- Javier García Zapata
Aguascalientes., Ags.- 27 de junio de 2019.- (aguzados.com).- A nadie pasa inadvertido que una de las profesiones cuyos practicantes más se han empeñado a través del tiempo y con todo denuedo a desprestigiarla, es la de la abogacía. Menudean los chistes acerca de los “licenciados”, en los cuales se cuestiona su honestidad y se pone de relieve una maligna habilidad para la trampa, el chanchullo, el despojo… Lo cual no debiera causarnos ninguna gracia.
Como es frecuente, el jurado popular tiende a la generalización, pese a que, como también nos consta a todos, hay profesionistas del derecho decentes e íntegros, que tienen su propio brillo, de gran intensidad per se y también precisamente por ser tan escasos.
¿Corrompen los abogados al sistema, o son corrompidos por éste? Al hablar de abogados nos estamos refiriendo aquí a titulados y pasantes, a quienes litigan en lo individual o en despacho, así como a quienes trabajan en empresas o el sector público, litigantes o impartidores de justicia.
Sin distingo de edad o posición, no son pocos los que comentan que al salir de la universidad e involucrarse ya en la práctica encontraron un mundo muy distinto al que imaginaron, muy distante del que supusieron, y del que nunca les hablaron lo suficiente. Les vendieron la idea de que trabajarían en una mansión con alberca, cuando en realidad se mueven en el cieno de las cañerías. Existen también no pocos que, contrario a lo que diría el clásico, se levantan pensando cómo joder a los demás, porque con esa intención cursaron la carrera.
No hay alfombra bajo la cual podamos ocultar una realidad tan evidente y lastimosa. Profesionales que debieran aportar su talento a la administración de justicia y al mejoramiento de la sociedad, se constituyen en ominoso fardo que empantana procesos judiciales, satura juzgados, causa pérdidas patrimoniales, ahonda diferendos, tima, prevarica, estafa…
Por desgracia, en lugar de montarse en Rocinante y anteponer la justicia a la ley, incontables abogados y seudoabogados se trepan al tren de la corrupción, que les resulta más cómodo y más jugoso en términos económicos; a fin de cuentas, pescan sustanciosamente en un río revuelto, absorbidos ya por “el sistema”.
Y los ciudadanos bien que contribuimos con singular fervor a agitar y enturbiar las aguas; ni para qué hacer que la Virgen nos habla. ¿No es cierto que solemos catalogar o clasificar a los abogados de acuerdo con su repertorio de malas artes, y que entre más amplio el catálogo de trucos que nos muestren más nos convencen, y además aportamos nuestra propia inventiva?
Ante este panorama no falta quienes quisieran empujar una iniciativa al estilo de “#MeToo”, para denunciar y exhibir en el centro de la plaza pública que hoy son las redes sociales a quienes han traicionado la confianza de los clientes, y los han hundido en la desesperación y hasta en la miseria, dejándolos como dice La Magnífica: “sin cosa alguna”.
Pero ya se les adelantó el Sistema Estatal Anticorrupcion, cualquier cosa que sea eso, y lanzó una plataforma “contrario sensu” a un “#me too”, es decir, una especie de cuadro de honor para que se incorporen los abogados que deseen suscribir algo así como un pacto de ética, un padrón de bien portados, que casi llevarán una estrellita en la frente.
En la presentación oficial de la que fue definida como “herramienta tecnológica que aloja el estándar ético de los profesionales del derecho”, el pasado día 20 en el edificio de la CMIC, la titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, reconoció implícitamente la crisis de honestidad que existe entre sus colegas y en la impartición de justicia.
Destacó que es una “urgencia en la actualidad, el recobrar la confianza de la sociedad, lo cual sólo se logrará con integridad y congruencia; la honestidad, la honradez, el estudio, la entrega, la calidad en su trabajo y en consecuencia, el permanente ejercicio ético” de profesionales de excelencia.
Julio César Esparza Hernández, presidente de la Barra de Abogados de Aguascalientes, apuntó por su parte que “el gremio está realmente interesado en que este proyecto realmente trascienda en los profesionales de las leyes, tanto litigantes como funcionarios públicos, a fin de que cada uno haga lo propio para que cada vez haya más compromiso por desterrar la corrupción”.
Finalmente, la comisionada presidente del CPC, María Teresa Belmont Acero, mencionó que el propósito de este “Estándar Ético” es conseguir “el compromiso público de los abogados del país y de todos los sectores para elevar el nivel de ética que rige su actuar, de tal manera que este ejercicio sirva como una verdadera inhibición de conductas y prácticas deshonestas”, y “funcionará de forma similar a una certificación de buenas prácticas”.
Con mucho optimismo se dijo que en los primeros siete días de actividad de la plataforma, se registraron 500 abogados. En una rápida búsqueda, que permite la propia página, encontramos que de esos 500, 2 son de Aguascalientes.
Según cifras del INEGI (2016), en el país hay cerca de 350 mil profesionales de las leyes, de los cuales 0.8% (unos 2,800) residen en nuestra entidad. Si todos quisiesen registrarse y firmar el compromiso, ¿cuánto tiempo se llevaría el proceso, a ese ritmo de 70 diarios?
Ahora bien, Espinosa Castorena dijo en su mensaje que “Lo trascendente del Estándar Ético que encontramos en la plataforma es que se trata de un ejercicio voluntario sin estar vinculado a una sanción… La ética requiere de acciones y no sólo de buenas intenciones”.
¿Será suficiente con un ejercicio voluntario, o se requiere adoptar medidas más enérgicas para poner en su lugar a trúhanes disfrazados de abogado, meter orden y hacer justicia a los que han sufrido atropellos de parte de las instancias encargadas precisamente de justicia y que encima han sido expoliados por algunos leguleyos?
¿Funcionará la plataforma del SEA, o tendría más éxito una que cuente historias y exhiba en las redes sociales a los corruptos, con datos debidamente sustentados?
¿Las barras y colegios de abogados estarían dispuestas a escuchar a la población en sus quejas contra la bribonería? ¿Y los tribunales, también?
¿Podría crearse una instancia similar a la de Arbitraje Médico?
Hay un clamor generalizado que coincide en una pregunta suplicante: ¿Alguien, alguien podría defendernos de los que dicen defendernos?
Porque quizá una de las mayores expresiones de corrupción es la de la prevaricación, que de alguna manera se ha institucionalizado. Dejémoslo el tema para una próxima.
