- Se enfrentaron acremente legisladores del PRI-PVEM y PAN por las cuentas públicas del Gobierno del Estado y el municipio de la capital
- Los diputados convirtieron la Tribuna Legislativa en una arena al lanzarse mutuamente descalificaciones de todo tipo
- El presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Méndez Noriega, pasó apuros para mantener el orden y en varias ocasiones la sesión se convirtió en un zoco
- Finalmente, por mayoría las fracciones parlamentarias PRI-PVEM, de la mano del Panal y MC, aprobaron las cuentas públicas 2013 del Gobierno del Estado y de la Presidencia Municipal
Carlos Romo Medina
Aguascalientes, Ags, 26 de noviembre 2014.- (aguzados.com).- El reloj marcaba las 11 horas en la fría mañana de noviembre, que con el paso de las horas elevaría su temperatura política.
El largo orden del día preveía una larga sesión plenaria. Y por los temas, era de esperarse que el debate sería intenso y la manzana de la discordia serían indudablemente la aprobación de las Cuentas Públicas del 2013 del Gobierno del Estado y de la Presidencia Municipal; más nunca nadie se pudo imaginar que sería de bajo calado. De ínfimo nivel en su forma y de manejo político de altura ausente, salvo contados destellos de sobriedad.
Y en el pecado, los legisladores llevaron la penitencia al mostrarse, salvo algunas excepciones, con la carencia de argumentos serios, razonables, sólidos. Se evidenció la sangre caliente de los antepasados. Salió a flote el apasionamiento político más radical y dogmático.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Eduardo Rocha Álvarez, dio a conocer el dictamen de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013. Las caras largas de los legisladores panistas expresaron malestar, con dosis de incredulidad.
Al hacer uso de la palabra el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Oswaldo Rodríguez García, comenzaría matizando su discurso y reconociendo “la fructífera labor de la Comisión de Vigilancia y del propio Órgano Superior de Fiscalización, por la titánica labor para efectuar las revisiones de las cuentas públicas, puntualizar los gastos no muy claros y pedir que sean solventadas”.
De inmediato, Rodríguez García aclaró enfático que “no estoy a favor de la malversación de fondos por parte de funcionarios o que se les permita actuar con alevosía y hacer mal uso de recursos públicos, por el contrario, estaré votando los dictámenes en espera de que se aclaren las observaciones, o de lo contrario seré el primero en exigir que se cumpla con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sean castigados conforme a derecho a quien se demuestre que hizo mal uso de los dineros entregados para trabajar a favor de la población”.
Accedería a la tribuna el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien de entrada advirtió que el esquema de fiscalización “debe cambiar si no queremos seguir arrastrando los mismos vicios, o incluso aumentarlos”.
Recriminó al Órgano Superior de Fiscalización (OSF) que le brinde mayor importancia a la fiscalización de los recursos federales que a los del estado.
Mostró su extrañeza de que en este ejercicio fiscal del 2013 se haya fiscalizado menos del 8 por ciento de los recursos estatales, cuando en la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2012 se auditó casi el 19 por ciento y que 16 secretarías sólo se hayan fiscalizado a cuatro de ellas, por lo que reprochó que el ejercicio de fiscalización haya estado incompleto.
Intentó explicar ese reproche al mencionar que el Unidad de Seguimiento y Evaluación del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) carece de un titular, por lo que su funcionamiento está “incompleto”.
Escobedo Tejada evocó las irregularidades señaladas en ejercicios anteriores, y se preguntó: “¿cuánto se ha resarcido?”, para responderse de inmediato: “nada, eso es lo que fomenta la impunidad”.
Aprobaciones por mayoría
Durante el intercambio de fuego verbal en el debate, algunos legisladores coincidieron en señalar inconsistencias en el proceso de recepción y revisión de las auditorías; otros representantes populares manifestaron que darán el seguimiento oportuno al proceso resarcitorio.
