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UIF identificó más de 500 operaciones con Odebrecht en sexta denuncia contra Emilio Lozoya

  • El ex director de Pemex está acusado por el desvío de 3 mil millones de pesos a través con la trasnacional

Ciudad de México.- 21 de julio de 2021.- (aguzados.com).- El acuerdo del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), continua en pie, mientras la Fiscalía General de la República ha presentado seis denuncias en contra del ex funcionario por el caso Odebrecht.

Esta última demanda fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos a través de 33 empresas y 11 personas físicas, un esquema que habría sido identificado con más 500 operaciones globales que hizo la empresa trasnacional en 29 países.

El expediente, según Contralínea, sigue el dinero transferido hasta siete grandes conexiones hasta Lozoya y aseguran se trataron de sobornos por 10.5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht.

Estas cinco centenas de operaciones no solo refieren a depósitos, también se trata de transferencias locales e internacionales, retiros, envíos de capital, compra y venta de divisas, movimientos en cheques, importaciones, pagos de honorarios, nóminas, arrendamientos compra de inmuebles, muebles, insumos, entre otros para ocho empresas de Odebrecht cuya sede se encontraba en México.

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Para dar con esta información las finanzas de Emilio Lozoya fueron fiscalizadas a detalle, reveló la periodista Nancy Flores, así como también se indagó en la información de la madre, hermana, esposa y empresas offshore del ex funcionario. ¿El resultado? 162 operaciones globales fueron rastreadas en el extranjero.

La UIF habría revisado 64 cuentas bancarias de Odebrecht y por lo menos ocho cuentas de Lozoya. De hecho, la dependencia identificó reportes de ocho personas morales con presencia en el país que fueron presentados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La primera de las filiales, reveló el medio mexicano, reportó 50 operaciones desde 12 cuentas bancarias, conectadas con personas físicas, morales y una cuenta adicional. Todas fueron hechas “desde y hacia Estados Unidos”.

Además, se reportó una transferencia de 816,000 dólares, exportaciones e importaciones a Alemania, además de otras operaciones hechas a Canadá, España y Panamá, además de compra venta de divisas en dólares de 2002 a 2015 por cantidades millonarias de entre uno y 15 millones de pesos, así la compra de 11 vehículos.

La segunda empresa fue Odebrecht Servicios Integrales de México, S de RL de CV. con 36 operaciones globales en las que participaron México, Estados Unidos y Brasil. En este caso se indagaron pagos de nómina y operaciones globales con filiales como Norberto Odebrecht SA.

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Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S de RL de CV fueron las terceras empresas identificadas por la UIF, según el medio y habrían realizado 56 operaciones con flujos de capital circulares con la empresa anterior con México, Estados Unidos, Brasil y Guatemala.

De la cuarta empresa se documentaron 54 operaciones millonarias entre 2012 y 2017 con origen y destino en Brasil, Estados Unidos, Canadá, China y Hong Kong. Mientras que las últimas dos reportaron 45 y 26 operaciones, respectivamente.

Todas estas empresas estuvieron ligadas directa o indirectamente con el ex director de Pemex en transferencias y depósitos. Sin embargo, la UIF también cuenta con 11 transacciones filiales distribuidas por el mundo que van desde transferencias internacionales hasta compra y venta de divisas.

Esta última demanda contra Emilio Lozoya se presentó por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.

La UIF habría identificado el esquema de lavado de dinero entre 2012 y 2016, cuando el presidente en México era Enrique Peña Nieto. Bajo estas circunstancias, y por medio de las 34 empresas, relacionadas con Odebrecht, se habrían otorgado contratos por millonarias cantidades de dinero, que se integraron en 3 niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

 

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