- En sesión ordinaria se designó a Alejandra Chávez Lomelí como nueva Defensora de los Derechos Universitarios
- La nueva titular ocupará ese cargo en la máxima casa de estudios del estado para el periodo de marzo de 2023 a febrero de 2025
Aguascalientes, Ags, 24 de febrero de 2023.- (aguzados.com).- En conformidad con lo estipulado por la legislación universitaria, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró la sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, en la cual se abordaron y desahogaron 24 puntos dentro del orden del día.
Dentro de los trabajos del máximo órgano de gobierno de la UAA, destaca la selección del defensor de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el periodo de marzo de 2023 a febrero de 2025.
Luego de la exposición de propuestas y de la correspondiente votación, se designó a Alejandra Chávez Lomelí, quien ocupará la titularidad de esta instancia universitaria, que busca promover y hacer valer un ambiente de paz y respeto mutuo entre las y los integrantes de la comunidad, así como aplicar protocolos para atender y canalizar cualquier situación que pudiera ir en contra de estos principios.
La ahora titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios es maestra en Educación y licenciada en Derecho; laboró en la Procuraduría General de Justicia del estado de Aguascalientes de 1998 a 2000 y se ha desempeñado desde 2001 en el Bachillerato de la Autónoma de Aguascalientes, donde ha ocupado diferentes cargos; entre ellos, profesora e investigadora asociada, secretaria académica del plantel oriente de BachUAA, así como secretaria administrativa, enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios, coordinadora de Escuela para Padres, enlace de Becas y coordinadora de actos cívicos en el plantel central de este mismo bachillerato.
Cabe hacer mención que la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAA fue creada como una instancia independiente a la que pueden acudir las y los universitarios, académicos y personal administrativo para ser escuchados, orientados y atendidos en las consultas, demandas y reclamaciones de carácter individual, cuando se considere que sus derechos universitarios han sido vulnerados.