Eso sí, en la maratónica sesión los diputados aprobaron por mayoría los dictámenes que emitió la Comisión de Vigilancia en los que se declaran como revisadas las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2013 de Gobierno del Estado, de los 11 Ayuntamientos, así como de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Quedó claro que las entidades que fueron observadas están obligados a solventar cada una de ellas ante los órganos de control respectivos, en un plazo de 30 días hábiles a partir de la notificación que emita el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, una vez que los resultados sean publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Las entidades auditadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado fueron 15 dependencias del Ejecutivo Estatal, quedando con las siguiente cantidad de observaciones por solventar: IEA, 36; CEPTEA, 6; INEPJA, 7; SEJUVA, 15; SICOM, 58; SEFI, 11; ICTEA, 17; SEBIDESO, 6; INAGUA, 37; ICA, 9; FICOTRECE, 15; PROESPA, 2; DIF, 4; UTNA, 10; ISSEA, 7; entes que tendrán que resarcir o comprobar en su conjunto un total de 61 millones 935 mil 102 pesos.
En cuanto a la revisión de los once Ayuntamientos los cuales tienen la obligación de solventar un total de 849 observaciones por resolver y un monto total a resarcir o comprobar su erogación por más de 80 millones de pesos.
Sobre la fiscalización a organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), se emitió el siguiente resultado: la CEDH tendrá que solventar 2 observaciones, comprobar y/o resarcir un monto de 977 mil pesos; por su parte, la UAA tiene la obligación de solucionar 31 observaciones y regresar o comprobar, la cantidad de 8 mil pesos.
El dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la revisión de la Cuenta Pública de Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2013, fue aprobado por mayoría con 18 votos a favor, una abstención y 8 en contra.
Los motivos y los rebotes
El legislador perredista Cuauhtémoc Escobedo Tejada subió a tribuna para explicar el porqué de su voto en contra del dictamen sometido a la consideración de los legisladores, acusando que carece de información y “esconde datos” relativos a la lista de anomalías e irregularidades no solventadas por los entes fiscalizados y planteó que el esquema de participación del Congreso del Estado en ese ámbito de revisión debe cambiar.
Además cuestionó que solo se fiscalizara el 7.66 por ciento de los recursos públicos ejercidos en 2013 y de éstos el 96.59 por ciento sean de procedencia federal cuando para eso está la Auditoría Superior de Fiscalización.
Lamentó que este porcentaje haya sido inferior al del año pasado cuando se auditó el 19.6 por ciento del presupuesto y también que de las 16 secretarías del gobierno estatal solamente se fiscalizaron 4, que falta la Unidad de Evaluación y Control del OSF y porque éste no ha iniciado los procedimientos que le corresponde hacer a los entes fiscalizados y cerró cuestionando cuánto se ha resarcido de años anteriores, “ni un peso”, dijo hay impunidad y el PRD se niega a colaborar en un proceso que, según dijo, acarrea vicios de origen y que fomenta impunidad y corrupción.
Subió a la tribuna con estrategia defensiva el presidente de la Comisión de Vigilancia, Eduardo Rocha Álvarez, quien argumentó que las muestras que estuvieron sujetas a fiscalización en cada dependencia, “fueron muy representativas, el INEPJA fue auditado el 80 por ciento de los recursos que ejerció, y el DIF en más del 91 por ciento”.
Advirtió el presidente de la Comisión de Vigilancia que las revisiones “de ninguna manera eximen de responsabilidad a los entes auditados, por el contrario, tendrán que responder ante los órganos de control, solventar sus observaciones resarcir y/o comprobar las cantidades señaladas”.
Los ánimos comenzaron a caldearse cuando la panista legisladora, Martha Márquez Alvarado, recordó que desde hace catorce años el PAN ha luchado por una ley de transparencia que hoy se ve materializado en el IFAI, sin embargo argumentó que “no se escucharon” los comentarios de la Comisión de Vigilancia.
Con tono elevado de voz, Márquez Alvarado cuestionó “el cómo” se aprobó un dictamen que carece de la información suficiente y que no se dio a conocer en tiempo y forma. Exigió en tono imperativo que se revisen las cuentas públicas por parte de un ente externo pues acusó al Órgano Superior de Fiscalización de “no tener credibilidad”.
