hay entre lo que se anuncia como política y lo que se ejecuta.
Cuando las políticas puestas en marcha no son ejecutadas de manera efectiva, la ciudadanía se decepciona.
Mejorar la implementabilidad de las políticas involucrando a la población en esta etapa puede fortalecer la credibilidad del gobierno, incrementar el bienestar de los ciudadanos y mejorar la satisfacción en general con la democracia que se traduce en mayor índice de votación.
Nos permite crear mayores espacios de diálogo mejorando la relación entre autoridad y ciudadanía para continuar construyendo la democracia.
De esa manera, también establecer nuevas prácticas y parámetros de acceso de la información, de rendición de cuentas y de transparencia.
En la medida en que logremos esfuerzos más coordinados como ciudadanía y partidos así como entre los diversos poderes y órdenes de gobierno, el desarrollo del país será más acelerado, más profundo y más equilibrado.
Necesitamos un federalismo articulado, en el que los esfuerzos locales se articulen de manera positiva y propositiva con el gobierno federal.
El principal reto para la democracia en México y en cualquier parte del mundo es mantener la voluntad de conocer y no quedarse en cuestiones poco significativas, sino abordar las grandes problemáticas sociales.
Las ciencias sociales hoy no pueden cumplir su papel como antes, porque la actitud que tomen en la crítica de la sociedad contemporánea debe ser distinta a la forma de fundamentar lo que se dice.
Necesitamos una democracia donde la política sea incluyente en el tema social más que el debate solo de partidos e ideología.
Debemos superar el discurso de los de arriba y los de abajo; los incluidos y los excluidos; los poderosos y los que carecen de poder; los dominadores y los dominados y donde las instituciones sean incluyentes para la sociedad en congruencia con la soberanía nacional pero esto solo lo podremos lograr con una ciudadanía informada y participativa.
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