- Se evitó un fiscal carnal pero se perdió ante el autoritarismo por la LSI, dijo
- El camino mayoría estable en torno a la coalición Por México al Frente, indicó
Ciudad de México.- 17 de diciembre de 2017.- (aguzados.com).- Los oídos sordos del gobierno ante las peticiones de la ONU y decenas de académicos y comisiones de derechos humanos, en el caso de la Ley de Seguridad Interior (LSI), demuestran la necesidad de convertir la fuerza de la sociedad en una mayoría legislativa.
Así lo afirmó el senador aguascalentense Fernando Herrera Ávila al evaluar el periodo de sesiones que concluyó el viernes pasado.
Dijo que: “por un lado la sociedad ganó al impedir el nombramiento de un fiscal carnal, pero por otro perdió ante el gobierno en el caso de la LSI”, refirió.
El coordinador de los senadores panistas subrayó que ya no habrá fiscal carnal gracias a organizaciones de la sociedad civil y a la resistencia parlamentaria del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que impidieron que prosperara la pretensión oficial de garantizar para sí 9 años más de impunidad.
Sin embargo, reconoció que no fue posible frenar la LSI a pesar de la protesta de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, rectores universitarios y organizaciones estatales de derechos humanos, “porque no hay una mayoría legislativa que represente toda esa fuerza social”, dijo.
Es necesario que esa fuerza social se convierta en una mayoría parlamentaria en el Congreso para respaldar las demandas sociales e impedir los actos de autoritarismo, como la LSI, agregó Herrera Ávila.
Dijo que desde hace 30 años ningún partido cuenta con mayoría en las cámaras, lo cual ha paralizado y debilitado al Congreso.
Añadió que: “llegó la hora de lograr una mayoría estable en torno a la coalición Por México al Frente, para transformar al país”, señaló.
Recordó que en agosto pasado la Comisión Permanente del PAN advirtió el riesgo de que en el periodo ordinario que iniciaría en septiembre, con mayoría simple, el PRI hiciera efectivo el transitorio del artículo 102 constitucional para imponer a Raúl Cervantes como fiscal general.
Agregó que el mandato a los grupos parlamentarios fue unánime y categórico: evitar a toda costa que el PRI cumpliera tal consigna y exigir que quien encabece dicha posición fuera una persona sin militancia partidista y que garantizara eficiencia, autonomía e independencia.
Señaló que: “a pesar de las amenazas e intimidaciones, no dimos un paso atrás y si no se instaló en tiempo la mesa directiva de la Cámara de Diputados fue porque el PAN, PRD y MC hicieron causa común con cientos de organizaciones sociales para evitar la tentación de impulsar un fiscal carnal”.
Herrera Ávila dijo que la aprobación del cambio al artículo 16 transitorio de la reforma político-electoral de 2014, es sin duda un avance que no agota el proceso con miras a una reforma de fondo al modelo de procuración de justicia y específicamente el de la fiscalía.
Aclaró que no es suficiente haber dejado sin efecto el pase automático, porque está vigente la demanda de una fiscalía general confiable que sirva al país y sobre ello, existen iniciativas de la sociedad civil y de legisladores que deberán revisarse a la brevedad.
Por ejemplo, consideró necesario transitar en reformas constitucionales a los artículos 102, para dotar de autonomía a la fiscalía, definir el perfil de su titular, recursos y atribuciones, así como al 116 a fin de fortalecer la autonomía de los órganos de procuración de justicia de los estados.
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