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Promete Camarillo que se acotarán fraudes en Cajas y Sociedades de Ahorro

  • Según el panista, con las reformas a la Ley de Crédito y Ahorro Popular, la CNBV será responsable de regularlas, “salvaguardando el capital de los ahorradores”
  • Aumentarán los castigos a defraudadores y funcionarios públicos cuya actuación facilite la comisión de fraudes a ahorradores, asegura el diputado federal

camarillo26abr15Aguascalientes, Ags, 26 de abril 2015.- (aguzados.com).- Con las recientes reformas a la ley de Crédito y Ahorro Popular, “se avanza con pasos firmes y certeros” para evitar fraudes como el de la Sociedad Financiera Popular (Ficrea), al establecer mecanismos más claros y efectivos de protección al ahorro, aseguró el diputado panista Rubén Camarillo Ortega.

Indicó que su voto a favor de estas modificaciones está sustentado porque “estamos convencidos” de que es necesario tener controles más serios en la materia, a fin de prevenir que sigan ocurriendo fraudes en cajas de ahorro, como ocurre en la mayoría de las entidades del país. Ahora será la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la que regule y supervise la operación de estas instituciones.

Explicó que esta reforma establecerá límites al ahorro para que evitar que más mexicanos pierdan su dinero en cajas populares o Sociedades Financieras Populares (Sofipos). “Con estos cambios a la ley estamos creando instrumentos para terminar con los abusos y fraudes de los que son víctimas las familias mexicanas” apuntó el diputado quien dijo que en estos momentos esta ley está en la Cámara de Senadores en espera de ser ya aprobada.

Indicó que hasta antes de las reformas aprobadas, las sociedades financieras y las cajas populares tenían escasa regulación y poca supervisión, eran prácticamente autorreguladas, ahora, se fortalecen las facultades de las autoridades financieras y hacendarias, y se establecen con mayor claridad las sanciones que se impondrán tanto a los empresarios que delinquen en el sector, como a los funcionarios públicos que comentan irregularidades.

Con la Ley de Crédito y Ahorro Popular también se aumentará el monto de las multas, se incorporará a los accionistas como sujetos delictivos, aumentará el catálogo de delitos y se tipificará como tal cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se niegue a entregar información, todos estos cambios obligarán a estas entidades de ahorre y crédito a mantener rigurosos sistemas de administración incuso gobiernos corporativos, que deberán atender, por ley, mecanismos de control para la detección oportuna de cualquier irregularidad que pueda poner en riesgo el patrimonio de los ahorradores.

Camarillo Ortega explicó con los cambios a la ley se creará un fondo que será administrado por Nacional Financiera (Nafin), cuya finalidad es la de operar la recuperación de los ahorros de los afiliados a Ficrea con lo que se aumenta hasta un millón de pesos el monto de la recuperación para los ahorradores.

Por otro lado el seguro para los ahorradores de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), esquema pre existente a la reforma, cubre a aquellas personas con ahorros de hasta 132 mil pesos, de tal modo que el 40 por ciento de los defraudados por Ficrea, que son los más vulnerables, están amparados con dicho seguro.

Finalmente reiteró su postura respecto de la aplicación de la justicia para los responsables del fraude de Ficrea, quienes deberán ser tratados con todo el peso de la ley. Queremos que sirvan de ejemplo para quienes hoy manejen dinero de ahorradores para que no abusen de la confianza de sus clientes, que en la gran mayoría de ellos son personas que depositan la totalidad de su patrimonio en aras de obtener legítimamente utilidades.

Con los cambios a la regulación de este tipo de instituciones, las sanciones van de dos a 15 años de prisión y multas de dos mil a 350 mil días de salarios mínimo, ante irregularidades realizadas por los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Para los servidores públicos encargados de su regulación, las sanciones aumentan en un cincuenta por ciento, informó el diputado.

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