- El próximo miércoles 27 de enero, la Segunda Sala de la Corte revisará el proyecto propuesto por el ministro Luis María Aguilar sobre el tema
Ciudad de México.- 23 de enero de 2021.- (aguzados.com).- Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los temas que ha generado mayor polémica es su política en materia energética y se prevé que la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto sea que obstaculiza las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y beneficia de manera indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta decisión podría darse el próximo miércoles, cuando los miembros de la Segunda Sala de la Corte revisen el proyecto del ministro Luis María Aguilar respecto a resolver la controversia constitucional presentada por la COFECE contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, publicó en mayo de 2020.
Según información obtenida por el diario El Universal, la propuesta señala que la política obstaculiza la competencia económica y da una “ventaja exclusiva e indebida en favor de la CFE para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia”.
Lo anterior debido a que los proyectos propuestos por la CFE incidirían en todo el desarrollo de la cadena productiva de la industria eléctrica, por lo que esta comisión, “en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador”, tendría una participación de suma relevancia en la planeación del Sistema Energético Nacional.
Sin embargo, esto representaría “un obstáculo para que el mercado de la generación y la comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad”, argumento principal por el cual se basaría la decisión de la Corte en favor de la COFECE a partir del documento que se presentará el próximo 27 de enero.
La propuesta también podría invalidar 22 disposiciones de la Política de Confiabilidad, las cuales se contraponen a lo instaurado en la reforma energética de 2014 respecto a las funciones de la COFECE para prevenir actos monopólicos bajo principios de imparcialidad e independencia.
Otro de los argumentos para ir en contra de la Política es que permitiría al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ordenar la asignación y despacho de Unidades de Central Eléctrica fuera de mérito, lo cual representaría una “barrera a la competencia y libre concurrencia”.
La razón principal de este señalamiento es que al permitir estas condiciones, se desplazaría del mercado a las centrales eléctricas que pueden ser más eficientes y, por lo tanto, privar a los consumidores de tarifas eléctricas más accesibles.
Acerca de la generación e importancia de energías limpias, el proyecto del ministro Aguilar establece que el Estado debe garantizar un desarrollo nacional sustentable, además de que la política de la SENER no puede eludir la responsabilidad de que el avance en la industria eléctrica sea de esta manera.
Tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador dijo coincidir con los planes de su colega sobre el manejo de la pandemia, los estímulos económicos y la migración, pero descartó variar su política energética, cuestionada en el vecino país.
Ante las preguntas sobre una posible flexibilización de algunas acciones tomadas por su gobierno en el sector de energía y sus afectaciones sobre la inversión, el mandatario señaló que no hará cambios en su política ante la llegada de una nueva administración a Estados Unidos.
Y es que a lo largo de su gobierno, López Obrador ha buscado fortalecer la presencia del Estado en el sector y México ha chocado cada vez más con inversores foráneos por medidas como restringir permisos a firmas privadas de energía renovable o amenazas de eliminar órganos reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía.