El berrinche y el video
Sin más, Martha Márquez solicitó a los servicios generales del Congreso que exhibieran un video para demostrar al pleno a un funcionario de la Secretaría de Fiscalización del Estado que “está de visita” en las instalaciones del Órgano Superior de Fiscalización, observándose que dicho funcionario es el padre del presidente de la Comisión de Vigilancia, Eduardo Rocha Álvarez, por lo que prácticamente a gritos la panista le solicitó al diputado Eduardo Rocha Álvarez una explicación de la presencia de su padre en las instalaciones del órgano fiscalizador.
Cuando comenzó a “correr”el video, los diputados de la bancada del PRI-PVEM exigieron que se cancelara su exhibición. Después de haber transcurrido menos de un minuto, el video fue retirado de las pantallas del Salón de Sesiones. Furiosa, la diputada Márquez Alvarado le exigió a gritos al presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Méndez Noriega, que lo volvieran a exhibir.
Méndez Noriega le advirtió que sería dentro de su tiempo a utilizar en la Tribuna. Márquez Alvarado accedió, Méndez Noriega ordenó a la Secretaría General del Congreso que lo volvieran a transmitir, y en menos de otro minuto, el video fue retirado de las pantallas.
La respuesta
Después del escándalo que ocasionó la transmisión y no transmisión del video, subió a la tribuna el diputado del PRI, Luis Fernando Muñoz López, quien le reviró a Martha Márquez al afirmar que la transparencia, la honestidad y la pulcritud, -principios que aludió su antecesora en tribuna-, se deben de demostrar con números, “y a las pruebas nos remitimos. Somos los primeros en defender esos valores que se mencionan en esta tribuna, aquí no se defiende a quienes hacen mal uso de los recursos públicos”.
Muñoz López alertó que no es válido que se trate de confundir a la ciudadanía intentando “hacer pasar a los gobiernos actuales como ladrones, cuando no es así, tras recordar el actuar de la administración estatal anterior, que fue observada y señalada con cantidades de dos dígitos y esos recursos ni siquiera se sabía dónde quedaron, siendo vergonzante para la sociedad”, haciendo referencia al caso del tomógrafo que aún se encuentra “desaparecido”.
La legisladora del Partido Nueva Alianza Juana Alicia Espinosa de los Monteros, lamentó el desconocimiento que se ha expresado en la discusión de este asunto, pues dijo que ya visualizaba ánimos de confundir y viciar este proceso de revisión; El trabajo, una vez que llegaron las auditorías, fue arduo y consta en actas que la representación del PAN de manera conjunta con los demás integrantes de la Comisión de Vigilancia, votó a favor de los dictámenes, señaló.
Espinosa de los Monteros expresó su extrañeza por la diputada que objeta las revisiones de los dictámenes, porque de manera constante confunde conceptos y pareciera que no lee con anterioridad sus discursos respecto al tema, ya que titubea constantemente en la exposición de su posicionamiento.
Por su parte, el representante popular del PVEM Gilberto Gutiérrez Gutiérrez dijo que fueron semanas de análisis y revisión, “y se nos dio un tiempo considerable a cada diputado para emitir las observaciones correspondientes”. Sostuvo que la diputada quien de manera constantemente objeta el trabajo de la Comisión de Vigilancia, queda evidenciada porque “no hizo lo que dijo que hizo, pues las observaciones que la representante popular remitió, quienes no tenemos el perfil profesional, sí las formulamos con prontitud y puntualidad”.
Gutiérrez Gutiérrez afirmó que el trabajo fue el correcto, tras ratificar que “no estamos tapando a nadie, porque sólo se está aprobando la revisión de las cuentas públicas y será responsabilidad de cada órgano de control ejecutar el proceso resarcitorio”
Sobre el planteamiento de la diputada Martha Márquez Alvarado, al legislador Luis Fernando Muñoz López le fue conferido por el pleno el uso de la palabra para pedir que independientemente del fragor del debate, el único principio por el cual no se puede estar encima de la ley y explicó que es facultad exclusiva de los congresos la revisión de las cuentas públicas conferida por la Constitución Política local. Se manifestó en contra de votar a favor que un ente externo pueda hacer una revisión de las cuentas públicas, pero antes es necesario que se reforme para que, si es necesario, puedan venir los entes externos que sean necesarios para revisar las cuentas públicas pero sin dejar esa mácula del debate asentado en actas, por lo que solicitó a la diputada Márquez retirar la propuesta.
