- Las acciones de los gobiernos han suspendido ciertos derechos y garantías individuales
- Es de suma importancia investigar el fenómeno para evitar que se vulnere a las personas
- La mayor responsabilidad está en manos de quienes legislan y diseñan políticas públicas
- Lo hacen para contener la pandemia y esta labor debe tomar en cuenta la nueva literatura jurídica
Aguascalientes, Ags.- 5 de octubre de 2020.- (aguzados.com).-Como parte de las actividades dedicadas al impulso del desarrollo sustentable, justo y equilibrado de nuestra sociedad, el cuerpo docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) destina esfuerzos al análisis de las problemáticas desencadenadas a causa de la pandemia por covid-19.
Una de ellas es la manera en que se compromete el cumplimiento de las garantías individuales de las personas, como resultado de las acciones que los gobiernos han implementado en materia económica y sanitaria.
Al respecto, el profesor investigador adscrito al Departamento de Derecho del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSH) de la UAA, José Manuel López Libreros, indaga este fenómeno, así como las distintas determinaciones que se han generado como respuesta y sus implicaciones en el contexto latinoamericano.
Señaló que los derechos humanos son aquellos elementos esenciales que posibilitan que las personas tengan libertad individual, integridad física, desarrollo cultural y económico que les permita tener un proyecto de vida y potenciar sus capacidades bajo un concepto de dignidad.
Estas garantías tienen reconocimiento en las normativas locales e internacionales, de ahí que puedan ser exigidas ante el estado y los particulares; en suma, no deben ser conceptualizadas como ideales o declaraciones de intención de lo que deberían llegar a ser.
López Libreros destacó la importancia de analizar los derechos humanos en sus contextos particulares. En el caso de Latinoamérica, los problemas de desigualdad social, política y económica han jugado un rol fundamental en el cumplimiento de las acciones frente a la pandemia, por lo tanto, en la capacidad para hacer valer las garantías individuales de los grupos vulnerables.
Aunado a lo anterior, existen otros factores que han agudizado este escenario: la violencia, tanto la generalizada como la específica, que padecen grupos sociales, géneros y etnias; los altos índices de corrupción e impunidad; las crisis penitenciarias a causa de la sobrepoblación de cárceles; el fenómeno migratorio en aras de mejores condiciones de vida, ya sea como una decisión voluntaria u obligada por los conflictos armados o el crimen organizado que azotan determinadas regiones a lo largo del continente.
Todo ello impone serias dificultades al desarrollo de políticas y programas adecuados, los cuales deben contemplar, a su vez, el impacto diferenciado de la pandemia en relación con el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los diferentes grupos que integran la sociedad. Solo así los estados podrán diseñar estrategias más efectivas para evitar los contagios y asegurar el acceso universal a la salud en función de los recursos disponibles para cada servicio.
Los gobiernos a nivel mundial, han extendido decretos presidenciales para declarar estados de emergencia, cuya implicación más importante es la suspensión o restricción de derechos fundamentales, por ejemplo: acceso la información; inviolabilidad del domicilio; ejercicio del comercio, y principalmente el libre tránsito, por citar algunos.
Estas determinaciones buscaban garantizar la protección de las personas bajo los mayores estándares posibles de respeto a los derechos humanos de acuerdo con los contextos particulares de cada nación y en razón de sus respectivos recursos legales interdependientes.
Desde los momentos iniciales de la pandemia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución para orientar las formas en que podían proceder los gobiernos en la gestión adecuada de las acciones para contener la pandemia y, al mismo tiempo, evitar violaciones a los derechos humanos. Así, se estableció el estándar interamericano, que propone vínculos para el cumplimiento de los derechos a la salud, vivienda y trabajo a través de estados de excepción.
Finalmente, López Libreros refirió que estos documentos juegan un rol fundamental y deberían ser considerados por quienes tienen a su cargo el diseño de leyes y políticas; sin embargo, es fundamental que exista una coordinación de los actores sociales, económicos y políticos a nivel internacional, para establecer consensos que conduzcan a mitigar las situaciones de grandes dimensiones, como lo ha sido el brote infeccioso por covid-19.
Por ello, exhortó a que los correspondientes actores, en particular quienes tienen injerencia en las actividades del estado, indaguen en la nueva literatura jurídica que se ha generado en las distintas esferas para construir un escenario libre incertidumbres de todo tipo hasta el fin de la pandemia.
