- Se carece de un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado: Jesús Enrique Ramírez
- Además las tarifas a liquidar son las más altas del país, siguen siendo muy elevadas, agregó
- La privatización de ese servicio no es garantía de que habrá marcha atrás a esa pretendida medida
Aguascalientes, Ags., 26 de abril de 2015.- (aguzados.com).- Antes de que en el país impulsen la privatización del servicio del agua potable, los legisladores deben revisar el caso Aguascalientes para que se den cuenta de que el capital privado, en ese servicio, no mejoró sustancialmente la dotación del vital líquido, aseguró el secretario general de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), Jesús Enrique Ramírez Ramírez.
Indicó que la suspensión momentánea del dictamen que pretende modificar la legislación federal en la materia y permitir una mayor participación del capital privado en la operación de los sistemas de agua potable, no es garantía de que habrá marcha atrás en la pretensión privatizadora del agua en México, aseguró.
El dirigente obrero señaló que este año se están cumpliendo 21 de que, en un experimento salinista, se concesionaron los servicios del agua potable y alcantarillado en la ciudad de Aguascalientes, sin embargo los resultados no han sido del todo positivos ni, mucho menos, ejemplares.
Refirió que algunos de los saldos de esta privatización, es que hoy se pagan los precios más caros del país por un servicio que no es eficiente, que se caracteriza por múltiples fallas en la dotación de agua en los hogares y que aun cuando no se tiene el suministro adecuado del líquido, las facturas llegan puntual para su liquidación, de lo contrario el servicio es suspendido.
En decenas de municipios de quince entidades del país, agregó Ramírez Ramírez, el suministro de agua potable está a cargo de empresas privadas, total o parcialmente o bien en esquemas mixtos, sin embargo en entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California sur, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Zacatecas, la falta de pago ocasiona la suspensión del servicio.
En la mayoría de estas entidades, añadió, tal como sucede en Aguascalientes, el derecho humano al agua no es respetado ya que en cuanto detectan la omisión en el pago del servicio, la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (CAASA), suspende el cien por ciento de la dotación de agua potable, violando uno de los derechos fundamentales más importantes como es el acceso a ese recurso natural.
El cromista recordó que “en noviembre de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera satisfecho este derecho con el abasto de entre 50 y 100 litros diarios por persona, no obstante, CAASA con la complacencia de las autoridades reguladoras, sanitarias, con el amparo de derechos humanos y la omisión de Ministerios Públicos, suspende el suministro del vital líquido, pasando por alto tratados internacionales que aseguran el acceso a este servicio” dijo.
Por tanto, argumentó, antes de aprobar las modificaciones a la ley, los legisladores federales deben conocer a fondo la realidad del caso de Aguascalientes para que se convenzan de que el esquema concesionado no necesariamente resuelve el problema de dotar de agua a la población, concluyó.
{ttweet}