En su oportunidad, el diputado del PRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada se unió a la moción de su antecesor sabiendo que la ley no permite llamar a auditores externos a hacer una tarea que es del Congreso, pero lo más grave, sostuvo Escobedo, aceptar que así fuera, “sería renunciar a la responsabilidad moral, política, legal y constitucional que tienen los legisladores”. Por ello reiteró su propuesta de crear un mejor modelo de fiscalización en el Estado; pidió también que la diputada Márquez Alvarado retirase la moción de traer un auditor externo. “Hay fundamento legal para que el procedimiento de fiscalización sea mejor y ese debe ser el desafío”.
Márquez Alvarado insistió en citar que la legislatura anterior ya había solicitado la remoción del titular del Órgano Superior de Fiscalización, Arturo Solano López; por lo cual aseveró que la revisión de las cuentas públicas “está en medio de conflictos de intereses particulares porque hay familiares del presidente de la Comisión de Vigilancia inmiscuidos en este proceso”.
Finalmente, la aprobación de la propuesta de la diputada del PAN, quien solicitó se sometiera a la consideración del Pleno para contratar un despacho externo para que realice las auditorías y revisión de las cuentas públicas de 2013, fue rechazada por la mayoría con 2 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones, tras argumentarse que el planteamiento viola la Constitución Política local.
Todo parecía normal
El dictamen relativo al dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue aprobado por la mayoría de los diputados, registrándose 18 votos a favor y 9 en contra.
Asimismo, el dictamen de la Comisión de Vigilancia que contempla la revisión de la Cuenta Pública 2013 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue avalada por mayoría de los diputados con 23 votos a favor y 4 en contra.
Sobre este punto, la diputada Norma Guel Saldívar, integrante de la Comisión de Vigilancia, afirmó que las revisiones de las cuentas públicas se hicieron “bajo un estricto proceso de análisis” y por ello, dijo que la ciudadanía puede confiar en que la aplicación de los recursos y su resarcimiento en los casos que fueron señalados, se hará con estricto apego al marco jurídico.
El dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública 2013 del municipio de Aguascalientes fue avalado por la mayoría de los diputados, registrándose una votación de 18 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
Se desató la camorra
En el debate del dictamen de la Cuenta Pública 2013 del municipio de Aguascalientes, la representante popular del PAN, Sylvia Violeta Garfias Cedillo calificó el trabajo del OSF como “desaseado, opaco y corrupto, pues votar favor de estos dictámenes es avalar la red de corrupción que es evidente”, citó ejemplos de presuntas irregularidades que se registraron durante la gestión de la anterior administración municipal, con el incremento de un 45 por ciento en la expedición de licencias comerciales para la venta de bebidas alcohólicas, además de aumentar el número de antros, sostuvo.
Desde la tribuna, Garfias Cedillo exigió que se abra una investigación en contra de la ex alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, ya que según la diputada, la ex primer edil se benefició de su puesto de elección popular para aumentar sus recursos propios que además de crecer en sus negocios familiares “está construyendo una casa blanca en el fraccionamiento La Herradura”.
A su vez, el diputado del PRI Luis Fernando Muñoz López calificó de reprobable que se caiga en la “dialéctica vulgar, es un acto vulgar de frivolización del debate, es un acto más de irresponsabilidad pues el Partido Acción Nacional desde el gobierno municipal ha ensuciado y entorpecido la gestión de mudanza una ambulancia”, además de sacrificar una función tan noble e importante como lo es la protección civil, del ciudadano, cuando el actual alcalde “despidió a un cuerpo de bomberos y después se vio en dificultades para sofocar un incendio”.
El legislador priista negó que en el trienio de Lorena Martínez el número de licencias haya incrementado, por el contrario, señaló que los gobiernos panistas dejaron un desorden en ese rubro, tras señalar que la última administración panista que encabezó Martín Orozco, su cuenta pública fue señalada en auditorías la observación por más de 111 millones de pesos, cantidad que aún no ha solventado, dijo.
