Ciudad de México, 23 de marzo 2016.- (aguzados.com).- Fernando Herrera Ávila, coordinador de los senadores panistas, indicó que los legisladores de Acción Nacional pidieron al Ejecutivo federal garantizar que se investiguen y castiguen las agresiones de las que han sido objeto diversos defensores de derechos humanos en el país.
El senador blanquiazul manifestó que se exhortó a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementar medidas de prevención y de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y hombres que defienden las garantías individuales.
En ese sentido, expresó “el estado de indefensión en el que se encuentran los defensores de los derechos humanos se recrudece en países como el nuestro, donde muchos de ellos tienen que enfrentar la difícil tarea de confrontar a estructuras de poder arraigadas y encumbradas en redes de impunidad, y que tienen como modo de operar el hostigamiento y la agresión hacia aquellas personas o colectivos que se oponen a sus intereses”.
El representante popular señaló que de acuerdo con cifras de organizaciones de la sociedad civil, del 1 de junio de 2012 al 1 de mayo del 2015 se reportaron por lo menos 918 casos de violaciones de los derechos humanos contra personas defensoras y periodistas en México. Tan sólo del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, se registraron 248 casos en contra de personas en lo individual, 47 contra organizaciones y 35 en contra de comunidades.
De igual manera, agregó que derivado del alto número de agresiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al gobierno la aplicación de medidas cautelares en 11 casos, mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve medidas de este tipo.
El legislador por Aguascalientes recordó que en el último informe de la CIDH sobre la Situación de derechos humanos en México se constata que las defensoras y defensores continúan siendo objeto de graves situaciones que amenazan sus derechos. Sin embargo, la postura del gobierno mexicano frente a dicho informe fue la descalificación por no reflejar la situación real del país.
“Esta situación vuelve a demostrar que no existe una disposición de las autoridades mexicanas competentes para reconocer la gravedad de la situación en la que vivimos en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Por tales razones, desde el Senado de la República, es indispensable establecer límites a la postura poco deseable del gobierno ante el Informe de la CIDH, pues más allá de tomar partido por una u otra versión, se debe reconocer la situación de gravedad que enfrentan los defensores para realizar su trabajo y exigir a las autoridades competentes, como es el caso de la Secretaría de Gobernación, conducirse con firmeza para atender estas recomendaciones, y no así evadirlas o descalificarlas”, apuntó el coordinador de la fracción panista en la Cámara Alta.
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