Martha Márquez se declaró a favor de la legislación y se mostró de acuerdo con que se diga que cualquier funcionario incurrió en faltas, incluyendo a los de sus funcionarios. Refirió que tiene pruebas de que la entonces presidenta municipal hizo campaña en el distrito XV del que ella fue candidata y se avergonzó de la defensa realizada por el diputado Muñoz López a la familia de Lorena Martínez Rodríguez.
El diputado Enrique Juárez Ramírez dirigió su participación a miles de familias beneficiadas por el gobierno municipal del 2011 al 2013 y se manifestó un orgulloso participante de la administración que encabezó Lorena Martínez Rodríguez. Justificó su participación para decir que las obras de ese gobierno sí ejerció el presupuesto de manera correcta y concluyó la obras públicas, mismas que ahora están ya pintadas de azul y con los logotipos de administraciones panistas.
Posteriormente, la diputada Anayeli Muñoz Moreno recordó que ya llevan un año y el mismo ha servido para saber quiénes son cada uno de los integrantes de esta legislatura, sobre todo quienes usan la tribuna para mentir y recurrir a la diatriba. Comparó que la administración municipal pasada fue contundente y más si se compara con la actual. Respecto a las observaciones hechas al gobierno que encabezó Lorena Martínez y del cual ella formó parte, pero es más lamentable que ahora se cuenten con funcionarios de la anterior administración estatal cumpliendo condenas contra otros que pasaron impunes y lograron evadir la justicia.
En su oportunidad, el diputado del PVEM Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, dijo que todas las descalificaciones hacia la administración de Lorena Martínez no tienen sustento, pues en la revisión de la cuenta apenas alcanza una observación por un .29 por ciento de cerca de 3 mil millones de pesos que se ejercieron. Ninguna observación se refiere a desvíos de recursos, afirmó.
De igual forma, el legislador del Partido Verde, reiteró que no existen argumentos válidos para denostar la gestión de la ex alcaldesa, pues su administración, aseguró, ha sido la más transparente. También recordó que la última administración panista fue señalada por no solventar más de 100 millones de pesos, lo que refleja la opacidad y corrupción con la que se condujo ese presidente municipal.
Las alusiones personales
Por alusiones personales solicitó el uso de la palabra la diputada del PAN Sylvia Garfias Cedillo, quien dijo que sus homólogos no aclararon en tribuna sobre las presuntas irregularidades en las que incurrió la administración municipal anterior en la construcción de la Línea Verde, luego de que la Secretaría Estatal de Medio Ambiente hiciera observaciones en su momento hacia ese proyecto.
Mientras intentaba hablar la legisladora panista, la diputada del Partido verde, Anayeli Muñoz Moreno, le interrumpió en varias ocasiones. Molesta por esas intervenciones, Garfias Cedillo le reclamó al presidente de la Mesa Directiva, Méndez Noriega, por las participaciones espontáneas. Las llamó al orden y el intercambio verbal siguió con toda intensidad. Garfias Cedillo exclamó reiteradamente: “la vocera sigue siendo la vocera y el palero sigue siendo el palero”, en alusiones a Muñoz Moreno y Gutiérrez Gutiérrez, respectivamente. Anayeli Muñoz Moreno, empleando el mismo tono de mofa, le respondió “la mentirosa sigue siendo la mentirosa”.
Aprobaciones a granel
La revisión de la cuenta pública del municipio de Asientos fue avalada por mayoría de los diputados, tras registrarse 18 votos a favor y 9 en contra.
En cuanto al dictamen que contiene la revisión de la Cuenta Pública 2013 del municipio de Calvillo, fue avalado por la mayoría del Pleno con 20 votos a favor y 7 en contra.
Sobre el particular, el diputado del PRD Marco Arturo Delgado Martín del Campo manifestó en tribuna su voto en contra del dictamen, al señalar algunas inconsistencias que se presentaron en el proceso de auditoría y dijo que “espero que de verdad se resarzan los recursos que en el documento se especifican”.
El dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del municipio de Cosío, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, se avaló con 18 votos a favor por 8 en contra, y una abstención.
Durante el apartado de debate para este punto del orden del día, la diputada del PAN, Martha Márquez Alvarado aseveró que no se puede dar legitimidad a lo ilegal, refiriéndose a la serie de irregularidades que según la representante popular quedaron plasmadas en la auditoría del Ayuntamiento de Cosío.
El dictamen de la Comisión de Vigilancia relativo al informe de la auditoría hecha a la Cuenta Pública de 2013 del municipio de El Llano fue avalado por la mayoría, registrándose 18 votos a favor y 9 en contra.
Respecto al dictamen de la Comisión de Vigilancia que contempla la revisión de la Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2013 del municipio de Jesús María, fue aprobado por la mayoría de los diputados registrándose 18 votos a favor y 9 expresaron su negativa.
Durante el debate sobre este punto en particular, el diputado del PAN, Adolfo Suárez Ramírez, acusó que la administración anterior de aquella demarcación se caracterizó por ausencia de la decisión del ex alcalde Martín Chávez para dar solución, por ejemplo, a la cobertura básica de servicios públicos; además de que ese gobierno estuvo plagado de excesos, de un derroche irresponsable de recursos públicos y una opacidad total en el manejo de los dineros, todo esto en perjuicio directo a los habitantes de la municipalidad vecina de la ciudad capital, sostuvo.
En su oportunidad, la legisladora del Partido Acción Nacional Martha Márquez Alvarado, insistió que prevalece la sospecha sobre el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes porque aseguró que además de que en las auditorías se omitieron algunos procedimientos técnicos que impiden obtener resultados confiables; cuestionó la opacidad con la que se condujo la administración anterior al no esclarecerse diversas irregularidades.
Por su parte, el diputado de Acción Nacional, Mario Álvarez Michaus afirmó que los ciudadanos de Jesús María ya dieron su veredicto en torno al actuar del ex alcalde Chávez del Bosque, al decir que “no querían más ser gobernados por el Revolucionario Institucional. También reiteró la negligencia con la que el anterior gobierno se desempeñó en materia de cobertura de los servicios públicos. El representante popular panista señaló que en dicha administración se registraron diversas erogaciones sin una justificación clara.
El dictamen de la Comisión de Vigilancia relativo a la revisión de la Cuenta Pública de 2013 del municipio de Pabellón de Arteaga, fue avalado por la mayoría de los diputados con 18 votos por el sí, contrario a 8 que sufragaron por el no.
En este punto, el diputado Cuauhtémoc Escobedo denunció un asunto derivado de un intercambio de terrenos propiedad pública por vehículos que ahora están en calidad de chatarra que detectó el Órgano Superior de Fiscalización en el municipio de Pabellón, por lo que pidió a los diputados que voten en contra de la cuenta pública correspondiente a este municipio.
Sobre el dictamen de la cuenta pública de Rincón de Romos correspondiente al ejercicio fiscal 2013, se levantó una votación de 19 por la afirmativa y 7 representante populares expresaron su negativa.
A este respecto, la diputada Martha Márquez Alvarado, señaló que en esa revisión se registraron diversas irregularidades en el concepto de préstamos, la inequívoca desincorporación de ocho Ipads ya que no aclararon el destino de esos bienes, por lo que exigió el resarcimiento de ese daño al erario.
En cuanto al dictamen de la Cuenta Pública 2013 del municipio de San Francisco de los Romos, se avaló por mayoría con 18 votos a favor y 8 en contra.
El dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la Cuenta Pública del Ayuntamiento de San José de Gracia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, fue avalado por la mayoría de los diputados, tras registrarse una votación de 18 sufragios a favor y 8 en contra.
Respecto al dictamen que contempla la revisión de la Cuenta Pública de 2013 del municipio de Tepezalá, este fue aprobado por la mayoría de los legisladores registrándose una votación de 18 a por el sí y 8 manifestaron su negativa.
Colofón de oro
Entre los gritos y el desorden originado en la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Méndez Noriega, en lugar de decir tiene el uso de la palabra, expresó: “tiene el uso de la patada”. Por su parte, en el fragor del intercambio verbal, el diputado priista, Enrique Juárez Ramírez dijo “alecuación”, en lugar de alocución.
Lindo día de batalla campal por los dineros públicos le regalaron sus representantes populares a la ciudadanía aguascalentense.
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